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hace 6438 días
Los pueblos originarios de latinoamérica sufren una acelerada e irreversible degradación cultural. La invasión de sus territorios y el saqueo de sus recursos son las causas más comunes. Las petroleras persiguen los enormes yacimientos hidrocarburíferos localizados en las comunidades indígenas, que dependen de la conservación de sus ecosistemas y sus valores culturales.
La presencia militar en América Latina no responde únicamente a la denostada Lucha contra el Narcotráfico. También persigue la protección de los intereses transnacionales de las organizaciones sociales que se oponen a sus operaciones. El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos y también la Unión Europea, tiene una particular importancia en los departamentos petroleros. En esta imparable escalada militar, los movimientos sociales entran en el punto de mira cuando se resisten a la realización de proyectos extractivos en sus territorios. En la última década, Colombia perdió más de 2.000 líderes indígenas y sindicales asesinados por el paramilitarismo, cuyos lazos con el ejército y las propias transnacionales ha sido repetidamente demostrada. Mientras que en Bolivia la Ley Antinarcóticos 1008, impuesta por la embajada del Norte, declara a “toda persona sospechosa de narcotráfico hasta que no se demuestre lo contrario”. Esta Ley ha encarcelado sin juicio a muchos campesinos de la región cocalera del Chapare, donde operan las petroleras BP-Amoco y Repsol-YPF.
En el siguiente artículo, Marc Gavaldà del Observatori Transnacional (Barcelona) analiza los impactos de las transnacionales petroleras sobre las poblaciones indígenas de Bolivia, en un contexto globalizado.
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Las comunidades de Tartagal intensifican protestas
Representantes guaraníes, wichís, chorotes y tobas de la zona de Tartagal ocuparon durante la noche del miércoles 18 de mayo las oficinas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Llegaron a Buenos Aires luego de mantener por más de 10 días un piquete en la ruta nacional 34 a la altura del paraje Cuña Muerta en el departamento San Martín.
Los reclamos que motivaron ambas protestas son un mayor cupo de módulos alimentarios, asistencia sanitaria, fondos para proyectos productivos y otros que están vinculados con los subsidios para desocupados. Reclamaron la restitución de planes dados de baja, un mayor cupo para sus comunidades y el aumento a 350 $ de los subsidios.
En Buenos Aires fueron recibidos por funcionarios de tercera línea de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Salud Pública, quienes aceptaron revisar los planes caídos y prometieron viajar a Tartagal. La visita de una comitiva de técnicos tendría como función trazar un diagnóstico de las necesidades para luego enviar ayuda social. Por su parte, el presidente del INAI, Jorge Rodríguez, se comprometió a financiar los proyectos que las comunidades presenten.
La delegación – que regresó a Tartagal al día siguiente de la toma – estuvo integrada por 29 representantes de las comunidades que cortaron la ruta en Cuña Muerta. Entre ellas, Santa Victoria Banda Norte, Chorote I y II, Pablo Secretario, Lapacho I, Misión Miranda, Paraje Cuña Muerta, Cacique Cambai, San Silvestre, Misión Km 8, Comunidad Francisca Miranda, Misión Yacuy, Ava Guaraní y Comunidad El Celibar.
Foto de Gustavo Mujica: protesta de guaraníes frente al Congreso Nacional en diciembre de 2003.
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Paichil Antreao: la pelea en Tribunales
La comunidad mapuche Paichil Antreao solicitó el apartamiento del juez Rolando Lima de la causa en que está involucrada. El magistrado en cuestión libró en las últimas horas otra orden de desalojo contra los integrantes de la comunidad y además exigió la detención de los mapuche que se encuentren en la zona del conflicto.
Roberto Bueno, abogado de la Coordinadora de Organizaciones Mapuches de Neuquén, le dijo a Radio El Arka (Bariloche) que en representación de la comunidad afectada elevó un "recurso de reposición" para que se suspenda la orden de desalojo y detención que firmó Lima. "Además presentamos su recusacion para que no siga actuando en la causa". Ahora tiene la palabra la Cámara de Apelaciones de Zapala.
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Foto de Alejandra Bartoliche: recuperación territorial en cerro Belvedere.
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