A tres semanas desde la última vez que fue visto Santiago Maldonado, una a una fueron cayendo las mentiras oficiales: que los mapuches y la familia obstruyen la pesquisa, que la Gendarmería repelió la agresión de piedras de ocho mapuches cuando en realidad antes había hostigado y detenido a tres mujeres de la comunidad, que hay un “bando” que insiste en la desaparición siendo que en el expediente consta la denuncia por este delito desde la foja cero con testimonios y la denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Esquel.
No funcionaron el video trucho de Entre Ríos y los barrios enteros donde todos usaban barba y rastas. Ahora fueron por el desvío, que, paradójicamente, podría llevar a la punta del ovillo de un armado previo: el incendio de un puesto en Epuyén supuestamente por parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el cual Maldonado podría haber sido herido con un puñal. ¿Basado en qué? Nadie se atendió en los hospitales de la zona y una de las líneas celulares de Santiago se habría activado ese día en Epuyen. ¿Santiago se desangró en el desierto? Mientras usinas oficiales alimentan el foco mediático con una versión que exculpa a la Gendarmería, la principal hipótesis respecto a la responsabilidad de esa fuerza sigue siendo, tal como sucede sistemáticamente en las investigaciones por desapariciones de personas en democracia, la más descuidada por parte de la justicia. De hecho, la fiscalía federal aún no se pronunció sobre el pedido de la abogada de la familia para cambiar la carátula de NN, averiguación de paradero por la de desaparición forzada de persona. Los nombres de los 130 gendarmes que entraron a la comunidad disparando balas de goma ingresaron al expediente que instruye la justicia federal recién hace dos días, pero el abogado de esa fuerza de seguridad ya tiene copias para ir armando la defensa porque, inexplicablemente, el juez federal Guido Otranto los aceptó como parte en la causa.
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