Los 1270 presos de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata iniciaron el miércoles 20 una huelga de hambre general exigiendo la regularización inmediata de sus situaciones procesales. Durante el transcurso de los días, los presos de las unidades de Olmos, Florencio Varela, Los Hornos, Magdalena, Melchor Romero, Mercedes y de la comisaría 14 de La Plata se fueron plegando a la protesta. Hoy son más de 5000 los detenidos que piden la aplicación de la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660, así como también la derogación de la ley 12.405 y la incostitucionalidad del artículo 52 del Código Penal.

La ley nº 12.405, conocida también como Ley Ruckauf, aplica prisión preventiva automática a cualquier sospechoso de comisión de delito. La 24.660, establece una serie de salidas vigiladas para los reclusos asi como también períodos de libertad condicional y asistida. La primera de estas leyes es la que explica la superpoblación carcelaria, donde más del 70% de los detenidos no tienen condena firme y son frecuentes víctimas del hacinamiento, enfermedades, torturas y muertes. Vale recordar, a pocos días de cumplirse un año de la masacre de Magdalena, que el Servicio Penitenciario asesinó a 33 presos, de los cuales 30 no tenían sentencia firme y estaban detendidos en calidad de procesados.

Otro de los puntos del petitorio de los internos de la U 9 es que se fije el cese de la prisión preventiva si transcurren dos años y no hay fallo firme. También exigen la conformación de una figura procesal destinada a sancionar a los jueces que no cumplen sus funciones demorando las fechas de fijación de audiencias.

Solá dice no tener “soluciones mágicas”. Se lava las manos y responsabiliza al Poder Judicial. Los jueces de la Suprema Corte bonaerense dicen que la lentitud en el avance de las causas responde a la falta de presupuesto. En el medio de estas acusaciones tenemos hoy a más de 5000 detenidos que deben estar preocupados ante las declaraciones del titular del Servicio Penitenciario Bonaerense Fernando Díaz, quien reconoció estar “intranquilo” por la huelga de hambre y por la forma en que se puede llegar a resolver esta situación: “Uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero nunca sabe cómo terminan”.

El Poder Judicial, es una obviedad, no juzga con la misma vara. Es cómplice, junto con los gobiernos de turno, de encarcelar y disciplinar a los pobres mientras beneficia con el arresto domiciliario a policías y penitenciarios acusados de gatillo fácil, torturas y asesinatos en cárceles y comisarías. Ejemplos recientes: los policías que asesinaron a Andrea Viera, en el peor de los casos gozan del arresto domiciliaro. Lo mismo para los oficiales del SPB que torturaron a Fabián Sampietro en Melchor Romero, y la lista sigue.

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