En la audiencia previa a la elevación a juicio del caso, su defensor, Eduardo Soares, integrante de la Gremial de Abogados, denunció que se trata de una causa armada por la policía, carente de todo tipo de pruebas y comprendida únicamente por actuaciones policiales. Al responsabilizar a la justicia por permitir este accionar, un fiscal, Claudio Marcelo Cipollone, junto a la jueza pidieron a dos Colegios de Abogados que lo sancionen “por falta de decoro”.

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