La modalidad de muerte por gatillo fácil es una práctica común de las fuerzas de seguridad. Policías de todos los rangos, jueces, abogados, testigos, peritos, todos participan amparando y legitimando esta forma de control social que se cobra la vida, en su mayoría, jóvenes empobrecidos de entre 15 y 25 años.
A las familias, la justicia les ofrece el camino más largo.

Dos casos llegan a juicio

Rodrigo Corso de 27 años, fue muerto por un balazo disparado por el oficial inspector Cristián Solanas, el 28 de agosto del 2003. Alrededor de las 2:30 un patrullero, donde se encontraba el inspector Cristián Solanas y el sargento Ariel Núñez, comenzó a seguir, por el acceso al puente Santa Rosa de Villa Teseo, Hurlingham; el auto de Rodrigo Corso por realizar una “maniobra sospechosa”. El inspector, sin mediar ninguna señal, disparó dos veces contra el auto, una de las balas atravesó el baúl, los asientos y el corazón de Rodrigo, quien murió en segundos. El inspector y el sargento declararon que desde el auto les tiraron dos veces y por ello el inspector disparo.

El juicio oral por el asesinato se inicio el 12 de febrero, en el tribunal en lo criminal nº 5 de Morón. Durante el juicio se demostró que Rodrigo no poseía ningún arma y que las cuatro ventanillas de su auto estaban cerradas. Que los oficiales habían “plantado” una pistola calibre 22 en el auto y que la misma tenía defectos técnicos por lo cual no podía realizarse más de un disparo.

El 22 de febrero el oficial inspector Cristian Solanas fue condenado a 16 años de prisión y al sargento Ariel Núñez se le abrirá una causa por encubrimiento y falso testimonio.

Más información: Correpi: juicio al gatillo fácil

Martín Quintana de 19 años, fue muerto por un balazo disparado por el policía Enrique Bravo, el 30 de julio de 2004.
Ante la denuncia de un vecino del barrio José Ignacio Díaz, ciudad de Córdoba, de que unos jóvenes molestaban a una señora, un patrullero se hizo presente en el lugar, frente a la casa de Martín. El policía Enrique Bravo amenazo a los jóvenes e ingreso a la casa de donde saco por la fuerza a Martín. En la vereda le disparo en el pecho y luego se dio a la fuga. A los pocos minutos llegó un CAP (comando de acción preventiva) que encontró a Martín agonizando y a su padre pidiendo auxilio. Los policías se negaron a socorrerlo por lo cual el padre subió a Martín a la camioneta y les exigió a los policías que lo lleven al hospital. En el camino Martín murió.

La versión de que fue un disparo accidental fue confirmada por una testigo presencial del hecho, pero según supuestos, la vecina niega haber realizado estas declaraciones. La cámara Tercera, Segunda nominación de la justicia penal de Córdoba, caratulo el crimen como homicidio culposo y posibilito que el policía solo estuviera detenido por 6 meses y luego fuera puesto en libertad.

El 21 de febrero iba a iniciarse el juicio oral por el asesinato de Martín Quintana, pero el mismo fue suspendido a instancia de sus familiares y abogados que se negaron a que fuera un juicio cerrado. El juicio oral y público comenzó el martes 27 de marzo. Durante estos cuatros días la familia Quintana estuvo acompañada por allegados y vecinos que apoyan en reclamo de justicia. Sin embargo el jueves 29, 3 menores y 8 mayores, testigos en la causa; luego de testificar, fueron detenidos en el barrio José Ignacio Díaz, por “averiguación de antecedentes” y trasladados a Encausados donde permanecerán hasta este martes. En este clima de intimidación, el juicio continuara el próximo martes 10 de Abril.

El gatillo fácil para CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) no debe considerarse como un "resabios de la dictadura" ya que "ni las purgas, ni los cursitos políticamente correctos ni el verso del cambio de los planes de estudios, modifica una política de estado. Porque el gatillo fácil no es el accionar de un policía individual, sino una política de control social diseñada por los gobiernos, incluyendo los democráticos".