El derecho de los pueblos originarios al territorio está consagrado por la constitución nacional y por tratados internacionales, sin embargo, el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, pretende ponerlo a consideración. Mediante un referéndum el ejecutivo provincial pretende resolver el reclamo indígena de 650 mil hectáreas en los lotes 55 y 14 del departamento Rivadavia. La iniciativa rompe con un proceso de solución amistosa impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que podría condenar al Estado argentino.
Desde numerosos sectores reaccionaron y pidieron la anulación del referéndum, entre ellos el gobierno nacional, a quien una condena de este tipo ensuciaría la ya malograda imagen ‘progresista’ que pretende proyectar hacia el exterior. / INFORME COMPLETO EN SECCIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS