Desde la madrugada en que apareciera muerto, con un tiro en la
cabeza, el titular de la Unidad Fiscal AMIA Alberto Nisman, se impuso
en los medios (“amigos” y “enemigos” del gobierno) un escenario
que mezcló irreverentemente el atentado terrorista a la AMIA y sus
85 muertos con opiniones más o menos “expertas” sobre pestillos
y cerraduras, pasadizos con aires acondicionados, dermotest vs.
barrido electrónico, autopsias “psicológicas”, escuchas telefónicas
que dan más vergüenza ajena que miedo y demás paparruchadas distractivas.
Con el paso de los días, sin embargo, el tema de los “servicios
de inteligencia” se fue afianzando como telón de fondo del espectáculo,
hasta llegar al discurso presidencial del lunes 26 de enero, en
el que la presidenta anunció, por cadena nacional, que se había
dado cuenta que es necesario “cortar de cuajo” con esa “calesita
permanente de fiscales, jueces y medios de comunicación” que constituye
la Secretaría de Inteligencia, una “deuda de la democracia”.
Hasta el más benévolo dirá que resulta bastante tardío el reconocimiento
de la “deuda” por parte de quien ejerce la primera magistratura
desde hace más de siete años, y fue cónyuge y primera socia política
del que gobernó los cuatro años anteriores, sin contar sus previas
experiencias en bancas legislativas y casas de gobierno municipales
y provincial.
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