Esta mañana tendrá lugar en la ciudad de Orán una audiencia que definirá quién tiene la posesión inmediata de las 5000 hectáreas conocidas como La Loma. El juicio se abrió debido a una presentación judicial del Ingenio Tabacal - propiedad de la Seabord Corporation - contra la comunidad guaraní El Tabacal. Las tierras en disputa son vitales para la subsistencia de los indígenas mientras que, por el contrario, la empresa azucarera nunca las utilizó. Un año atrás, la jueza a cargo de la audiencia había ordenado en forma errónea el desalojo de una comunidad cercana, lo que motivó una denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Existe abundante documentación histórica y antropológica sobre las distintas etapas de la ocupación indígena en la región, desde el siglo XVII hasta los flujos migratorios más recientes. Sin embargo, las pruebas y testimonios que se presentarán en la audiencia de hoy intentarán demostrar quién tuvo la posesión de las tierras entre el 5 de octubre de 2003 y el 5 de octubre de 2004, fecha en la que el Ingenio Tabacal presentó el interdicto posesorio con el que se abrió el primer juicio por La Loma.

Si la jueza Cristina del Valle Barberá de Morales falla a favor de la comunidad guaraní El Tabacal, la empresa azucarera deberá retirar los puestos de control que instaló en octubre con el fin de limitar el acceso al territorio. Los indígenas, entonces, podrán continuar haciendo uso de las 5000 hectáreas que corresponden a La Loma, tal como venían haciéndolo desde hace siglos. Y aún cuando una sentencia favorable no les reconozca la titularidad, nuevamente podrán cultivar y construir sus viviendas allí.

Actualmente los integrantes de la comunidad El Tabacal habitan en distintos asentamientos de la localidad de Hipólito Irigoyen y en su gran mayoría están desocupados, logrando subsistir con planes sociales, changas y algún que otro trabajo temporario. Décadas atrás vivían en La Loma pero progresivamente fueron expulsados por el Ingenio Tabacal, aunque siguieron haciendo uso de las tierras para recolectar leña, plantas medicinales y visitar los cementerios indígenas ubicados en su interior.

En septiembre de 2003, impulsados por las pésimas condiciones de vida en las que se encuentran, más de cien familias de la comunidad decidieron que era hora de volver de forma definitiva a La Loma. Comenzaron a construir sus viviendas y a parcelar las tierras para cultivarlas, pero los responsables de la empresa radicaron una denuncia por usurpación y a los pocos días fueron desalojados de forma ilegal - sin orden judicial escrita -, y posteriormente detenidos y procesados.

Luego de la represión policial, y a pesar de los hostigamientos que le siguieron, los guaraní continuaron utilizando La Loma como forma de subsistencia, así como reclamando su restitución en distintos organismos estatales.

Una jueza cuestionada

Cristina del Valle Barberá de Morales - hija del intendente de Orán, Eliseo Barberá - ordenó a principios del año pasado el desalojo de una comunidad integrada por kollas y guaraníes. El procedimiento tuvo lugar el 2 de marzo de 2004 en la banda norte del paraje Río Blanco y culminó con decenas de familias en la ruta y con sus cultivos y hogares destruídos por personal de la empresa Río Zenta SRL. Sin embargo, tal como denunció semanas después la Defensoría del Pueblo de la Nación, se trató de un gravísimo error judicial.

El subsecretario de Administración de la Defensoría, Anselmo Sella, explicó en abril a la agencia lavaca.org que el error de la jueza consistió en ordenar el desalojo sin un acto judicial previo que lo autorizara. “La sentencia de desalojo ya se había ejecutado hace cuatro años, en 1999. No se sabe cómo se hizo, ni a quién se desalojó, ni por qué. Pero lo cierto es que los propios jueces reconocen que se había ejecutado. No obstante, esta comunidad permanecía ocupando el campo. Entonces, no se puede modificar la nueva situación de hecho sin un nuevo proceso. Ese no es un pequeño error judicial. Es un error grosero”.

Si bien Barberá reconoció su error en un escrito fechado el 5 de marzo - en el que disponía el cese del desalojo e instaba a la empresa a detener la destrucción de las propiedades de los indígenas - la orden no se concretó. Quienes la hicieron cumplir, finalmente, fueron los propios desalojados, cuando el 15 de abril ingresaron a las tierras desafiando a la custodia privada.

Informe: Pablo Indio
Foto: Nicolás Pousthomis

Más información:
La Loma: Memoria e Historias Guaraníes 26/10/2004
Multinacional norteamericana instala puestos de control 20/10/2004
El Ingenio Tabacal militariza y cerca territorio indígena 08/09/2004
El desalojo de los kolla guaraní es un error judicial severo 08/04/2004

Declaraciones de solidaridad:
Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro
Encuentro de Org. Indígenas, Campesinas y del Campo Popular