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Pascual Pichún Collonao, miembro de una comunidad de Traiguén (IX Región de Chile), se presentó el martes en Buenos Aires ante el Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (CEPARE) y logró un permiso provisorio para permanecer en el país. El joven de 23 años había sido condenado por la justicia chilena bajo una ley antiterrorista de la dictadura de Pinochet, y permanecía en clandestinidad desde hace dos años. La solicitud ante el organismo – dependiente del Ministerio del Interior – fue presentada en documento reservado el 15 de noviembre por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Organizaciones mapuche anunciaron el inicio de una campaña internacional de apoyo a Pascual Pichún para lograr que el gobierno argentino conceda la calidad de refugiado, mientras que el militante mapuche realizará hoy una conferencia de prensa en la sede del LADH para exponer su caso.
En tanto, según informó el Diario La Tercera de Chile, José Bernales – general director de Carabineros – alertó de que “están los mecanismos judiciales para poder seguir con este caso”, y el fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljubetic, no descartó iniciar los trámites para solicitar la extradición del militante mapuche. Por su parte, Francisco Vidal, Ministro del Interior, consideró que “no se justifica” la solicitud de asilo.
Pascual Pichún se encontraba desde fines de 2003 declarado prófugo por la justicia chilena y con órdenes de búsqueda y captura policial. Junto a su hermano Rafael (25 años), hoy encarcelado junto a su padre en la cárcel pública de Traiguén, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol tras un proceso plagado de irregularidades como autor de un incendio en el que resultó destruido un camión forestal cargado con madera que prestaba servicios en el Fundo Nancahue, propiedad del ex ministro de estado Juan Agustín Figueroa, señalado por los mapuche como uno de los mentores de la criminalización de sus demandas.
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