El 19 de febrero último en la zona de Chilecito, La Rioja, un grupo de alrededor 30 personas, activistas de las Asambleas Ciudadanas, que se oponen al desarrollo minero de la región, fue impedido de participar en el acto central que se realizó en la plaza principal de Chilecito, con motivo del festejo del aniversario de la zona. Los y las ambientalistas denunciaron que una mujer de 70 años fue detenida. Marcela Crabbe acusó a la policía de golpearla.

Unos días después se realizó una movilización de repudio por la represión sufrida, del que participaron más de 1.500 personas. Los y las integrantes de las Asambleas Ciudadanas Riojanas responsabilizaron al gobernador Luis Beder Herrera por ejercer una política represiva, maltratar y detener ilegalmente a las personas. Además lo responsabilizan del "negocio" de la minería que demanda millones de litros de agua, a sabiendas que es el recurso más escaso en nuestra provincia y en desmedro de otras actividades productivas.”Las Asambleas Ciudadanas Riojanas, venimos sufriendo desde el principio de nuestra lucha, amenazas, apremios, despidos de compañeros, represión, querellas y detenciones ilegales. La diferencia en estos tiempos es que desde que los legisladores derogaron la Ley 8137 y sancionan a espaldas del pueblo la ley que permite explotación minera, esta afrenta es "directa". Los ejecutores policía, gendarmería, legisladores, organismos intermedios, etc. manifiestan unánimemente que "hay órdenes de arriba".”

Pero las palabras de los ambientalistas fueron más allá y consideraron que la represión fue una maniobra distractiva montada por el gobierno para quitarle atención a otros hechos que se vienen denunciando: “Nos preguntamos también, si los hechos acontecidos el día 19 no son intentos de distraer la atención pública frente a las denuncias que vienen haciendo las Asambleas sobre la aparición en nuestra zona de personajes vinculados al tráfico de armas y a los negocios sucios del oro, como así también sobre la apropiación de miles de hectáreas de tierras riojanas por parte de oscuras corporaciones internacionales.”

Sin embargo la represión y la persecución “legal” e ilegal es moneda corriente frente a la lucha que han emprendido en diferentes puntos del país contra la minería y la contaminación. El 10 de diciembre pasado, integrantes de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y de Unión de Asambleas Ciudadanas regional Buenos Aires fueron golpeados en la provincia de San Juan, fueron reprimidos cuando intentaron desplegar un cartel contra la minería en un acto público. El 4 de noviembre cinco hombres retiraban los carteles que vecinos de Bouwer y Potrero del Estado, Córdoba, habían colocado sobre la Ruta 36 para protestar por situación ambiental. Al observar el hecho, dos vecinos intentaron evitar que retiren los carteles y fueron brutalmente golpeados con hierros y patadas. El 17 de Octubre del año pasado vecinos tucumanos y de la localidad catamarqueña de Santa María recibieron intimaciones por parte de Minera Alumbrera, en las que se los notifica que se continuarán las acciones penales y civiles ya iniciadas contra ellos. Las cartas documento llegan tras la derrota que sufrió la empresa luego de que, por 60 días camiones con insumos fueran retenidos en los Valles Calchaquíes para luego retornar a Salta.

El glifosato, creado en los años 60, es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para matar malezas (pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas). Es absorbido por las hojas y ejerce su acción herbicida a través de la inhibición de varias enzimas*, impidiendo así que las plantas elaboren tres aminoácidos* aromáticos esenciales para su crecimiento y supervivencia. El glifosato va acompañado de otras sustancias para aumentar su eficacia, que no están especificadas en la etiqueta y que producen mayor toxicidad aguda. El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial de Monsanto) con la que se fumigan los cultivos transgénicos* de soja, maíz y algodón. Estos cultivos transgénicos tienen resistencia al glifosato, fumigan los cultivos para matar el resto de hierbas y los cultivos no quedan afectados por el tóxico porque están preparados genéticamente para resistirlo.

Los trabajadores que aplican esta sustancia deben llevar vestimenta de seguridad (traje apropiado, guantes, máscara de gas, anteojos). En la plaza Giordano Bruno, además de incumplir esta normativa de seguridad (han sido vistos trabajando sin la vestimenta de seguridad, con la cara desprotegida y sin máscara), las personas que transcurren por la plaza también son afectadas tanto en el momento de la aplicación como posteriormente: el tóxico queda en el aire durante un tiempo, las piedras con la que juegan las y los niñas/os quedan infectadas y las plantas y la tierra absorben este tóxico. También están usando el glifosato para eliminar las hierbas de las vías del Ferrocarril Sarmiento (entre otros); por eso encontramos periódicamente las plantas de las vías muertas. Mediante la aplicación terrestre (trabajadores aplicando manualmente), el tóxico se esparce por la zona hasta 400 metros del lugar donde se emplea.Informe Completo

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