Por Red Eco Alternativo

El martes la Corte emitió el fallo por la indemnización de 1200 familias afectadas por la represa de Yacyretá. Con la disidencia de los jueces Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, el tribunal decidió que no debían recibir ninguna reparación porque “no resulta admisible que se acuerde a los particulares - en el marco de la ley de expropiación - una indemnización con fundamentos en la utilización de recursos públicos porque en tanto no integra el concepto de propiedad la mera tolerancia permitida por el Estado en el uso de bienes de dicha naturaleza”.

La Cámara Federal de Posadas había hecho lugar a la demanda de los afectados, y ordenó un embargo preventivo a la EBY por 20 millones. El expediente, iniciado en 1999, llegó a tercera instancia hace dos años. Hace tres meses trescientas personas vinieron a Buenos Aires desde Paraguay, Misiones y Corrientes, en representación de la Asamblea Binacional de Afectados por Yacyretá, para dar a conocer su situación y agilizar los trámites de la demanda.

Hacía una semana que un grupo estaba en huelga de hambre, durmiendo encadenados a las puertas de Tribunales, ante la demora del fallo. La cantidad de afectados por Yacyretá suma ya cien mil. Son pescadores, oleros, lavanderas y agricultores que vivían en la orilla del Río Paraná, en una economía de autosubsistencia. La represa destruyó sus tierras, causó un desastre ecológico, hizo desaparecer a los peces, e inundó gran parte del territorio de la comunidad Mbya Guaraní. Las personas que habitaban esas tierras fueron abandonadas a la indigencia, y muchos de ellos viven en basurales, o resisten en los bordes del río para que la represa no termine de destruir lo que queda. Una parte de ellos fueron “relocalizados” por la EBY en viviendas precarias, que en este momento se están derrumbando, y que no equivalen en valor al supuesto monto de indemnización que la planificación de la represa preveía.

La Corte Suprema decidió que le río no les pertenece, y que por lo tanto no tienen derecho a ser resarcidos. Que ya fueron indemnizados, y que el Estado puede disponer de los recursos públicos. Aunque equivalga a disponer de la vida de cien mil personas, y a destruir el medio ambiente. Aunque millones de dólares hayan sido chupados por la represa y pagados con fondos públicos de Argentina y Paraguay. Coco Olivera, desde la Casa del Afectado en Buenos Aires, dijo que elevaran un reclamo a organismos internacionales de derechos humanos y denunciarán a los jueces “porque lo hecho por ellos viola los principios del derecho internacional y constitucional, que establece que el Estado debe garantizar la sustentabilidad”.Articulo Completo