Por VANINA WIMAN para Justicia Ya - La Plata (19-09-06)

Por primera vez, la justicia reconoció jurídicamente el genocidio implementado por la última dictadura en Argentina, al condenar por unanimidad al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua por su responsabilidad en "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio". Tal como habían solicitado las querellas, el Tribunal Oral Nº 1 reconoció que los secuestros, torturas y homicidios perpetrados por Etchecolatz fueron cometidos como parte de un plan sistemático de exterminio implementado por el Terrorismo de Estado. Este fallo sienta un precedente que podría cambiar el rumbo de todas las causas sobre los crímenes de la dictadura.

Con una sala colmada de público y cientos de personas que quedaron fuera del recinto, el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, dio lectura al veredicto del juicio oral contra el ex Director de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Osvaldo Etchecolatz. Por unanimidad, los jueces condenaron al represor a prisión perpetua, por su responsabilidad en privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios, pero enmarcándolos expresamente bajo la figura del genocidio, tal como habían solicitado ayer los querellantes en sus alegatos. Además, el Tribunal resolvió que Etchecolatz cumpla su condena en una cárcel común: el penal de Marcos Paz, en donde está detenido desde que perdió el beneficio del arresto domiciliario a comienzos de este juicio, en junio pasado.

Se trata de una condena histórica: es la primera vez que un Tribunal incluye la figura del genocidio en la parte resolutiva de una sentencia. Es decir, que es el primer reconocimiento jurídico concreto de que en Argentina se perpetró un genocidio durante la última dictadura cívico-militar. Esto sienta un precedente que seguramente afectará la instrucción de todas las causas abiertas —y por abrir— sobre los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. A partir de ahora, existe un antecedente que podría permitir que otros cientos de represores de toda jerarquía sean indagados, procesados y condenados por este delito. Es el primer paso para superar los procesos judiciales contra imputados aislados y por hechos fragmentarios, y para avanzar en juicios unificados, que reconozcan el carácter coordinado y sistemático de la represión ilegal.

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Mas información:

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