En 1992 el pueblo uruguayo votó mayoritariamente en contra de la privatización de los servicios públicos, en un plebiscito organizado por los movimientos sociales. Este fue un mensaje inequívoco para el gobierno, los organismos financieros internacionales y las empresas transnacionales que impulsaban la privatización del agua. Este hito historico en Uruguay, se constituyó en un ejemplo y fuente de inspiración para los movimientos sociales de toda América Latina.

Sin embargo, a diez años de esa sonada victoria, el gobierno uruguayo está otra vez empeñado en privatizar los servicios públicos, con el objetivo de "rescatar" al país de la crisis financiera que sobrevino luego del fracaso del neoliberalismo. El agua está a la venta en Uruguay con la desición por parte del gobierno de incluir el suministro de agua potable y la extracción de agua bruta entre sus ofertas. Todo esto dentro del contexto de las negociaciones sobre la liberalización de los servicios en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El servicio publico del agua cubre a más del 95% de la población. En el departamento de Maldonado, la privatización del agua trajo efectos amenazadorescomo incrementos en las tarifas y graves fallas técnicas. En estas concesiones intervinieron dos empresas multinacionales: en la ciudad de Maldonado la concesionaria es URAGUA (subsidiaria de la empresa española Aguas de Bilbao) mientras que en la zona de balnearios, sobre la costa atlántica, la concesionaria es Aguas de la Costa (subsidiaria de la gigantesca Suez).

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, creada en el 2002, e integrada por diversas organizaciones y movimientos sociales esta convocando al pueblo uruguayo a manifestarse nuevamente en un plebicito. Esta convocatoria conciste en que en el mes de octubre, junto a las elecciones nacionales, se vote el plebicito de la Reforma Constitucional del Agua. Con esta reforma se conseguiría que el agua sea un bien de dominio público, no privatizable ni mercantilizable. Ademas de ser reconocido como un derecho humano fundamental, cuyo manejo se debe hacer siguiendo criterios de sustentabilidad.

La reforma constitucional

Mediante la modificación de la Constitución se busca lograr un cambio radical en la relación del hombre con el agua. El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales. La política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza, la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general.

Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. El establecimiento de prioridades, para el uso del agua, por regiones cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. La prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico.

¿Por qué una Reforma Constitucional?

Para la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida: "Para que no privaticen el agua, porque privatizar el agua es privatizar la vida. Para garantizar a toda la población él acceso al agua potable necesaria para la vida. Porque el agua es un derecho humano fundamental e inalienable. Porque el agua no es una mercancía, su valor no se puede reducir al precio del mercado. Para que la gestión del agua sea publica, participativa y con criterios ecológicos y sociales. Para defender las reservas de agua, recurso esencial para la construcción de un país productivo y sustentable."

En Octubre, el pueblo uruguayo decidirá que futuro quiere con el agua. Algunos dicen que se oirá, "agua para la vida, agua para la gente".

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