FOTO: Pablo Díaz / Periódico Azkintuwe

El lunes 3 de abril, tras nueve días de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictaminó la libertad del lonko José Cariqueo Saravia y el dirigente Juan Antonio Colihuinca Ancaluan tras absolverlos del cargo de ‘incendio terrorista’ en el caso del fundo Poluco Pidenco (Forestal Mininco). Por este caso se han realizado otros tres juicios y en todas las oportunidades los acusados fueron condenados a 10 años de prisión y a pagar una indemnización de 425 millones de pesos chilenos.

Los comuneros que recuperaron su libertad estaban en huelga de hambre junto a Patricia Troncoso Robles, Patricio Marileo Saravia, Juan Huenulao Lienmil y Florencio Jaime Marileo, quienes tomaron esa medida el 13 de marzo para reclamar la revisión del caso Poluco Pidenco – por el cual fueron condenados – y la liberación de todos los presos políticos.

Por otra parte, organizaciones de mapuche radicados en Inglaterra y Suecia iniciaron días atrás una campaña de recolección de firmas para apoyar a los presos políticos en huelga de hambre, mientras que en Ginebra se creo un comité de apoyo. En tanto, Meli Wixan Mapu está convocando para el 8 de abril a una marcha en Santiago de Chile.

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MOVILIZACIÓN A LA CAPITAL PROVINCIAL
Comunidades kollas pidieron en Salta
la titularización de sus territorios

Reunión con funcionarios en el salón de convenciones del Grand Bourg. (FOTO: Rodrigo Castro / Mojotoro)

Unos 300 personas recorrieron los más de 500 kilómetros que hay entre la ciudad de Salta y las comunidades kollas de Iruya, Nazareno y Santa Victoria Oeste para reclamarle al gobierno la entrega de títulos de propiedad, entre otras demandas. Una delegación fue recibida el lunes en el Grand Bourg por Manuel Brizuela, Ministro de Gobierno; Sergio Camacho, Ministro de la Producción; y Raúl Medina, Secretario General de la Gobernación, quienes por escrito se comprometieron a dar soluciones.

Las demandas son la titularización de las tierras, la consulta y participación en temas mineros, la indemnización por la muerte animales ocasionadas por las campañas de vacunación anti-aftosa y la devolución al municipio de Santa Victoria Oeste de obras de Vialidad Nacional.

Edmundo Apaza, miembro del Concejo Indígena de Iruya, declaró a Salta Libre: “Esperamos una respuesta favorable del gobierno, alguna promesa que sea cumplida, sino seguiremos en pie de lucha hasta lograr lo que nos corresponde por derecho”.

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