El miércoles 10 de diciembre, integrantes de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y de Unión de Asambleas Ciudadanas regional Buenos Aires, fueron reprimidos por la policía provincial. Los manifestantes intentaban desplegar un cartel de protesta contra la mega minería contaminante, en un acto oficial por los 25 años de democracia, que era presidido por José Luis Gioja.

La policía actuó, aplicando el represivo código de falta sanjuanino N° 7819, que entro en vigencia el 14 de Noviembre de 2008. Dicho código fue aprobado por unanimidad en la Legislatura Provincial y tiene como objeto criminalizar la protesta social y prohíbe las movilizaciones y reclamos sociales. La asamblea expresó en un comunicado de prensa: “Nuestra lucha contra todo este sistema de opresión, represión y persecución en San Juan no se puede parar sin la solidaridad de todos los que luchan, por una tierra libre de contaminación y saqueo, y por que se respete nuestro derecho de expresar el desacuerdo con la entrega y contaminación que lleva a cabo este gobierno.”

Esto sucedía tres días después que en la localidad de Tunuyán en al provincia de Mendoza finalizara el octavo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Llegados de diferentes puntos del país más de trescientos asambleístas se reunieron en este espacio en construcción permanente, que reúne a diferentes grupos, colectivos, asambleas de vecinos auto convocados y organizaciones sociales afectados o preocupados por las problemáticas socio ambiental, fruto de las políticas que alientan el Saqueo y la Contaminación en nuestro país.

En los tres días, que duró el encuentro, se realizaron talleres de formación, se debatió en torno las nuevas acciones, se cuestiono el actual modelo de desarrollo impulsado desde los gobierno Nacional y los gobiernos provinciales con el mandato de multinacionales y entes internacionales sostenedores del actual sistema.

En el marco del encuentro se realizo, el lunes 8 de diciembre, un corte en la ruta 40 en la zona del Valle de Uco en Mendoza. La medida fue consensuada por las y los asistentes a encuentro de asambleas ciudadanas, para exigir la vuelta atrás en el escandaloso veto presidencial a la Ley de Glaciares y la derogación y anulación del código minero.

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