La criminalización de la protesta social y la judicialización de luchadoras y luchadores llevado a cabo por las fuerzas de seguridad y el poder judicial ocurren diariamente a lo largo y ancho del país. Desde este accionar se marginan y demonizan luchas sociales, legitimando propuestas y posturas represivas. El asesinato de Víctor Choque en Tierra del Fuego en 1995; Francisco Escobar y Mauro Ojeda, asesinados por la Gendarmería en el correntinazo en 1999; las 35 victimas del 19 y 20 de diciembre; los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; la muerte del maestro Carlos Fuentealba, son solo algunos de los casos de esta triste lista.

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