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hace 6709 días
Mirta Baravalle: “El Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand es irremplazable”
El diputado Marcelo Ramal (FIT) convocó este martes a una audiencia pública en la Legislatura porteña para tratar el tema y dar a conocer su Proyecto de Resolución. Dijo que “detrás de la decisión del traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos hay una cuestión política para transformarlo en un asunto privado con fines lucrativos, con la grave consecuencia de destruir un elemento fundamental para la defensa y la universalización del derecho a la identidad”. Entre los oradores hubo coincidencia que si el traspaso del BNDG se concreta será otro pacto entre los gobiernos de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, como ocurrió con la reciente disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y el traspaso de la exESMA y otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la Ciudad de Buenos Aires a la égida del Poder Ejecutivo Nacional.
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La
Unión por los Derechos Humanos La Plata y la Casa de la Mujer Azucena
Villaflor realizaron una denuncia pública contra Carlos Rogelio
Nosenzo, quien se desempeña actualmente en la en la Dirección de
Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia
de Buenos Aires. Nosenzo integra el estudio del abogado de genocidas
Héctor Granillo Fernández y asumió junto a él la defensa del juez
marplatense Pedro Hooft en el jury que se le realizó este año por
su rol durante la última dictadura. Durante el juicio, la defensa
de Hooft apuntó en reiteradas oportunidades a intentar humillar
a las mujeres que daban testimonio sobre su cautiverio y a desacreditar
los testimonios sobre abusos sexuales en los centros clandestinos
de detención. 
A
pocos días de cumplirse el asesinato de los piqueteros Darío Santillán
y Maximiliano Kosteki, como en aquella oportunidad, cuando los medios
operaron claramente en la construcción y deformación de lo sucedido,
distintos capítulos diarios evidencian el rol que tiene la comunicación
a la hora de impartir vicios y virtudes entre las víctimas del gatillo
fácil policial y quienes empuñan las armas en nombre del estado
represor. 
Más
de mil quinientas personas marcharon por las calles de Córdoba exigiendo
el fin de la política represiva del gobierno de De La Sota. De la
movilización que partió de Colón y Gral. Paz participaron familiares
y amigxs de victimas de gatillo fácil además de varias organizaciones
políticas y sociales de un amplio abanico. En su recorrido la movilización
escrachó a La Voz del Interior y Cadena 3 por entender que desde
estas usinas mediáticas se construye el discurso legitimador de
las políticas criminales represivas. La movilización culminó en
las puertas de la Policía Federal, el lugar fue elegido en repudio
a la represión en Buenos Aires días atrás a quienes se solidarizaban
con lxs reprimidxs en Córdoba la semana anterior. Al concluir la
marcha se leyó el documento convocante.
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