El debate político en la coyuntura se concentra en las tarifas de los servicios públicos. El asunto importa porque la electricidad, el gas, el agua o cualquiera de los servicios públicos privatizados aumentan más allá de cualquier indicador de inflación y supera las posibilidades de pago de la mayoría de la población, no solo de trabajadores sino de sectores de la pequeña y mediana empresa. Incluso, existen empresarios o iniciativas culturales, sociales o deportivas que se ven en la potencialidad de cerrar sus puertas ante la imposibilidad de cancelar esas acrecidas facturas.
Los grandes beneficiarios son las transnacionales de la energía que manejan la cadena de valor de la energía en el país, desde la extracción de hidrocarburos a la distribución de los derivados. Por Julio Gambina. Más información en Indymedia Trabajadoras/es |