La jornada estará marcada por la emisión de parte del gobierno nacional de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para fijar los pagos por derechos de propiedad en la semilla y crear un registro de uso propio. Desde la Campaña contra la Nueva Ley Monsanto denuncian que este DNU avanza sobre un tema que viene recibiendo las críticas y el rechazo de cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, de agricultores, campesinos y pueblos originarios, así como de académicos y de diferentes sectores políticos. Estos múltiples sectores resisten la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza. Porque estos “eventos biotecnológicos” sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad, son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura.
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