Por primera vez, la justicia reconoció jurídicamente el genocidio implementado por la última dictadura en Argentina, al condenar por unanimidad al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua por su responsabilidad en "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio". Tal como habían solicitado las querellas, el Tribunal Oral Nº 1 reconoció que los secuestros, torturas y homicidios perpetrados por Etchecolatz fueron cometidos como parte de un plan sistemático de exterminio implementado por el Terrorismo de Estado. Este fallo sienta un precedente que podría cambiar el rumbo de todas las causas sobre los crímenes de la dictadura.

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