Otro mes pasó sin que haya datos fehacientes sobre su paradero. Los responsables políticos, materiales e intelectuales continúan libres. Un manto de silencio y olvido se cierne sobre el caso, que ha desaparecido de todos los medios comerciales de comunicación.
En estos último días, además, se han sumado nuevos casos de secuestros: El martes 5 de junio, el hijo de una pareja de militantes de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, de Buenos Aires, fue secuestrado por segunda vez en quince días. El niño tiene ocho años y lo amenazaron de muerte a él y sus cuatro hermanos. Días después, el domingo 10 de junio, la sobreviviente del terrorismo de estado Felisa Marilaf fue secuestrada durante horas en el centro de la ciudad de La Plata.
Estos secuestros se producen en un marco de total impunidad. El asesinato del maestro Carlos Fuentealba sigue sin justicia ni castigo. A 5 años del asesinato de Darío y Maxi llevado a cabo por las fuerzas de seguridad estatales, los responsables políticos siguen libres.
Pese a ello, buena parte de los organismos de derechos humanos, cercanos al oficialismo, permanecen en silencio. El presidente Néstor Kirchner, por intermedio del decreto 886, otorga pensiones honorificas a los veteranos de la guerra del Atlántico Sur como Menéndez y Astiz, entre otros. Y en línea con Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, combate el “terrorismo”. Esta nueva ley fue, aprobada el pasado 13 de junio por el Congreso de la Nación, contiene diez puntos y versa sobre “asociaciones ilícitas terroristas y financiamiento del terrorismo”.
Tanto para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), estas nuevas normas dejan la vía libre para perseguir a cualquier “agrupación política o social que hubiera participado de alguna protesta en el marco de la cual se cometieran delitos comunes”.
A 9 meses ¡Basta de impunidad, encubrimiento y represión!