El 13 de marzo el diario La Mañana Neuquén informó - como vocero oficioso del ejecutivo provincial - que durante el primer semestre de 2004 Neuquén fue la segunda ‘receptora’ de “inversiones destinadas a la formación de capital” del país con U$S 638 millones – la provincia de Buenos Aires encabezó las ‘preferencias’ con U$S 2.241 millones. Vale destacar que el 91% de las divisas - U$S 583 millones - tuvieron como destino actividades extractivas, convirtiendo a la provincia en ‘líder’ del sector, seguida por Chubut - U$S 459 millones - y San Juan - U$S 279 millones.
“Aliarse con las petroleras es gobernar”, podría ser la frase de cabecera del mandatario Jorge Sobisch. Una alianza estratégica como la que hacen las corporaciones para compartir recursos, con el fin de incrementar su competitividad, sin llegar a fusionarse. Una alianza estratégica que en 2000 significó prorrogar por 10 años a Repsol YPF el contrato de concesión de un yacimiento que vencía en 2017 y en 2003 se consolidó como forma de gobierno. “(El gobernador) Se propone prorrogar los contratos de concesión de la explotación de yacimientos de gas y petróleo a las empresas que vienen operando en la provincia, como lo hizo hace tres años con Repsol, para alentarlas a que realicen nuevas inversiones. Ya hay borradores para negociar con Petrobras y Pioneer, concesionarias de las áreas más ricas de la cuenca, y anticipó que desarrollará la misma estrategia con el resto de las firmas, aun cuando no están definidas las condiciones” (diario Río Negro, 18-11-03).
Logko Puran, Gelay Ko, Wiñoy Folil, Kaxipayiñ y Paynemil son algunas de las comunidades mapuche que a pesar de vivir de cerca la explotación gasífera y petrolera en Neuquén no logran entender a qué se refiere el gobernador cuando afirma que “el crecimiento económico (producto de la inversión de las petroleras) mejora la calidad de vida de la población”.
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El (des)precio del petróleo en Logko Puran:
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San Martín de los Andes (Neuquén).- Un juez de la Cuarta Circunscripción Provincial, Rolando Lima, libró una orden al jefe de la policía, comisario Walter Cofré, para que ejecute el desalojo de las familias mapuche que se encuentran desde noviembre haciendo una reafirmación territorial en Payla Menuco. Anteriormente, en marzo, organizaciones sociales e instituciones de distinta índole habían propuesto la conformación de una mesa de diálogo, para llegar a una solución consensuada y pacífica. En cambio, la solución que ha dado el juez es el desalojo compulsivo. Además habría utilizado un informe de inteligencia elaborado por personal de la Dirección de Estado de la Institución Policial, dependendiente de la Dirección de Seguridad Interior de Junín de los Andes, lo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional.
El conflicto surgió cuando un grupo de empresarios compró una porción de tierras perteneciente a la comunidad mapuche Curruhuinca. Los movimientos de construcción de un complejo turístico alertó a los mapuche, quienes decidieron trabar los trabajos y realizar una reafirmación territorial. Los títulos que poseen los empresarios, adquiridos durante la dictadura militar, se contraponen con disposiciones nacionales del gobierno de Hipólito Yrigoyen, en 1920, que reconocen la posesión del Pueblo Mapuche.
Escandalosa actuación judicial
Audios con entrevistas
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