Desatada la crisis energética, el gobierno lanzó un programa que "premia el uso racional de energía en el consumo domiciliario y en el comercio". Según reproducían los medios masivos "el compromiso es que el ahorro de gas que se obtenga por esa vía, sean volcados a las necesidades de la industria, de forma tal de no bloquear el crecimiento". Las políticas de este gobierno pueden resumirse en las propias palabras que expresó Alberto Fernández, "...que el pequeño consumidor se acostumbre a ahorrar", o sea, todos nosotros, porque "...es energía que se puede volcar a la industria" y de esta manera "...salvar cualquier necesidad energética que tengan las empresas". Empresas que en su mayoría son de capitales multinacionales y aunque sean nacionales son de interés exclusivamente privado.

El 85 % de la extracción de gas esta en manos de empresas multinacionales Repsol, Total, Petrobras y Panamerican. Repsol tiene participación en Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Petrobras en Transportadora de Gas del Sur (TGS). Esta cadena cruza las fronteras de Argentina. El gasoducto de 30 Km. que une Tarija en Bolivia y Campos Durán en Salta Argentina, es recuperado por Repsol, empresa que extrae gas en los dos países. La importación de gas boliviano a la Argentina es más una operación intra empresa que un intercambio comercial. Repsol es una de las mayores exportadoras de gas a las usinas térmicas chilenas.

Una investigación de FLACSO, revela que el sector gasífero fue eximido del régimen de retenciones a las exportaciones. Además solo liquida, en la argentina, un 30% de sus ganancias obtenidas por la exportaciones, raro privilegio que se da en este país. Es decir que el 70 % restante de estos ingresos nunca llegan a la Argentina. Esto explicaría las restricciones al consumo interno de gas, ya que este oligopolio, ha incrementado las exportaciones. En el período 1998-2003 la producción se expandió el 36 % pero las exportaciones aumentaron 12 veces. También pudo constatarse que las empresas que conforman este oligopolio no expandieron las redes de distribución para el consumo interno en los términos que estaban obligadas, y que concentraron sus inversiones en el desarrollo de los gasoductos operativos para el negocio exportador. Se construyeron siete ductos hacia Chile, uno a Brasil y otro a Uruguay, mientras que el kilometraje añadido a la red para el transporte interno fue de cero. (Fuente: FLACSO-Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales).

La crisis energética podría explicarse por el oligopolio del sector que concentro su negocio en la exportación. Obteniendo de los gobiernos Nacionales y Provinciales grandes beneficio financieros e impositivos. Pero además porque esta crisis es la mejor herramienta de chantaje utilizada por los gobiernos del G- 7 (Grupo de los sietes países más ricos del mundo) y el FMI (Fondo Monetario Internacional), para conseguir que sus empresas recuperen los márgenes de ganancia que tenían antes de la devaluación.

Por otra parte, el gobierno tiene previsto anunciar la conformación de una empresa multinacional estatal de energía, con Brasil y Venezuela, y la ampliación de la capacidad de generación de la represa de Yacyretá, denunciando que "...la falta de inversiones en el último lustro en exploración había dejado al país sin gas". Una vez más, el gobierno y las empresas, hablan de crecimiento, inversión y exploración, sin la participación de la gente. Tomando los recursos como fuentes inagotables de riqueza y bienestar para unos y pobreza, exclusión y desalojos para otros. No hay política energética si esta no contempla el uso sostenible en todos los sectores. El verdadero costo de la energía es social y ambiental, no hay uso eficiente si no se buscan y discuten alternativas agotando los recursos.

Las políticas de producción de energía con fines exclusivos de exportación, tiene un alto costo, en pérdidas de recursos naturales de enorme importancia para cientos de miles de personas y para todo el país. Estas políticas se pueden comparar con la de producción de soja. En las regiones donde fue alentado el cultivo de soja, se produjeron terribles desastres sociales expulsando familias campesinas como Santiago del Estero y Córdoba. También fueron destruidas selvas nativas como sucedió y esta sucediendo en la provincia de Salta.

Ya en febrero 2004, los presidentes de Paraguay y Argentina anunciaron la intención de elevar el nivel de embalse de Yacyretá de su nivel actual de 76 a 83m. Según vienen denunciando distintas organizaciones, la elevación de siete metros más del nivel del embalse, implicaría inundar más de 50.000 hectáreas adicionales de tierra, totalizando 166.600 hectáreas y afectando a unas 80.000 personas. Esto implica triplicar la cantidad de población que ya fue desplazada, y que ha empobrecido notoriamente su calidad de vida.

Una parte importante de la política energética de la región del Plata se ha basado en la explotación del potencial hidroeléctrico de los ríos. Este potencial está concentrado principalmente en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, en su mayor parte convertidas en sucesiones de embalses, cuyos enormes impactos sociales y ambientales no han sido internalizados en los costos reales de su construcción y mucho menos mitigados. Hoy existen cientos de comunidades en toda la región que han sido afectadas por estos embalses. El tramo del río Paraná compartido por Paraguay y Brasil y por Paraguay y Argentina es uno de los que recibió el mayor impacto de este desarrollo. Con dos de las mayores centrales hidroeléctricas del planeta (Itaipú y Yacyretã) ya construidas. Y la de Corpus, que eliminará el tramo del río Alto Paraná aún corriendo libremente entre la represa de Itaipú y el embalse de Yacyretã , ahora fuertemente promovida por los gobiernos del Paraguay y la Argentina.

La represa y central hidroeléctrica de Yacyretã es un típico mega proyecto, diseñado y comenzado a construir durante las dictaduras militares que gobernaban a Argentina y Paraguay. Las Islas del Río Paraná, ahora inundadas formaban parte del territorio tradicional de la Población Indígena Mbya Guaraní. Muchos de sus miembros dejaron la Isla Yacyretã en 1987 a causa de la construcción de la represa. La mayoría de ellos fueron relocalizados en una porción de tierra de 370 hectáreas en una zona denominada Pindó. Esta porción de tierra está atravesada y cortada por la Ruta Nacional Nº 1 y por la principal línea de transmisión de energía de la zona. Aún cuando los mbyá recibieron título de propiedad sobre las tierras "por primera vez", perdieron su territorio ancestral, mientras que su forma de vida y sustento cambió para siempre.

En la Patagonia, comunidades mapuches de la zona del Río Corcovado en Chubut, manifestaron en Enero ultimo, su preocupación por el impulso que dio el gobierno de Kirchner a la construcción de 6 represas. Esto implicaría el traslado de muchas familias. Asimismo el gobierno Provincial y Nacional no informan sobre cuanta superficie será anegada y cuanta masa boscosa quedará bajo el agua.

Más allá de las relaciones entre las empresas y los gobiernos, lo que queremos poner de relieve es el problema de los recursos naturales en la Argentina. ¿Qué lugar ocupan en la economía nacional? ¿Existe una relación entre la forma en que se produce y la concentración de riqueza y poder? ¿Alcanza con redistribuir la riqueza o hay que problematizar la forma en que es producida?

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