Julio López
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Bolivia: Pueblo Tacana reclama el cumplimiento de la ley
Por Equipo de Pueblos Indígenas - Friday, Jun. 27, 2003 at 3:37 AM
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(ForoPP) Un acuerdo suscrito en San Buenaventura por algunas autoridades de gobierno, bajo amenazas de grupos autodenominados cívicos, deja pésimos precedentes para el proceso de saneamiento de tierras en el país.

Según varios especialistas y conocedores del tema consultados, es sumamente dudosa la legitimidad y representatividad de tales grupos de presión, sus métodos con completamente ilegales, como por ejemplo el secuestro de personas, la intervención a bienes del Estado y la participación de delincuentes prontuariados que campean impunemente en la región.

Prevalidos de tales métodos pretenden apoderarse de tierras comprendidas en la solicitud de saneamiento tramitada por el Pueblo Tacana en estricta sujeción a la ley, mediante su organización matriz, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA).

En efecto, el CIPTA cumplió todos los pasos requeridos para la titulación de su territorio como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), habiendo obtenido la correspondiente Resolución de Titulación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), faltando únicamente la firma del Presidente de la República para la conclusión final.

Durante el proceso se presentaron dos impugnaciones ante el Tribunal Agrario Nacional, máximo organismo para resolver temas contenciosos del ámbito agrario, instancia que emitió sus fallos definitivos a favor de la TCO Tacana, en marzo del presente año.

Todo este proceso pretende ser desbaratado mediante acciones de hecho, ante la falta de decisión de algunas autoridades, quienes en vez de hacer cumplir la ley, se someten a la presión de pequeños pero poderosos grupos de poder asentados en la San Buenaventura, capital de la provincia Iturralde. Tales serían los casos del Viceministro de Tierras Henry Oporto, el Director del INRA René Salomón e incluso el prefecto de La Paz, Mateo Laura, según denunciaron personeros del CIPTA.

A su vez, la antropóloga Zulema Lemh, quien siguió muy de cerca el proceso manifestó que de este modo se resquebraja aún más la débil institucionalidad del país; el conflicto no se resuelve pues en el mencionado convenio no participa la mayoría de la población rural y, por último, se crea el precedente de que la única forma de que las demandas sean atendidas es la utilización de vías irregulares y métodos ilegales.

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