Tras el brutal desalojo de las familias que vivían en la Villa Papa Francisco, que incluyó la detención de diez personas -la última de las cuales fue liberada en las últimas horas del domingo- los vecinos desalojados se encuentran acampando en la puerta del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por la calle Lima al 300 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la espera de una respuesta a sus reclamos de vivienda digna, ya que quedaron en la calle con niños, niñas y ancianos. La sede del ministerio dirigido por Alicia Kirchner es custodiado por un centenar de policías federales en camionetas y con escudos antimotines.

Lejos de contar con políticas públicas que intenten solucionar el problema de vivienda que tantos porteños tienen, el gobierno de la ciudad y el nacional, se preocuparon especialmente esta semana por continuar con la estigmatización de los habitantes de las villas.

“El poder parece saber quién es quién. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el desalojo no alcanzó a los narcos a los que los vecinos (incluyendo a los desalojados) denunciaban. Vera lanzó una catarata de tuits en los que dejó su posición más que clara: 'pregunten al cura, a los vecinos, el sector narco del fondo que los vecinos del Barrio Papa Francisco denunciaban no lo tocaron, rajaron a los vecinos', dice en el más elocuente. Está claro que lo que sucedió ayer fue grave. No solo porque cualquier desalojo que deja familias en las calles lo es, sino por el apoyo social que la medida consiguió. Solo las organizaciones sociales y algunos legisladores porteños y nacionales se preocuparon por la situación” afirman desde La Retaguardia.

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