El 27 de enero de 2004 fue asesinada la secretaria general de Ammar Rosario, Sandra Cabrera. Al cumplirse un año del crimen, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales junto a otras organizaciones marcharon en Rosario para exigir justicia y castigo a los responsables, la reestructuración de la policía para acabar con el gatillo fácil, las cajas negras y el abuso, y la derogación de los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de Santa Fe, entre otros reclamos.
Sandra Cabrera era la Secretaria de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) de Rosario. Fue asesinada de un disparo en la nuca el 27 de enero de 2004. Era una férrea militante por los derechos de las trabajadoras sexuales, y denunció activamente las violaciones de todo tipo de derechos llevadas a cabo por las fuerzas policiales. También supo apuntar hacia la inacción e hipocresía del sistema político.
La causa por su asesinato tuvo un solo imputado procesado, Diego Parvluczyk, oficial de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, que fue liberado por falta de mérito el pasado 8 de noviembre por la Cámara Penal. El juez Carlos Carbone fue recusado y la causa pasó al juez Alfredo Ivaldi Artacho. Si no se reúne nueva prueba en contra del policía, en 90 días puede ser definitivamente desvinculado.
El pasado jueves 27, unas 500 personas marcharon por el centro de Rosario convocadas por el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, junto a diversas organizaciones sociales y políticas. El acto de cierre se realizó en la plaza San Martín. Allí Claudia Lucero, actual secretaria general de AMMAR Rosario leyó el documento con las principales demandas de los manifestantes: la formación de una Comisión Investigadora Independiente del asesinato de Sandra Cabrera, de las maniobras de encubrimiento y de las denuncias que Sandra presentó en los dos años previos a su asesinato; la reestructuración de las fuerzas policiales para acabar con el gatillo fácil, las cajas negras y el abuso; y la derogación de los anticonstitucionales artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de Santa Fe.
La secretaria general de AMMAR Argentina, Elena Reynaga, cerró con estas palabras. "Decía una compañera «qué pocos que somos». Tal vez será porque la ciudad de Rosario está perdiendo la memoria. ¿No? Pero tal vez los de enfrente también estarán diciendo qué pocos que son. No importa. Somos pocos, pero con garras muy fuertes, testarudas y testarudos, que vamos a seguir viniendo a Rosario todas las veces que sea necesario para obtener lo que queremos. Que es justicia".
El Código sigue protegiendo la misma moral
Luego del asesinato de Sandra Cabrera, el gobierno provincial disolvió la repartición de Moralidad Pública de la Policía de Santa Fe y anunció la intención oficial de modificar los artículos del Código de Faltas que legalizan el acoso policial a las trabajadoras sexuales. Un año después, Claudia Lucero, en declaraciones a Aire Libre Radio Comunitaria, declaró que "mejoró un poco porque pararon un poco, pero igual la policía sigue coimeando a las compañeras. Nosotros tuvimos hace poco una compañera, que el comando radioeléctrico le pidió plata. Y tuvieron una sorpresa porque esta chica estaba sindicalizada y conocía sus derechos pero hay chicas que no conocen sus derechos y yo creo que ahí la policía puede coimear y maltratarlas, como ha hecho siempre con nosotras".
Los artículos del Código de Faltas de Santa Fe que, pese a los anuncios oficiales, no se han derogado, son el 83 que pena "la ofensa al pudor", el 87, la prostitución "escandalosa" y el 93, el travestismo. La normativa contravencional invoca valores como la moralidad, las buenas costumbres y la decencia, pero no define qué elementos, conductas, prácticas y acciones configuran esos valores. Quienes quedan a cargo de la interpretación son por tanto los efectivos policiales, y su consecuente conducta arbitraria y coercitiva se legaliza con el Código.
Un informe detallado acerca de la inconstitucionalidad de los tres artículos fue preparado por el Comité del Caribe y América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Comité Coordinador del proyecto Rosario, Ciudad de Derechos Humanos, y enviado al ministerio de Gobierno, a los presidentes de la cámaras y de los distintos bloques de la legislatura provincial en marzo de 2004.
Por su parte, el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa, declaró al periódico El Ciudadano que la reforma al Código de Faltas se encuentra "demorada" debido a "opiniones muy encontradas, fundamentalmente de sectores de diputados (provinciales)", respecto del alcance de las modificaciones. Rosúa declaró que las "opiniones diversas sobre el tema son todas respetables". Sin embargo, se reservó el nombre de los legisladores que serían responsables de trabar la reforma.
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