El sábado 21, Eduardo salió de su casa para realizar un ensayo con el grupo sikuri Sartaniani en la que llaman oficialmente Plaza de los Virreyes. Después de este ensayo, en el que no sólo participaba artísticamente sino desde sus convicciones y reivindicación de la ascendencia quechua-aymara, cerca de las dos y media de la madrugada del domingo 22 de abril de 2007 tomó un colectivo de la línea 76 para volver a su casa, pero el recorrido fue interrumpido.

Tras discusiones con el chofer, el colectivo cambió su recorrido y se dirigió hacia la comisaría 36. Para justificar su accionar, la policía le imputó a Eduardo las causas de robo y asalto a mano armada, privación de la libertad hacia el chofer, disparo de armas de fuego, resistencia a la autoridad y lesiones.

De todas estas causas la única que se podría imputar es la última, ya que ante la actitud hostil del conductor del colectivo, Eduardo reaccionó dándole algunos golpes de puño. Lo injustificable es que como consecuencia de un delito menor, cometido por la provocación del chofer, terminara muerto por dos disparos realizados por la policía.

En el afán de justificar, todo vale, ¿por qué no agregar que además disparó, si de todas maneras Eduardo ya no tenía ninguna posibilidad de contar la verdad? Por otra parte, como es de estilo en todos los casos en los que la policía necesita alegar enfrentamientos para ocultar casos de “gatillo fácil”, no hay indicios de impactos de los “supuestos” disparos que realizó Eduardo.

No conformes con haber intentado una justificación imputando supuestos delitos a la víctima, recurrieron también a mecanismos de ocultamiento y negación de información a la familia, típicos del accionar policial cuando estamos frente a casos como este.

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