Julio López
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Viernes 7 de noviembre de 2008 | Criminalización de la pobreza

Cuando en las calles se pide por la seguridad

Gendarmes en La Cava - Foto: Sub Coop
Gendarmes en La Cava - Foto: Sub Coop

El asesinato del ingeniero Barrenechea en San Isidro suscitó una importante movilización en una de las zonas más ricas de Buenos Aires. Una vez más, la clase media salió a las calles a reclamar contra la inseguridad y el Estado respondió presuroso, les entregó un culpable: Brian Barrera, que cuenta con todas las “características” del delincuente imaginado por la clase media y recreado una y otra vez por los medios masivos de comunicación: es menor, pobre, morocho y vive en una villa. La primer reacción de las autoridades en SanIsidro había sido irrumpir violentamente en La Cava y otras villas de la zona, dando por sentado que el delincuente es de una villa.

En los medios masivos se difunden una y otra vez testimonios de víctimas de la inseguridad. “Gente decente”, que en sus declaraciones hace fuerte hincapié en ser gente que trabaja y paga sus impuestos, tal vez insinuado que ese es el precio para poder acceder a la ciudadanía y tener derechos. También se oyen alusiones acerca de los derechos humanos, reivindicando aquella frase de Juan Carlos Blumberg en un acto, algunos años atrás, donde decía “los derechos humanos son para los delincuentes”.

Estas movilizaciones reinstalaron el debate sobre la edad de imputabilidad en cuyas expresiones mas reaccionarias proponen, o mejor dicho intentan imponer, su reducción creyendo que de esa manera se solucionan los problemas de inseguridad. Dicha medida no haría mas que duplicar una condena originalmente injusta, es decir, a jóvenes condenados por las injusticias de este sistema, jóvenes con una edad donde deberían estar gozando de sus derechos como menores (es decir educación, vivienda digna, salud, alimentación, recreación), son llevados al delito por la ausencia de estos derechos básicos que deberían ser garantizados, no solo por el estado, sino también por la sociedad en su totalidad. Primero se los condena a la pobreza, después a la prisión.

En un artículo firmado por Alfredo Grande, de la Agencia Pelota de Trapo y titulado "Dulce impunidad, amarga injusticia" el autor sostiene con lucidez: La derecha no puede perdonar que los nadies disfruten de algún tipo de dulzura. A mi criterio la marca de la cultura represora es que consideran un agravante haber actuado “en banda” . Algo así como decir que el pobre y excluido hasta tiene prohibido hacer amigos. Que los burgueses vayan en patota para festejar aniversarios, cumpleaños, bautismos, etc, está buenísimo. Pero como dice el tango, “nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte”. Que la diversión pase por el delito, es absoluta responsabilidad de una cultura de la crueldad que a millones de personas les muestra y vuelve a mostrar aquello que nunca podrán comprar.

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“El agua y la vida no se negocian”

La Unión de Asambleas Ciudadanas, integrada por más de 300 asambleas que rechazan la contaminación y los modelos de desarrollo económico –como el de la minería- apoyados oficialmente y generadores de saqueo ambiental y desempleo, está realizando durante esta semana el ayuno de 5 días frente al Congreso, además de distintas actividades, como el escrache frente al Hotel Emperador que tuvo lugar el miércoles pasado.

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