Este miércoles al cumplirse ocho días de la huelga de hambre emprendida por los referentes de Quebracho, Esteche y Lescano, se realizó en las puertas de la Catedral Metropolitana un ayuno solidario. Dirigentes de diferentes organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se hicieron presentes en reclamo de la libertad de los presos políticos.

Lucia Consiglia integrante de la organización informo que Lescano y Esteche se encuentran de buen ánimo y decididos a continuar hasta las ultimas consecuencias. “Esta medida que han tenido que tomar es una medida extrema y dolorosa, particularmente para su familia pero es una medida que se han obligados a tomar sobre todo porque en este país la justicia no es ni para lo pobres ni para los luchadores. Sino que es una herramienta utilizada muy arbitrariamente por el régimen. A nuestros compañeros se los acusa de ser responsables ideológicos del escrache al local de Sobisch que si es responsable político de un asesinato no de unos vidrios rotos. Sobisch no sólo sigue gobernando Neuquen, no solo sigue candidateandose a presidente sino que sobre él no pesa ninguna causa judicial.”

Con referencia a la causa Lucia explicó que se terminaron con todas las instancias de apelación. “los distintos foros judiciales resolvieron dijeron y reafirmaron que esta bien mantenerlos presos por ser dirigentes y referentes de una organización política opositora. Entonces no queda otra que dar este tipo de pelas que ya no son judiciales sino políticas que sirven para desnudar la brutalidad de este régimen que persigue y encarcela arbitrariamente a los luchadores.”

Desde el 21 de agosto Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano se encuentran en huelga de hambre en reclamo de su liberación. Hace cinco meses, que los referentes del MPR Quebracho, se encuentran detenidos luego de que se realizara una escrache al local partidario que el gobernador de Neuquen, Jorge Sobisch tiene en la zona de Constitución. El motivo de este repudio se origino luego de conocida la muerte del maestro Fuentealba, quien fuera herido gravemente por la policía, mientras se manifestaban junto a otros docentes en reclamo de mejoras saláriales.

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El lunes 27 de agosto a las 10 de la mañana personas encapuchadas secuestraron a la hija del dirigente social Carlos "el perro" Santillán, Victoria, de su domicilio del barrio Cuyaya, junto a una compañera del colegio que se encontraba en la casa.

Luego de revolver toda la casa a punta de pistola, Victoria, de 12 años, y su amiga, fueron sacadas de la casa, introducidas en un auto, vendadas y llevadas fuera de la ciudad. Luego de agredirlas las abandonaron en un paraje en la localidad de Juan Galán, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, donde funcionó el centro clandestino de detención más importante de la provincia durante la última dictadura militar.

El "Perro" Santillán declaró que durante el secuestro "uno de ellos las amenazó con una pistola y les dijo que si contaban algo de esto iban a ser boleta, tras lo cual frenó el vehículo y las empujó". Dirigentes de la Corriente del Pueblo de Jujuy resaltaron que “las fuerzas represivas están vigentes como en el pasado. El viernes pasado la policía provincial persiguió, reprimió y detuvo a dirigentes de base de la corriente. Los persiguieron como en una cacería feroz y hasta se metieron en las casas de los compañeros”, en relación a los hechos del 24 de agosto pasado.

Santillán, quien actualmente se desempeña en la comisión de Derechos Humanos de la municipalidad de San Salvador de Jujuy e integra la agrupación "Avelino Bazán", exigió a las autoridades provinciales y nacionales que el hecho se esclarezca, que los responsables sean individualizados, y que se haga justicia. En esa oportunidad dijo que "no vamos a entrar en el juego de nadie, nos quieren hacer matar pobres contra pobres", y que "vamos a exigir junto a mi familia que aparezcan los responsables".

La Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de Jujuy convoca a una marcha hoy miércoles 29 de agosto en repudio a la escalada represiva.

Más información:

• Comunicado de la Comisión DD.HH Unju
• Artículo periodístico de la Comisión de DDHH de la Capital (Jujuy)
• Boletín de la agencia de comunicación "Rodolfo Walsh"

Desde el 21 de agosto, Fernando Esteche y Raúl Lescano integrantes del movimiento Quebracho se encuentran en huelga de hambre en el penal de Ezeiza. Ambos fueron detenidos, el 5 de abril pasado, luego de realizar un escrache en la sede partidaria que Jorge Sobisch tiene en Capital Federal, posteriormente de conocida la noticia de la muerte del maestro Carlos Fuentealba.

Los militantes Esteche y Lescano deberán esperar el juicio oral encarcelados por decisión de la Cámara Federal que confirmo la prisión preventiva dictada en su contra por el juez Ariel Lijo, bajo los cargos de “incendio con daño y atentando a la autoridad”. La resolución emitida por la sala II del tribunal de apelaciones confirmó, además, 14 procesamientos en total.

La huelga de hambre en reclamo de su liberación consiste en no ingerir ningún tipo de alimento sólido, y en el caso de los líquidos, únicamente agua, té o mate, sin ingerir caldos ni ningún otro tipo de líquido. Según el seguimiento medico realizado por el Servicio Penitenciario, el viernes ultimo, se constato que Fernando Esteche perdió 6 kilos y Raúl Lescano 7 kilos.
Por otra parte, el día sábado fueron trasladados a la cárcel de Ezeiza los tres militantes que quedaron detenidos por orden de la jueza Servini de Cubría luego de la represión ocurrida frente al Cabildo Porteño, cuando distintas organizaciones se movilizaban para recordar a los militantes asesinados en "La masacre de Trelew", el 22 de agosto de 1972 y en contra de la represión a los/as trabajadores/as de Santa Cruz. Ese día, luego de una fuerte represión policial, fueron detenidos 44 integrantes de diferentes organizaciones políticas. Entre ellos menores de edad, incluyendo un bebé de 1 año, arrestado en brazos de su madre. La jueza Servini de Cubría mantuvo incomunicados a 35 militantes durante dos días completos. Posteriormente resolvió indagar a 13 de ellos acusados por delitos como daño calificado, lesiones graves, intimidación pública o amenazas, de los cuales 10 fueron excarcelados.

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