El fiscal Luis Comparatore solicitó al Juez Oyarbide la identificación de los manifestantes que el pasado 22 de octubre bloquearon las puertas del Ministerio de Trabajo tipificando lo sucedido como "presunta privación ilegitima de libertad agravada". Luego de dicha identificación, que será realizada con filmaciones aportadas por TN, Crónica TV, Canal 26 y la Policía Federal, ordenó "que se proceda a la inmediata detención de los mismos".

Asimismo el secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli afirmó "No hay una política en contra de los grupos piqueteros ni contra las personas, pero hubo un hecho extremo que un funcionario, como un ministro, tiene la obligación de denunciar" además negó la creación de un grupo anti-piquetes.

Nuevamente el gobierno instala el discurso del 26 de junio de 2002, donde se hablaba de piqueteros buenos y piqueteros malos, hoy los movimientos piqueteros sé dividen, para esta administración, entre "dialoguistas y radicalizados".

Mientras tanto en Plaza de Mayo diferentes organizaciones sociales en conferencia de prensa, denunciaban el incremento de la ola represiva de persecución policial y judicial a las organizaciones que continúan sosteniendo reivindicaciones de trabajo genuino y mejores condiciones de vida para todo el pueblo.

Por su parte las distintas organizaciones que componen la Asamblea Nacional de Trabajadores convocaron en una conferencia en la Federación Universitaria de Buenos Aires a una multitudinaria marcha para este martes 4 a Plaza de Mayo, en repudio a la represión y al procesamiento de 3000 luchadores. También se anunció a una marcha nacional evocando el “argentinazo” para el próximo 20 de diciembre.

La Corriente Clasista y Combativa en cambio realiza una jornada de lucha en todo el país al tiempo que su dirigente nacional, Juan Carlos Alderete se juntó con Kirchner y otros funcionarios, para protestar contra las muertes de los dos jóvenes de la CCC en Jujuy y por la represión y los procesamientos de tres de sus militantes.

En un país donde solo el 10% de los planes sociales está en manos de las organizaciones de trabajadores desocupados y hay más de 3.000 luchadores populares procesados, el estado está apuntando todo su poder represivo, judicial y mediático a los efectos de destruir uno de los sectores en lucha más organizados, el movimiento piquetero.

Mas información:
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