El 23 de agosto de 1927, mueren ejecutados en la silla eléctrica Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, trabajadores anarquistas italianos que residían en Massachussets, Estados Unidos. Murieron acusados injustamente de un robo millonario que jamás cometieron. Desde entones sus nombres quedarían indisolublemente unidos en la memoria colectiva como expresión de indignación frente a la injusticia. Aunque Sacco y Vanzetti hubieran cometido realmente aquel delito, no terminarían en la silla eléctrica por ello, sino por su condición de inmigrantes pobres y anarquistas.

En los países centrales o medianamente desarrollados, existe una gran cantidad de trabajadores inmigrantes, que son sometidos a condiciones de explotación y fuertemente discriminados, además de ser criminalizados. Lo mismo ocurre con quienes se organizan políticamente para cambiar el orden establecido. El caso de Sacco y Vanzetti ardió por el combustible del terrorismo y como resultado de la fobia a la inmigración.

Tal vez la única diferencia sea que, en los locos años 20, solo se necesitaron dos muertes, y no miles de ellas en una guerra, para encender a la opinión pública.

De Argentina a México, de Portugal a Rusia, en el mismo Estados Unidos, o en diversos puntos del planeta. Huelgas, paros parciales, manifestaciones, bombas, conmovieron al mundo. A lo ancho y largo del mundo se denunciaba este crimen. La solidaridad internacional se hizo presente muchas décadas antes de lo que muchos hoy llaman “resistencia global”. De esta manera, ante la lucha solidaria y masiva, la prensa no pudo mantener el silencio.

Por ellos se produjo la primera huelga internacional (que se cumplió en casi todos los países del mundo) y pidieron clemencia Einstein, Marie Curie, Bernard Shaw, Orson Welles y Miguel de Unamuno además de otros intelectuales, científicos, actores y organizaciones defensoras de los derechos civiles.

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Además: Sacco & Vanzetti / Cine-debate en Córdoba

Por APPO

En junio de 2006, estallaron en el estado de Oaxaca protestas generalizadas para pedir la dimisión del gobernador. Durante varios meses, la ciudad de Oaxaca quedó paralizada. La agitación política continuó hasta bien entrado 2007, y provocó una dilatada crisis de seguridad pública. La mayoría de las protestas fueron pacíficas. Sin embargo, se produjeron numerosos choques violentos entre sectores del movimiento de oposición, las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del gobierno del estado. Al menos 18 personas murieron en circunstancias aún por aclarar, y otras muchas sufrieron lesiones graves. La mayoría de las víctimas mortales eran manifestantes, pero al menos dos de ellas eran contrarias al movimiento de protesta. Asimismo, a consecuencia de los disturbios, se produjeron daños graves en viviendas y propiedades.

Este informe se centra en algunas de las violaciones graves de los derechos humanos denunciadas durante la crisis, como el uso de fuerza excesiva (incluida fuerza letal), detención arbitraria y en régimen de incomunicación, malos tratos y tortura, amenazas, hostigamiento de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo. Según informes, la policía municipal, estatal y federal fue la responsable de la mayoría de estos abusos, aunque en varios casos, los protagonizaron miembros de la policía no uniformada o grupos de hombres armados coordinados, al parecer, con las fuerzas de seguridad.

Existen pocos datos que apunten a investigaciones serias e imparciales de las autoridades estatales sobre estos abusos. En la mayoría de los casos, no se ha protegido la escena del crimen ni se han reunido y conservado pruebas de forma oportuna. Se ha pedido a las víctimas o a sus familiares que aporten pruebas de los abusos, pero se les ha facilitado poco apoyo profesional de los investigadores oficiales o ninguno. En muchos casos, la detención y acusación de simpatizantes de la oposición se basó exclusivamente en declaraciones de agentes de policía y funcionarios del gobierno local y, al parecer, no se solicitó el testimonio de compañeros, amigos y otros testigos presenciales o la Procuraduría lo desestimó. Tampoco se han tomado medidas concretas para establecer mecanismos dignos de crédito e imparciales dedicados a investigar los abusos. Asimismo, hasta el momento han sido infructuosas las investigaciones federales sobre denuncias de abusos cometidos por funcionarios federales.

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El pasado 16 de julio de 2007, aproximadamente a las 11:30 a.m., elementos de la Policía Municipal, Policía Preventiva y Policía Bancaria e Industrial enfrentaron, con bombas de gas lacrimógeno y piedras, a manifestantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y maestros de las Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que intentaron subir al Auditorio Guelaguetza, localizado en el Cerro del Fortín de la Ciudad de Oaxaca, como parte de los festejos de la Fiesta Popular de los oaxaqueños.

En este enfrentamiento, los diversos cuerpos policíacos golpearon brutalmente a maestros y manifestantes, además lanzaron bombas de gas lacrimógeno en contra de establecimientos comerciales, casas particulares y edificios públicos. Así mismo, en la escalada violenta resultaron lesionados reporteros gráficos de los periódicos Reforma, Noticias, Marca y Tiempo, quienes daban cobertura a la feroz golpiza de la policía a los manifestantes

Estos hechos violentos se enmarcan en el dispositivo implementado por el Gobierno Estatal denominado “Guelaguetza 2007″, mediante el cual se acordonó el Cerro del Fortín y en el cual participan elementos de Elite del Ejército Mexicano, Policía Federal Preventiva, Agencia Federal de Investigaciones, Policía Preventiva y Policía Municipal de Oaxaca. Este operativo coordinado por la Secretaría de Protección Ciudadana tenía el objetivo de impedir la celebración de la Guelaguetza Popular por parte de la APPO y la Sección XXII en dicho inmueble, no obstante que el Gobierno del Estado declaró días antes su respeto absoluto a esta celebración. Las actividades consistieron en la realización de una marcha y de una Guelaguetza alternativa, la popular. Como ya fue mencionado, la marcha, a pesar de haber trascurrido en forma pacífica, fue fuertemente reprimida dejando como saldo a alrededor de 74 detenidos y más de cuarenta heridos (cifras de la APPO y organizaciones adheridas a la misma).

Debido a esta situación, Emeterio Merino Cruz Vásquez, integrante de CODEDI-Xanica —una de las organizaciones fundadoras de la Asamblea popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)—, fue gravemente herido por la golpiza que le propinaron los militares vestidos de Policía Municipal de Oaxaca. Emeterio es profesor de Santa María Coixtepec y presenta fractura craneoencefálica, situación por al que fue atendido en el Hospital de Especialidades de San Antonio Coyotepec de Oaxaca. De tan lamentable e indignante situación sus compañeros hacen responsables al gobernador Ulises Ruíz, al gobierno federal y a todas las instituciones gubernamentales de México, las cuales una y otra vez han legitimado al gobierno de URO (Ulises Ruíz). Actualmente, Emeterio Merino Cruz Vásquez se encuentra en estado de gravedad y se teme por su vida.

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En estos tiempos de avances del capital por sobre el estado, la guerra parece no ser una excepción. En el ámbito interno de los estados (en especial los subdesarrollados) lo que aparece es un retiro de este en muchas de sus funciones. En el ámbito interestatal encontramos al mundo configurado en un nuevo orden con una única superpotencia tanto en lo económico como en lo militar, que ejerce de manera unilateral su imposición imperial, lo que se puede denominar como “unimultipolaridad”. Sin embargo aparecen enormes grietas, que se han visto en los últimos años.

La caótica situación vigente en Irak pone de manifiesto la importancia de la "tercerización" de ciertas funciones de defensa por parte de Estados Unidos. Más allá de la "racionalización presupuestaria" y de la dimensión ideológica inicial de la tercerización, se inició una reflexión estratégica. Implicado en una guerra de baja intensidad, pero de largo aliento, contra el "terrorismo" en todo el mundo, y sin dejar por ello de preparar sus fuerzas armadas para grandes confrontaciones, Estados Unidos no pude permitir que se debilite su liderazgo retirándose totalmente de los espacios de menor importancia estratégica. Es importante agregar que el fin del mundo bipolar generó una reducción (principalmente en la ex URSS) en el personal militar, lo que generó una suerte de “mano de obra desocupada” dispuesta a ofrecer sus servicios al mercado. Las prácticas de tercerización (outsourcing) también se desarrollaron rápidamente en el seno de las fuerzas armadas estadounidenses, bajo el efecto conjunto de la globalización del sector militar-industrial, de la reducción de armamentos y de las exigencias de "racionalización" de los presupuestos de defensa. La contratación del “excedente” anteriormente mencionado, que empieza a gestarse en todo el mundo le permitió a EEUU tener un rápido crecimiento en sus fuerzas militares. Las reducciones de la guerra en el tamaño de las fuerzas militares de los EEUU condujeron a una superabundancia hacia fuera de personal militar. Absorbieron muchas de ellas en las compañías militares privadas establecidas, que ampliaron sus operaciones en los años 90; otros crearon sus propias firmas.

Otra dificultad que se ve en estos tiempos de “post guerra fría”, además de la emergencia de amenazas no tradicionales, la creciente polarización entre estados centrales y “estados fallidos”, es la falta de reglas de juego consensuadas en las relaciones internacionales. Esta última mención es fundamental para descubrir algunos de los principales motivos por los que algunas potencias deciden invertir en la contratación de fuerzas militares privadas (cuyo costo económico es realmente muy alto). La condición legal de los civiles contratados varía enormemente. A veces están sujetos a las leyes del territorio en el que actúan y, en otras ocasiones, a las de su país de origen, pero, a menudo, la distinción no está clara.

De todas formas, aquellas prácticas mercenarias, tenían como característica, una definición ideológica clara y cierta autonomía de acción por la que ejercían sus prácticas violentas mediante tácticas clandestinas. En la actualidad, si bien se mantienen algunas premisas, las CMP surgen con un tipo de organización de carácter empresarial. Además, ante la falta de consenso internacional anteriormente mencionada, no necesitan operar en la clandestinidad y muchas veces son los estados quienes las contratan para ejercer prácticas en las que el estado se encuentra inhibido por algunos reglamentos internacionales. Por ejemplo, para interrogatorios, ya que no pesan sobre éstas reglamentos internacionales vinculados al respeto por los Derechos Humanos, que solo afectan a los estados nacionales.

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