“El mecanismo del 'miente, miente, que algo quedará' está probado. Lo que una voz autorizada y masiva publique, es difícil contrarrestar con efectividad en su desmentida. Hoy, los mecanismos de la posverdad parecen actualizar esta máxima goebbeliana por una sutil 'mezcla, confunde, que algo quedará'”, planteó Godinez Galay.

Por su parte, la Federación Anarquista de Rosario (FAR) difundió hoy un comunicado firmado conjuntamente con decenas de organizaciones de todo el país denunciando que en el informe de referencia “se vinculan 96 causas judiciales desde el año 2010 en adelante, todas abiertas o incluso cerradas por falta de mérito, y diversas movilizaciones populares y actividades públicas, como si se desarrollasen en el marco de acción de un mismo grupo llamado RAM; mezclando confusamente organizaciones políticas anarquistas y medios alternativos de comunicación”.

“El Estado, nuevamente, intenta demonizar y dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes medidas antipopulares que lleva adelante. Intentan instalar que criticar y organizarse frente a los asesinatos injustos que ellos mismos cometieron fuera, en sí mismo, un acto delictivo”, plantearon las organizaciones en el comunicado.

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En el marco de la escalada represiva con la que el gobierno de Cambiemos pretende imponer su paquete de “reformas” contra la clase trabajadora, los beneficios se otorgan a un emblema de la represión genocida y principal responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López .

Así, sobre el fin del año en que intentó imponer el 2×1 a los genocidas, el gobierno de Mauricio Macri consagra su reivindicación del terrorismo de Estado y sus ejecutores. No es un hecho aislado ni una simple resolución judicial, es una política de Estado, que empalma con la creciente represión y criminalización de la protesta y el conflicto social. Por CORREPI.

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En la Argentina hay 11 fortunas que detentan un patrimonio neto de más de 1.000 millones de dólares, hay 1.000 argentinos que tienen patrimonios superiores a los 30 millones de dólares y 114.000 argentinos superan el millón de dólares como riqueza personal (en promedio disponen de 15 millones cada una). Tan solo 40 firmas disponen en total de un patrimonio de 35.000 millones de dólares (el 6,3% del PBI) entre quienes podemos identificar apellidos destacables de la elite economía argentina como Bulgheroni, Rocca, Pérez Companc, Urquía, Pagani entre otros. Si a esas 114.000 fortunas se le cobrara la alícuota que establecía el impuesto a los Bienes Personales de 0,75%, recaudaríamos $ 227.487 millones, monto suficiente para transferir casi $ 6.000 millones a los hogares pobres, magnitud que representa la brecha de ingresos para superar la condición de pobreza. Es decir, tan solo con aplicar como corresponde el impuesto a los Bienes Personales seria posible resolver el problema de la pobreza en Argentina. Por Fabiana Arencibia, Red Eco Alternativo.

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El gobierno adelantó la votación sabiendo que el tiempo le jugaba en contra. Tuvo que levantar la sesión inicial (con o sin quórum) ante la magnitud de la protesta. Luego militarizó el Congreso, redobló la extorsión de los gobernadores, reforzó las amenazas judiciales y acentuó la intimidación mediática. La oprobiosa ley que impuso deslegitima su gestión ante la mayoría de la población. Por Claudio Katz.

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Foto: Nicolas Solo ((i))

El viernes a la tarde en la Plaza de Mayo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su Informe contra la Represión Policial e Institucional con cifras alarmantes. En 721 días de Gobierno de Cambiemos hubo 725 muertos. Describieron esta etapa como el mayor pico represivo desde la recuperación de la democracia formal en 1983.

Dos días antes, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma junto a Liberpueblo presentó un nuevo informe con datos sobre represión y criminalización de la protesta del último trimestre. Según el mismo, se observa que la utilización de la violencia física estatal contra la protesta social se ha intensificado en el año 2017. Asimismo, se incrementan las causas penales y las detenciones prácticamente se duplican en 2017 respecto de 2016.

Esta situación se da en el marco de la cacería de opositores, que se expande del blanco inicial de dirigentes del anterior gobierno para incluir a la izquierda, sindicalistas y al activismo social y político en los términos más amplios posibles. El gobierno prepara una estructura especial de combate al “terrorismo” y acusaciones de “sedición” contra los manifestantes del 18 de diciembre, y sus aparatos judiciales y mediáticos afines recuperan el lenguaje procesista de la dictadura militar y buscan inventar un enemigo interno que justifique la violencia del Estado por venir. Mientras el progresismo “bienpensante” equipara a los manifestantes que tiraron piedras el 18 con el operativo represivo de Gendarmería y la Policía en una triste remake de la teoría de los dos demonios, Mauricio Macri y Patricia Bullrich incuban el huevo de la serpiente.

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