Julio López
está desaparecido
hace 6856 días
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Sábado 1 de Julio 2006 | Adolfo Cárdenas, Organización Meli Wixan Mapu

“Sin movilización ninguna iniciativa por la
libertad de los presos tendrá éxitoâ€

Foto: Alejandro Stuart / Cultura en Movimiento

La organización Meli Wixan Mapu lleva más de una década luchando para que el Estado chileno reconozca los derechos de su pueblo. Enrolada en el movimiento autonomista – que brega por la autonomía política y promueve la recuperación territorial –, a mediados de los ’90 se sumó a las protestas contra las empresas forestales en la VIII, IX y X Región. Actualmente pone sus esfuerzos en la promoción de su cultura en Santiago, la ciudad capital, y en la liberación de los 11 presos políticos mapuche. Sobre esta demanda, la llegada Michelle Bachelet a la presidencia del país, la relación con la sociedad chilena y las particularidades de la militancia en un ámbito urbano habló Adolfo Cárdenas, miembro de ‘la Meli’ que participó en Buenos Aires del Foro de Resistencia a los Agronegocios.

“Estamos conscientes que la libertad de los presos políticos mapuche no se va a lograr porque un parlamentario esté consciente de que la aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido una situación aberrante, ni porque la presidenta también entienda que eso ha sido aberrante y que se han cometido injusticias”, afirma Cárdenas. “Nosotros estamos conscientes de que desarrollando movilización, un discurso y una concientización de la gente vamos a lograr la libertad de los presos”, enfatizó antes de destacar la importancia de las acciones en solidaridad que se realizaron en territorio mapuche y en Europa.
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Jueves 29 de Junio 2006 | Ecos de la organización diaguita

“La oligarquía tucumana está topándose
con un problema que antes no veíaâ€

Las comunidades diaguitas avanzan en organización para defender sus derechos. (FOTO: Fernando de la Orden)

Mario Quinteros es cacique de la comunidad de Amaicha del Valle, en Tucumán, y uno de los promotores de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, organización que desde hace menos de un año agrupa a las comunidades de Catamarca, Salta y Tucumán. Entrevistado por el programa rosarino La Señal de la Paloma (Aire Libre Radio Comunitaria) habló de la situación que viven en esas tres provincias, la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas a la reformada constitución tucumana y de las reacciones en el poder “ahora que se comienza a cuestionar cierto orden ya establecido desde hace tiempo y que se lo creía inmodificable”.

“Estamos construyendo un proceso que lo asumimos como proyecto de largo plazo y en el que vamos a ir a cuestiones de reclamos bien puntuales y concretos”, explicó Quinteros. Por lo pronto, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita busca fortalecerse más como organización y hacer un planteo ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para ser reconocida como tal. Pero en opinión del dirigente diaguita, “obviamente tendrá que haber alguna discusión de mediano plazo, en el que sepamos si vamos a hacer un planteo solamente nacionalista o si vamos a hacer un planteo popular que vaya un poquito más allá y que de alguna manera reclame muchas cosas que nuestra sociedad en general debe comenzar a replantearse”.
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 PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA CONTRAJUNTA DE AFECTADOS POR REPSOL

Foto: Hernán Scandizzo / Indymedia
El 16 de junio se realizó en Madrid, España, la Junta General Ordinaria de Repsol YPF S.A. En ese marco organizaciones sociales y ambientales de la península pusieron en marcha la campaña Repsol 2006, Contrajunta de Afectad@s, en la que participaron comunidades impactadas por la explotación de hidrocarburos de diferentes regiones. Desde estos sures viajaron un representante del Pueblo Guaraní en Bolivia, otro por el Pueblo Zápara en Ecuador, y el logko Martín Velázquez Maliqueo, de la comunidad Logko Puran, lo hizo por parte del Pueblo Mapuche.

Apenas descendido del avión y pronto a regresar a Cutral Co, el logko Maliqueo hizo un balance del viaje por España, habló de la situación de las comunidades afectadas por Repsol YPF y también del panorama en la provincia de Neuquén.
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Pukutriñuke y Malen Weichafe invitan al We Tripantu Avkin Pivke Mapu
Al pie de la cordillera mendocina festejamos We Tripantu Kona
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Carmelo Sardinas
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Año nuevo mapuche en la zona de Catriel Diario Río Negro
Finalmente se llevó a cabo el Inti Raymi Jujuy al Día

Martes 13 de Junio 2006 | Campamento de pueblos originarios en Chaco

“Hemos sufrido todo y queremos que
el Estado pare esta situaciónâ€

Foto: Bernardo Saravia / La Señal de la Paloma

Se cumple una semana del acampe indígena frente a la Casa de Gobierno para que el mandatario Roy Nikisch (UCR) reciba a los delegados de las comunidades. El martes pasado dos mil wichís, tobas y mocovíes arribaron a Resistencia provenientes de todo el interior provincial para reclamar la destitución del intendente de Villa Río Bermejito, la restitución de millones de tierras fiscales adjudicadas a terceros de forma ilegal y más presupuesto para el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh), entre otros puntos.

Si bien el gobernador había anunciado que recibiría a los aborígenes, no aceptó dialogar con los delegados de base de las comunidades y exigió reunirse sólo con el directorio del IDACh, organismo autárquico cuya dirección es elegida por los indígenas. La condición fue rechazada por una masiva asamblea en la plaza 25 de Mayo, frente a la sede oficial, que decidió montar un campamento hasta obtener una respuesta positiva. En tanto, se espera la llegada de nuevos contingentes de las comunidades para reforzar la protesta.

“Se escucha por ahí que el gobernador busca el desgaste de los indígenas. Nosotros estamos en nuestro territorio ancestral, nada más la diferencia que se llama ciudad de Resistencia pero esto es territorio indígena, así que no nos vamos a desgastar porque estamos en nuestra casa. Aquí vamos a permanecer hasta las últimas consecuencias”, declaró el dirigente toba Egidio García, secretario general del IDACh.

La mayor protesta aborigen de las últimas décadas en Chaco comenzó un mes y medio atrás en Villa Río Bermejito con denuncias contra el intendente Lorenzo Heffner (UCR) por no distribuir la ayuda enviada por Nación para los afectados de la inundación del interfluvio Teuco Bermejito. La crecida de esos ríos golpeó a las localidades de Fuerte Esperanza, El Sauzalito, El Pintado, Comandancia Frías y Villa Río Bermejito, obligando a evacuar a 1300 pobladores y afectando a 50 mil en todo El Impenetrable.
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Más información:
Testimonios de la resistencia aborigen 10-06 Bernardo Saravia / Aire Libre
Fotos del acampe frente a la Casa de Gobierno 09-06 Bernardo Saravia / Aire Libre
Protesta aborigen mantiene sitiada la Casa de Gobierno 08-06 FARCO Satelital
Es oficial: Quedan 687.053 hectáreas de tierras fiscales 08-06 Diario Norte
Declaraciones del gobernador Roy Nikisch 08-06 Bashe Nuhem
Crónica de la marcha a Resistencia 07-06 La otra voz
Fotos de la marcha a la Casa de Gobierno 07-06 Bernardo Saravia / Aire Libre
El gobernador chaqueño no quiso dialogar con las comunidades 06-06 Nuhem Bashe
Fracasó audiencia del gobierno con dirigentes indígenas 06-06 Jorge Frías / RCI

ROSARIO: VOCES POR LA REGULARIZACIÓN DE LOS BARRIOS TOBAS

Foto: Pablo Badano / Indymedia
700 kilómetros al sur de Resistencia los pueblos originarios también están dando importantes luchas para mejorar sus condiciones de vida. El 30 de mayo cientos de tobas marcharon al centro de Rosario para pedir la regularización de seis asentamientos indígenas. Se trata de Los Pumitas, Los Andes y Travesía y Almafuerte en la zona norte y Tacuarita, Villa Cariñito y Amistad en las cercanías del Barrio Toba Municipal, en el suroeste.

Miguel Medina, de la Cooperativa Constructora de Travesía y Almafuerte, explicó que “estábamos un poco divididos en grupos, pero tratamos de juntarnos con un objetivo común que es la necesidad de las tierras, porque estamos hacinados”. Por su parte Oscar Talero de la comunidad toba Qarvoqté (Los Pumitas) expresó: “Le dimos mucho tiempo al Gobierno de que nos devuelvan lo que nos robaron. Le robaron a nuestros abuelos y esto es una lucha de hace 513 años, no puede sorprender al Gobierno, no puede sorprender nunca”.
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PARAGUAY: PARAMILITARISMO Y MUERTES, INSUMOS DEL MILAGRO SOJERO

Foto: Reuters (2002)
El 14 de junio comienzan las acciones del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) por la destitución de la fiscal Olga Wilma Araujo, quien debe investigar el asesinato de Serapio Villasboa Cabrera, desaparecido el 28 abril y hallado el 8 de mayo con once puñaladas. Los familiares y vecinos de la víctima adjudican el crimen a las paramilitares Guardias Ciudadanas y lo relacionan con la lucha de su hermana Petrona Villasbo, miembro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), que exige justicia para su hijo Silvino Talavera - de 11 años -, muerto a causa de las fumigaciones de sojales con agrotóxicos.

El MCP denunció que la responsable de las pesquisas “manifestó su negación a realizar más procedimientos en pos del esclarecimiento y detención de los sospechosos, aludiendo que la familia Villasboa busca únicamente beneficios económicos a raíz de la muerte de uno de sus integrantes”.

Según un informe difundido por el Grupo de Reflexión Rural (GRR), de Argentina, “estas organizaciones paramilitares están creando zozobra y amedrentando a la población en diversas zonas del país. En los últimos meses estos grupos, que se calcula pueden llegar estar conformados por 13.000 individuos entrenados y armados, han matado aproximadamente a 10 campesinos solamente en la región de San Pedro. Las prácticas ilegales de las Guardias Ciudadanas incluyen allanamientos, torturas y detenciones hacia quienes no aceptan el nuevo orden ilegal que imponen por el terror y la violencia”.
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Viernes 2 de Junio 2006 | Presos Políticos Mapuche

Chile: ¿Tiempo de definiciones?

Velatón frente al Palacio de La Moneda por la libertad de los presos. (FOTO: Meli Wixan Mapu)
Velatón frente al Palacio de La Moneda por la libertad de los presos. (FOTO: Meli Wixan Mapu)
Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Patricio Marileo y Juan Carlos Huenulao continúan hospitalizados por su delicado estado de salud tras 70 días en huelga de hambre, medida suspendida el 26 de mayo al arribar a un nuevo acuerdo con autoridades chilenas. En tanto se mantiene el clima de movilización en diferentes puntos del Territorio Mapuche a fin de garantizar la satisfacción de las demandas de los presos políticos. El martes se reanudará el tratamiento en comisión del proyecto para reformar del Decreto Ley 321 sobre Libertad Condicional impulsado por el senador socialista Alejandro Navarro.

Si bien desde la Iglesia Católica y sectores del Partido Socialista se intenta generar nuevamente confianza en las negociaciones, los presos políticos mapuche detenidos en la cárcel de Traiguén – Rafael Pichun Collonao y los lonkos Pascual Pichun Paillalao y Aniceto Norin Catriman – lanzaron el 28 de mayo un comunicado público manifestando sus dudas respecto a la instancia abierta e instando a mantenerse alertas. "Desde aquí y con mucha preocupación hacemos un llamado a todas las organizaciones, comunidades y personas que han participado del proceso a que permanezcan atentas al desarrollo de la discusión del proyecto de ley que les permitiría el beneficio de libertad condicional. Esto, porque para nosotros, hoy día el gobierno no está dando ninguna garantía de su real voluntad política para liberar a los presos y solucionar la situación de los perseguidos políticos mapuche".

Los partidos de derecha Renovación Nacional y Unión Democrática Independiente anticiparon que no apoyarán la reforma de la legislación sobre libertad condicional, y al interior de la Democracia Cristiana – miembro de la coalición gobernante – había opiniones divididas. Se presenta un tablero político plagado de incertidumbres de cara al 6 de junio cuando la Comisión de Legislación trate el proyecto y continúe el recorrido por las diferentes comisiones – cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos ya dio el visto bueno. De aprobarse la modificación promovida por el senador Navarro se modificaría el Decreto Ley 321 sobre Libertad Condicional y los presos políticos mapuche accederían a un régimen de libertad vigilada pese a haber sido condenados por la Ley Antiterrorista (18.314), que impone el cumplimiento de la pena en prisión.

El 19 de mayo los huelguistas habían retomado la medida – interrumpida el 14 – al considerar que el Estado chileno actuaba desconociendo la urgencia de la demanda. "Una vez mas como ha sucedido históricamente el Gobierno chileno, ha faltado a su palabra traicionándonos en nuestra buena voluntad y contestándonos con engaños", afirmaron mediante un comunicado público.
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CONTINÚAN LAS DENUNCIAS CONTRA BENETTON

Foto: Indymedia Holanda
El werken Mauro Millán de la Organización Mapuche Tehuelche 11 de Octubre denunció a la multinacional italiana en Enlazando Alternativas II, realizado en Viena entre el 10 y 13 de mayo. El encuentro fue organizado por entidades de derechos humanos y funcionó como un espacio de encuentro de movimientos sociales de Europa, Latinoamerica y el Caribe de forma paralela a la cumbre de mandatarios de esas regiones.

Por su parte, la familia Curiñanco Nahuelquir dio a conocer una carta abierta a Luciano Benetton y al Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quien ofició de intermediario en un intento de negociación. En la misiva recuerdan que a fines de 2004 ofrecieron a Benetton la posibilidad de entregar el lote Santa Rosa al Estado argentino para que éste se los restituya, ya que el magnate italiano quería realizar una donación y no una restitución. “Han pasado casi dos años de ese momento, y hasta ahora no existe una respuesta. Benetton no quiso poner el resultado de la reunión por escrito, alegando que su palabra no precisaba ser escrita. Sin embargo hasta ahora, parece ser que los únicos que tenemos palabra somos nosotros”.

La familia mapuche fue desalojada en octubre de 2002 del lote Santa Rosa – ubicado en el paraje Leleque, en el noroeste de Chubut – tras ser denunciada por usurpación por la Compañía de Tierras Sud Argentino, subsidiaria de Benetton. En mayo de 2003 los Curiñanco Nahuelquier fueron absueltos en la causa penal por usurpación pero en la instancia civil el fallo favoreció al grupo italiano.

Más información:
Los Mapuche llevaron nuevamente a Europa el conflicto con Benetton Avkin Pivke Mapu
Entrevista al werken Mauro Millán de la 11 de Octubre Avkin Pivke Mapu
Declaración final de Enlazando Alternativas II Avkin Pivke Mapu
Carta abierta de Rosa Rua Nahuelquir y Atilio Curiñanco Nahuelquir-Curiñanco

XVIII PARLAMENTO DE LA CONFEDERACIÓN MAPUCHE NEUQUINA

Foto: Tayiñ Rakizuam
En Neuquén del 19 al 21 de mayo se realizó el XVIII Parlamento de la Confederación Mapuche, que reafirmó la necesidad de poner en práctica el artículo 53 de la Constitución provincial, por el cual se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Fue en ese sentido que se resolvió la creación de un Registro Civil Mapuche, denominado Meli Folil Kvpan.

“El Estado neuquino deberá reconocer y aceptar esta institución como única instancia de Registro de las personas mapuce y sus nombres originarios. La Confederación Mapuce emitirá un certificado avalando esta registración y será la única condición exigida por el Registro Civil de las Personas”, informó el boletín digital Tayiñ Rakizuam.

Durante el Parlamento también se eligió a las nuevas nuevas autoridades de la Confederación, y se acordó un pronunciamiento sobre la situación de Bolivia y el compromiso con la situación de represión que viven los mapuche en Chile. Además, se llamó a reformar el Estatuto del organismo – impuesto durante la dictadura militar – y a desarrollar el Movimiento Político Intercultural en la provincia, entre otros temas.

Más información:
Nuevas autoridades de la Confederación Mapuche Tayiñ Rakizuam
Reforma del Estatuto de la Confederación Tayiñ Rakizuam
Declaración sobre Evo Morales en Bolivia Tayiñ Rakizuam
Meli Folil Kvpan: Registro Civil Mapuce Tayiñ Rakizuam
En el nombre de los hijos Eduardo Videla / Página 12

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“Roca restableció la esclavitud eliminada en 1813” Eduardo Andrés Aller / APM
Bayer en Trenque Lauquen: Una reivindicación histórica La Opinión
Entrevista a investigadores del Mapuzungun Carlos Graneri

Jueves 1 de Junio 2006 | Importante marcha por el centro de la ciudad

Los barrios tobas de Rosario pidieron la
regularización de las tierras

Foto: Indymedia Rosario

Cientos de aborígenes marcharon el martes a distintas dependencias para pedir la regularización de las tierras que ocupan. Primero se dirigieron hacia la secretaria provincial de Promoción Comunitaria junto al Frente de Desocupados. Luego, las comunidades se dirigieron hacia la Municipalidad y la sede de Gobierno de Santa Fe.

Los miembros de seis asentamientos tobas reclamaron la regularización de los terrenos que ocupan, en algunos casos, hace 30 años. Se trata de los barrios de Travesía y Almafuerte, Los Pumitas y Los Andes - en la zona norte - y de Tacuarita, Villa Cariñito y Amistad, estos últimos ubicados en los alrededores del Barrio Toba Municipal de Rouillón al 4500, en el suroeste rosarino.

En el edificio de la Municipalidad y en la sede del Gobierno de Santa Fe, representantes de las comunidades pidieron audiencias con el intentente Miguel Lifschitz (PS) y el mandatario provincial Jorge Obeid (PJ), además de reclamar la conformación de mesas de diálogo que también involucren a organismos del Gobierno Nacional.

En el caso de Los Pumitas, asentamiento con unas 2000 personas, el dirigente toba Oscar Talero explicó que en el 2003 la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley de expropiación favorable para sus ocupantes, pero que aún no se efectivizó. “Queremos el diálogo de persona a persona, nos cansamos de notificarnos por expedientes y consultas de trámites, eso ya no va más”.

Por el lado del barrio de Travesía y Almafuerte, desde fines de 2004 existe una comisión integrada por organismos de Nación, Provincia y Municipio, con el fin de solucionar el problema de tierras, aunque aún sin resultados prácticos. La comisión se formó tras la masiva ocupación de un terreno aledaño al asentamiento, motorizada por la grave situación de hacinamiento. En aquel entonces la ocupación fue rápidamente desactivada con la promesa de encontrar una pronta solución por vía institucional. Y poco tiempo después, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) propuso a los tobas que realicen un juicio por posesión veinteañal

"Los gobiernos siempre nos prometen cosas firmadas por ellos mismos pero nunca lo resuelven, siempre lo tiran ese problema a nosotros y que lo resolvamos nosotros”, declaró Miguel Medina, de la Cooperativa Constructora de Trabajo de Travesía y Almafuerte. "No sabemos cuáles son las posibilidades concretas de obtener las tierras a través de un juicio”, explicó, por eso reclaman que el Estado compre o expropie los terrenos para otorgárselos a sus ocupantes, que en muchos casos tienen más de 30 años viviendo en el asentamiento.

En los asentamientos de la zona norte el reclamo se repite, y también las promesas incumplidas. Elías Romero, dirigente de la agrupación Pueblos Originarios en Lucha, dijo que el intendente de Rosario se había comprometido hace más de un año a dar respuesta por Tacuarita, ya que esas tierras son municipales. Y en el caso de Amistad, que es un terreno privado, se supone que lo estaban estudiando. "Ya es tiempo de que haya una respuesta”, pidió Elías.

Ver fotos de la movilización
Petitorio de la comunidad de Travesía y Almafuerte

DAN PLAZO PARA TITULARIZAR UN MILLÓN Y MEDIO DE HECTÁREAS INDÍGENAS

Foto: Ruben Romano
En Jujuy un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo condenó al Estado Provincial a hacer efectivo el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que reclaman las comunidades aborígenes y le fijó un plazo de 15 meses para que efectúe la transferencia de las tierras en los departamentos de Cochinoca, Yavi, Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, Tilcara, Santa Bárbara y Valle Grande, ubicados en las regiones de Quebrada y Puna. Igual medida beneficiará a las comunidades del pueblo guaraní quienes demandan sus derechos sobre las tierras ubicadas en los Lotes 1 y 515 del Departamento de Santa Bárbara.

Esta sentencia es la respuesta a una acción de amparo presentada en agosto de 2003 por la Comisión de Participación Indígena, un órgano deliberativo de las comunidades que funciona en el marco del Programa de Adjudicación y Regularización de Tierras a los Pueblos Aborígenes de la Provincia de Jujuy. La demanda judicial fue motivada por las demoras en acceder a la titularización: desde 1998 a la fecha se han entregado sólo 3 títulos de propiedad, mientras que cerca de 120 comunidades aguardan la culminación del trámite, lo que marcará el inicio de una nueva etapa.

Según el abogado Pablo Baca, “es el primer fallo que emite disposiciones generales para efectivizar la entrega de las tierras a las comunidades, a quienes reconoce como sujetos de derecho colectivo y como actores fundamentales en el proceso de definición de políticas públicas orientadas a cumplir con el marco jurídico que tutela sus derechos”.

Más información:
Comunidades indígenas celebran pronunciamiento de la Justicia
Derecho a la propiedad de las tierras: su significado, avances y desafíos
Coordinan nuevas tareas, luego del fallo judicial
Infatigables custodios de la tierra

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VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BRASIL

Foto: Celso Junior (AP)
Por ADITAL
Agresiones, usurpación de recursos naturales, expropiación de tierras, omisión del poder público, conflictos en función de la lucha por la tierra, negación de derechos, en fin, un panorama de cómo los derechos humanos no han sido respetados en relación con la población indígena. Es eso lo que revela el informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, entre 2003 y 2005, divulgado el 30 de mayo por el Concejo Indigenista Misionero (CIMI).

El documento relata que incendios criminales, robos, destrucción de residencias, arrendamiento de pasto, caza y pesca ilegales y extracción de madera fueron la amplia lista de delitos contra los pueblos indígenas, incluidas en las invasiones con toma de posesión, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio. El CIMI contabiliza 37 casos de esa naturaleza en el período comprendido por el informe, de los cuales 17 solamente ocurrieron el año pasado, de enero a julio. También fueron registrados 13 casos relacionados con daños ambientales en 2005.
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