A toda velocidad, entre un cúmulo de dictámenes y leyes,
los senadores terminar de aprobar en la madrugada -por 39 votos
a favor y 22 en contra- el proyecto de Ley Antiterrorista enviado
por el Poder Ejecutivo, de modificación de la actual ley antiterrorista
por exigencia del Grupo de Acción Financiero (GAFI) -creado por
el G7 con participación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional-
bajo la promesa de recibir un certificado de “país confiable” para
recibir inversiones extranjeras.
La modificación de la Ley Antiterrorista duplica las penas para
cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una
organización o individuo con la finalidad de generar terror
en la población o de “obligar a un gobierno a adoptar una decisión
o abstenerse de tomarla”. De esta manera, juntar fondos para los
mapuches presos acusados de terroristas en Chile, intentar cambiar
el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta
de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal
de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de personas,
aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta
legítima.
Desde el momento que fue conocido, el proyecto -ahora ley- recibió
críticas de un conjunto amplísimo de organismos de derechos humanos,
de organizaciones sociales, sindicales, juristas, legisladores y
muchos más. Todos preocupados por el potencial antidemocrático de
un proyecto de ley que no clarifica quien o quienes son terroristas,
cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra
la seguridad del pueblo, y que puede ser usado para impedir los
reclamos sociales, para perseguir a trabajadores, campesinos, indígenas,
militantes, a cualquier persona en suma que cualquier juez o político
de turno interprete que está aterrorizando.
Más información:
Senadores
sancionaron la Ley Antiterrorista Por ANRed
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