Vencidos y derrotados los docentes bonaerenses ya no expresan ni siquiera disconformidad. El nuevo diseño curricular del Polimodal, el nuevo disfraz de las viejas materias, fue implementado con absoluta obsecuencia por todos los funcionarios de la burocracia educativa pocos días antes de comenzar las clases y mientras Mario Oporto, el director de esta maquinaria, enfrentaba las acusaciones de corrupción y el pedido de desafuero y de detención efectuado por los Fiscales de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de la Plata.

Una observación, casi de sentido común, indicaría que el sistema educativo bonaerense está en crisis: la desmesurada deserción escolar, las graves dificultades de aprendizaje, los miserables sueldos docentes, la falta de capacitación profesional, las frecuentes reformas educativas, la constante corrupción de los funcionarios, entre otros datos convincentes, apuntalan esa afirmación. Sin embargo, la maquinaria permanece estable y continúa funcionando sin daños aparentes.

Las incansables declaraciones de buena fe y de honestidad de los responsables de los sucesivos fracasos constituyen el único argumento de sus análisis. Si esta perversa insistencia no legislara la educación, podríamos esperar un futuro favorable. Pero ante esta insana agonía del sistema debemos cuestionar su funcionamiento desde otra perspectiva, pues los propósitos parecen ser otros: ¿cómo disimula las relaciones de dominación y de explotación de los docentes la burocracia administrativa de la actual gestión de Mario Oporto? y asimismo, en una pregunta más amplia, ¿cómo garantiza su hegemonía sobre las futuras generaciones el gobierno de Felipe Solá? Para comprender el problema bastará considerar el caso de Derechos Humanos y Ciudadanía.

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