Días después de haber acordado con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chixoy la negociación de reparaciones, el Gobierno Guatemalteco criminalizó a varios líderes de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Represa, los mismos con quienes habían firmado el acuerdo.

Esto mientras las comunidades buscaban en un juicio la condena de algunos de los autores materiales de la masacre del 13 de marzo del año 1982, donde fueron brutalmente masacrados 107 niños y niñas y 70 mujeres en la comunidad de Río Negro, Baja Verapaz.

El Gobierno de Guatemala acusa a los sobrevivientes de la masacre y víctimas del desalojo, de “atentar” contra la seguridad del “Estado” por haber ocupado el 7 de septiembre pasado las instalaciones de la represa Chixoy, acusaciones basadas en una denuncia del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), existiendo órdenes de captura en contra de CARLOS CHEN y por lo menos otros tres líderes comunitarios. (IMC Chiapas)

La ocupación

En un comunicado del día de la ocupación, la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la hidroeléctrica Chixoy decían: “Las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy; de Quiché, Alta y Baja Verapaz, fuimos y seguimos siendo afectadas por más de 28 años por ese supuesto proyecto de “DESARROLLO” impulsado por el Gobierno de Guatemala a través del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) iniciado en 1976, y realizado con el apoyo financiero del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Con engaños entraron a nuestras comunidades ofreciendo muchas cosas para lograr su objetivo; resistimos frente a sus proyectos; sin embargo, el conflicto armado interno lo utilizaron como estrategia para acusarnos de ser guerrilleros y de esa forma practicar varias masacres para desalojarnos violentamente de nuestras tierras y por ende se apropiaron de nuestros derechos sobre todo nuestras tierras, viviendas, cultivos y otros bienes que quedaron inundados. Durante más de 28 años se nos ha negado el derecho de vivir en equilibrio, armonía e ir creando mejores condiciones de vida para nuestras futuras generaciones, y lo más lamentable del caso es el incumplimiento de sus promesas hechas durante el impulso de su proyecto de DESARROLLO ASESINO.”

Una represa y la masacre de 400 personas

La relocalización forzada de las personas que viven en las áreas donde han de construirse represas provoca generalmente violaciones de derechos humanos. Ejemplo de ello es la hidroeléctrica de Chixoy, construida durante la dictadura militar en Guatemala. El proyecto resultó en la masacre de más de 400 Mayas Achí, la mayoría pertenecientes a la comunidad de Río Negro, uno de los poblados que serían inundados por el embalse. La violencia desplegada contra la población comenzó en 1980, cuando la policía militar llegó a Río Negro y mató a siete personas. (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales)

En julio de ese año, dos representantes de la aldea aceptaron concurrir a un encuentro convocado por el INDE. Llevaron consigo la única documentación en poder de los pobladores respecto de acuerdos para el reasentamiento y la compensación respectiva. Los cuerpos mutilados de ambos fueron hallados una semana más tarde. Los documentos de la relocalización nunca fueron recuperados.

En febrero de 1982 el comando militar local ordenó a 73 hombres y mujeres que se presentaran en Xoxoc, una aldea aguas arriba. Sólo una mujer regresó a Río Negro. Los y las demás fueron violados, torturados y luego asesinados por la Patrulla de Defensa Civil de Xoxoc, uno de los cuerpos paramilitares más notorios utilizados por el estado como escuadrones de la muerte. Pero lo peor aún estaba por venir.

La masacre del 13 de marzo

El 13 de marzo, los militares reunieron a todas las mujeres, niños y niñas y los condujeron a una colina detrás de su aldea, donde torturaron y asesinaron a 70 mujeres y 107 niños y niñas. En 1995 se publicó un informe basado en entrevistas a los y las sobrevivientes, donde se dan detalles acerca de la forma atroz en que aquellas personas fueron asesinadas. Dos meses después 82 personas más fueron muertas.

El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial aportaron al proyecto más de U$S 300 millones. El gobierno italiano dio ayuda bilateral y garantías de crédito a las exportaciones. El consorcio que planeó, diseñó y supervisó la construcción de la represa estaba formado por corporaciones de Alemania, Suiza, EEUU e Italia.

Los que sobrevivieron esperan todavía reparación material y espiritual. Pero no habrá compensación posible para la pérdida cultural, las intimidaciones y la pérdida de vidas sufrido por las comunidades afectadas. Menos aún, cuando el gobierno guatemalteco ha reiniciado las persecuciones contra las comunidades que buscan defender su territorio y forma de vida, para ellos y los hijos que vendrán.