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hace 6710 días
El derecho de los pueblos originarios al territorio está consagrado por la constitución nacional y por tratados internacionales, sin embargo, el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, pretende ponerlo a consideración. Mediante un referéndum el ejecutivo provincial pretende resolver el reclamo indígena de 650 mil hectáreas en los lotes 55 y 14 del departamento Rivadavia. La iniciativa rompe con un proceso de solución amistosa impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que podría condenar al Estado argentino.
Desde numerosos sectores reaccionaron y pidieron la anulación del referéndum, entre ellos el gobierno nacional, a quien una condena de este tipo ensuciaría la ya malograda imagen ‘progresista’ que pretende proyectar hacia el exterior.
El Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), en representación de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó a la CIDH que tome medidas cautelares. Previamente, el International Work Group for Indigenous Affais (IWGIA), organismo con status consultivo en Naciones Unidas, criticó duramente al gobierno nacional por su inacción frente a éste y otros casos, en una carta dirigida el 11 de julio al presidente Néstor Kirchner.
En respuesta a estas críticas y a un pedido de explicaciones realizado por la CIDH, varios organismos del Ejecutivo Nacional enviaron el 23 de agosto una declaración conjunta al gobernador de Salta. En la misma, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos y la Cancillería de la Nación expresaron su “preocupación” ante la realización del referéndum y su “eventual colisión con los derechos indígenas reconocidos tanto en la Constitución nacional como en la provincial”.
En Salta, mientras tanto, el secretario de gobierno, Raúl Romeo Medina, declaró a la prensa que “detrás de los indígenas salteños hay intereses internacionales, y específicamente ingleses, que no quieren dejar de recibir fondos para seguir publicando libros y lucrando a costa de las comunidades”. Por su parte, los representantes de las comunidades afectadas denunciaron una vez más que el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) fomenta la división en la población.
FOTO: Pablo Lasansky.
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Espionaje contra comunidades mapuche en Chile
"Esta labor busca anticiparse a hechos delictivos o alteraciones al orden público que pudieren afectar la tranquilidad ciudadana”, fue la excusa que dio el vocero del Gobierno de la Concertación, Osvaldo Puccio, ante el conocimiento del informe confidencial que agentes especializados de la Policía de Investigaciones realizó sobre el movimiento mapuche de la Isla de Chiloé. El informe, publicado por el Diario El Mercurio, fue interpretado por ese medio como un caso de espionaje político contra el empresario y candidato de la centro-derecha, Sebastián Piñera. Sin embargo, los mismos funcionarios del gobierno se encargaron de aclarar que el objeto de espionaje fue la población mapuche de la región.
El operativo de inteligencia policial estuvo destinado a recabar datos sobre los dirigentes de las comunidades mapuche-williche y los eventuales conflictos territoriales que pudieran afectar al empresario chileno, quien se convirtió en dueño del 15% de la Isla de Chiloé – 115 mil hectáreas – tras desembolsar US$ 6 millones por las tierras del magnate estadounidense Jeremiah Henderson. Este último denunciado por el Consejo de Caciques de Chiloé como un histórico usurpador de tierras indígenas.
En una declaración firmada por dirigentes mapuche-williche de la Isla de Chiloé, éstos precisan que la investigación encargada por el gobierno se realizó fuera de toda norma que la ampare, lo que “constituye a todas luces una clara manifestación de intimidación, vulneración de los derechos humanos (...)así como una acción de abierta discriminación que no debe pasar inadvertido a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales”.
El caso reveló una forma de actuar por parte del gobierno chileno que distintos sectores mapuche vienen denunciando hace años. “Los mapuche constituimos un movimiento social que hoy está siendo investigado como si se tratara de un movimiento terrorista”, sintetizó al periódico Azkintuwe el werken Juan Pichún, desde la IV Región, en solidaridad con las comunidades williche.
Leer informe completo de Azkintuwe
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