Los grupos de poder de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, que se autodenominan cívicos y autonomistas, iniciaron una ofensiva en las semanas siguientes al referéndum revocatorio del 10 de agosto, donde el presidente Evo Morales fue revalidado con el 67% de los votos. En los últimos días esa ofensiva se tradujo en una escalada de violencia que incluyó atentados, ocupación de oficinas públicas y agresiones y asesinatos de campesinos, indígenas y partidarios del gobierno nacional. El hecho más grave ocurrió este jueves cuando un grupo paramilitar vinculado a las autoridades del departamento de Pando atacó una marcha de organizaciones campesinas a unos 35 kms de la capital, dejó al menos ocho muertos, 15 rehenes torturados, varios heridos y un número no determinado de desaparecidos.

La primera reacción importante de la administración de Evo Morales ante esta situación fue la expulsión del embajador norteamericano Philip Goldberg, a quien acusó de ser "un experto en dirigir conflictos separatistas" y de "conspirar para buscar la división de Bolivia". En respuesta, la Administración Bush tomó la misma decisión con el embajador boliviano en Washington, Mario Guzmán Saldaña. Esta crisis generó respuestas continentales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la noche del jueves la expulsión del diplomático de Estados Unidos, Patrick Duddy, en solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Bolivia.

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