En el día de ayer, en la provincia de Jujuy, fue detenida la dirigente
social Milagro Sala, de la Organización Territorial Tupac Amaru y diputada
del Parlasur, imputada con el vago argumento de “instigación a cometer delitos.
El fiscal de Estado Mariano Miranda –quien además es apoderado provincial
de la UCR- hizo explícito el mensaje al señalar a todos los medios de comunicación
que Milagro Sala seguirá detenida hasta tanto “cese la comisión del delito”.
El crimen en este caso vendría a ser el acampe que sostienen organizaciones
sociales en la Plaza Belgrano de la ciudad de San Salvador de Jujuy desde
hace más de 30 días. Como es insostenible en términos legales, el
juez Gutiérrez que ordenó la detención se llamó a silencio mediático,
y dejó a otros la tarea de defender este auténtico punto de
inflexión en la criminalización de la protesta social.
El gobernador Gerardo Morales, contradiciendo en parte al fiscal, señaló
a TN que “no va a negociar la liberación del acampe a cambio de la libertad
de Milagro Sala”. Más temprano el ministro de Seguridad provincial, Ekel
Meyer, había hablado en el mismo sentido afirmando que la liberación de
Sala será “una disposición absolutamente independiente de la justicia;
nosotros lo único que hicimos es cumplir con la orden judicial”. Ambos,
para reafirmar la política represiva, reiteraron que “la comisión del
delito” no cesó.
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