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Odio e impunidad
Por Marie Trigona, Andrés López, Timothy Jack - Monday, Jul. 14, 2003 at 2:45 PM

Este artículo intenta incursionar en la memoria, en un momento de frágil esperanza y de campañas de olvido. Campañas obsecionadas por la seguridad, puebladas transmitidas en directo, puebladas que piden más uniformados armados en la calle.

Poco se dice, nada se debate sobre la seguridad que implica una justicia social, como si la seguridad nada tuviera que ver con la vivienda, el alimento, la salud, la educación y el trabajo digno. Como si la seguridad estuviera garantizada por un uniforme, como si el uniforme garantizara la paz, como si la paz existiera sin una verdadera justicia.

Ha pasado más de un año de la masacre de Avellaneda, cuando durante una manifestación fueron asesinados dos piqueteros. La impunidad demuestra el pacto de las instituciones del estado argentino (gobierno, aparato represivo y poder judicial), para criminalizar la pobreza y la protesta social, instalando un clima de terror a manifestar por los derechos que el sistema niega y viola.

"Nosotros éramos los más olvidados," - refleja un piquetero del sur del conurbano bonaerense-, "esta política neoliberal lo hizo, no le servimos nosotros ante el valor hegemónico como producción, por lo tanto somos los de cuarta, los más marginados de todos. Ante eso, nosotros salimos a la calle como cortadores de ruta, y así nos hicimos ver, con nuestros rostros tapados."

El Lunes 17 de Junio del 2002, el presidente provisional, Duhalde, declaró: "Tenemos que ir poniendo orden". No se refería a responder los reclamos de las organizaciones de desocupados, quienes venían intentando diálogos con el gobierno exigiendo el pago de subsidios por desempleo atrasados, el aumento de los mismos y soluciones alimentarias, de educación y de salud. También pedían el desprocesamiento de luchadores sociales y el fin de la represión.

Luego de varias negativas de los organismos gubernamentales las organizaciones de desocupados acordaron un corte casi total de los accesos de la ciudad de Buenos Aires. Necesitaban ser escuchados.

"Los intentos de aislar totalmente la Capital serán considerados una acción bélica", dijo entónces el secretario de seguridad Juan José Alvarez, el 18 de junio del 2002 (1). Detrás de esta amenaza había un plan de represión de consecuencias imprevisibles y una cadena de acuerdos entre el gobierno y las fuerzas de represión que involucraba también a jueces y fiscales, ellos, la justicia, garantizaban la impunidad.

26 de Junio

Aquel día las columnas de manifestantes se encontraron con los accesos ya cortados por más de 2000 uniformados distribuidos en los cuatro principales accesos a la ciudad.
Dario Santillan estaba en la primera fila de la línea de seguridad de la columna del MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados) que se acercaba al Puente Pueyrredón en Avellaneda. Llevaba su rostro tapado, por seguridad, porque la policía filma y ficha. Pese al clima de tensión que se vivió antes y durante la concentración, ningún manifestante imaginaba la represión más allá de las balas de goma y los gases lacrimógenos. Entre los 400 efectivos de las cuatro fuerzas que allí estaban (policía federal, policía bonaerense, prefectura naval y gendarmería nacional), además de personal de civil, había personal retirado cargando armas de fuego.

El comisario Fanchiotti con otros 9 agentes de la policía se ubicaron en medio de un encuentro de dos columnas de manifestantes, los subalternos se querían correr, pero Fanchiotti les ordenó permanecer, esperó la justificación para reprimir, y ésta llegó: una joven agarró de la campera al comisario.
Entonces comenzó la masacre. Los gases lacrimógenos y las balas de goma no pudieron ocultar el odio de los uniformados. Las balas mortales de plomo eran repelidas por piedras. La represión no se conformó con el repliegue de los manifestantes a los que persiguió por decenas de cuadras. Las imágenes de la barbarie fueron transmitidas en directo por los canales de noticia, allí también quedó al desnudo la complicidad de los medios corporativos. Luego de que la policía asesinó a Maximiliano Kosteki, fusila a Dario Santillan por la espalda. "Matar a Santillan y a Kosteki fue como un trofeo para ellos, eso es lo que vi yo,- recuerda una mujer -, pegar a un piquetero era como que ... no sé, yo a mi perro no le pegaría como ellos nos pegaron". 33 personas fueron heridas con balas de plomo.

Cada disparo fue precedido por el encubrimiento, las vainas servidas de los cartuchos color rojo que contenían las balas de plomo eran levantadas y cuidadosamente guardadas. Cientos de manifestantes fueron heridos por balas de goma. Hubo 160 detenidos, entre ellos 53 mujeres (7 embarazadas), y 43 menores de edad. No sólo se monta una cacería humana por toda la zona, los detenidos son torturados física y psicológicamente tanto dentro de móviles policiales como en comisarías. La policía también ingresa al local del partido Izquierda Unida disparando con plomo, y detuvo gente herida dentro del hospital Fiorito.

Al día siguiente el ministro de justicia, Jorge Vanossi, presentó una denuncia ante la justicia federal por la comisión de delitos que violaban la ley de defensa de la democracia, pero a no confundirse, la denuncia no fue contra el estado, fue contra los piqueteros. Tiempo después la causa fue abandonada por la falta de pruebas en contra de los piqueteros y por la respuesta popular que exigió justicia con masivas movilizaciones. Estas movilizaciones siguieron los 26 de cada mes y seguirán.

Luego de que la versión oficial, calcada de las primeras declaraciones de Fanchiotti, (2) quedara desmentida por testigos y documentación fotográfica y fílmica, se cambió la teoría de "piqueteros armados que se mataron entre ellos", por la del "policía loco".
Todavía sigue "prófugo" el sargento primero Carlos Leiva. Ocho meses después de la masacre de Avellaneda procesan al jefe de la sección departamental, comisario mayor Vega,

Fanchiotti, el único detenido por la masacre de Avellaneda, egresó en 1977, "es decir en plena época de la dictadura, cuando la policía estaba a cargo del general Camps, él se formó en esa policía. Y hoy por hoy siguen usando los mismos métodos, lógicamente no en forma tan abierta o tan contundente, pero sigue habiendo fusilamientos en los barrios sigue habiendo torturas en las comisarias, sigue habiendo detenciones ilegales", completa Pandolfi de CORREPI, (Coordinadora contra le Represión Policial e Institucional), explicando la formación de la mayoría de los actuales jefes de la policía.

Historia de la impunidad

La impunidad es el denominador común para la mayoría de los asesinatos efectuados durante manifestaciones realizadas durante la democracia. Desde 1995 murieron en movilizaciones más de 50 personas. El primer caso se produce el 12 de Abril de ese año, cuando es asesinado por las fuerzas de seguridad Víctor Choque, durante una manifestación en Ushuaia que pedía la libertad de los detenidos durante la represión del día anterior. Como sucedería en Neuquén y en Avellaneda, los juicios fueron primero contra los manifestantes.

Durante el año 1997 los docentes neuquinos mantuvieron por 35 días una huelga general contra las rebajas salariales, los despidos y la ley federal de educación. Cortaron rutas y puentes. Soportaron la represión policial y la presencia de más de 1200 gendarmes.
El 12 de abril, la policía asesinó a Teresa Rodríguez, docente de 24 años, en inmediaciones de la ruta provincial N1 17, donde también fueron heridos otras dos personas por disparos de calibre 9 milímetros.
"Rebrote subversivo" fue como calificó el gobierno de Menem a las manifestaciones de Neuquén. El adjetivo "subversivo" fue el que usó la dictadura para justificar el genocidio.
En Abril del 2003 una jueza "condenó" por el asesinato de Teresa Rodríguez a cuatro efectivos de la Policía neuquina a dos años y medio de prisión en suspenso por "abuso de armas" y absolvió a otros cinco.

En 1999 los docentes en la provincia de Corrientes que llevaban una huelga ignorada, son reprimidos por las fuerzas de seguridad apenas asume De la Rua, son asesinados dos trabajadores en el puente Chaco-Corrientes, donde también hubo 28 heridos de balas de plomo.

En Mayo del 2000 la represión en Salta deja un saldo de dos muertos y en Octubre asesinan a Aníbal Verón. También en el 2000 se "inaugura" la represión parapolicial, en Chaco, cuando un motociclista mató de un balazo a un piquetero del MTD del Chaco.

En Junio del 2001 nuevamente en Salta, la gendarmería asesina a Barrios y Santillán. A ellos se le suman más de 35 muertos en todo el país que dejó la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, por la cual nadie ha sido llevado como responsable ante la justicia, salvo un caso en Entre Ríos. La Cámara del Crimen de Paraná le dio 10 años de cárcel al cabo de la Policía Silvio Martínez por el asesinato de Eloísa Paniagua de 13 años de edad efectuado el 20 de Diciembre. Sin embargo, no hubo investigación judicial sobre la responsabilidad del poder político entrerriano.

El 6 de Febrero del 2002, el MTD Aníbal Verón recibe un fuerte golpe, en Esteban Echeverría, durante un piquete de la ruta 205, Bogado, un puntero político, asesina a Javier Barrionuevo. Hoy la causa está cerrada ya que el fiscal Pablo Pando sostuvo no tener pruebas en contra de Bogado, el asesino que estuvo prófugo gracias a Jiménez, un oficial que asesinó a Diego Peralta, uno de los 1500 casos de gatillo fácil que se registran desde el año 1983 (3). Enfrente de la Municipalidad de Lanús fue baleado otro piquetero, Juan Arredondo, que resultó gravemente herido por un ex agente penitenciario. Juan también resultó herido por dos balas de plomo el 26 de Junio, cerca de la estación de Gerli.

Si bien desde sus inicios, la historia de este país está manchada de sangre, el siglo pasado tuvo crímenes descomunales que todavía siguen impunes. En Junio de 1955 una manifestación en contra del golpe de estado es reprimida con bombas arrojadas por aviones de la marina, cerca de 300 personas pierden la vida en la Plaza de Mayo. En Agosto de 1972 sucedió la masacre de Trelew, 16 presos y presas políticas, una de ellas embarazada, fueron fusilados por la marina. En el 73 la masacre de Ezeiza dejó sin vida a más de 300 personas, (es un cálculo, jamás se supo donde llevaron los cadáveres ni cuantos eran), aquel 20 de Junio millones de personas esperaban la llegada de Perón. Luego vino la dictadura durante la cual se practicaron formas de horrorizar a la población. Miles de presos políticos a los que se les aplicaba tortura, 30 mil desaparecidos y el asesinato en la vía pública de más de 8 mil personas, entre obreros, estudiantes, profesionales, dirigentes gremiales, profesores universitarios, dirigentes políticos.
Ninguno de los autores de estos crímenes fue enjuiciado ni condenado.

Las leyes de la impunidad y los indultos fueron seguidos por presiones militares durante los levantamientos de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, encabezados por Rico y Seineldín.

Raúl Alfonsin, durante el primer gobierno constitucional creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que recibió las denuncias desapariciones efectuadas antes y después del golpe militar del 24 de Marzo 1976, pero también envió al Parlamento los proyectos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final con lo cual se beneficiaron con la impunidad 1152 procesados. (4)
Luego Menem decreta 277 indultos en octubre de 1989 para jefes de las fuerzas armadas procesados, desoyendo una y otra vez, las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos como la Comisión de la ONU y la OEA.

Estas leyes e indultos favorecieron no sólo la impunidad del pasado sino la que vendría.

A un año de la masacre de Avellaneda

Hasta ahora nada se ha investigado oficialmente sobre la responsabilidad ideológica en las esferas gubernamentales.
Como en la causa del 20 de Diciembre del 2001, los testigos y abogados de la causa de la masacre de Avellaneda fueron amenazados. Tal vez el caso más relevante sea el de la periodista Clara Britos, tantas fueron las amenazas recibidas por Britos que solicitó asilo político a la embajada de España. Britos denunció en un artículo que Kosteki y Santillan habían quedado marcados - fotografiados y filmados - después de una protesta frente a la municipalidad de Guernica. Britos, directora del mensuario La Tapa, donde fue publicado dicho artículo, sufrió sin justificación el allanamiento de su vivienda en el año 2000, cuando el comisario Fanchiotti golpeó a su marido y su suegra. La denuncia judicial que la familia Britos presentó sobre esos hechos jamás tuvo avance alguno.

Una piquetera del MTD Aníbal Verón, plasmando las secuelas de miedo y crisis que padeció la organización, expresa: "Tener que hablar hoy sobre lo que pasó el 26 es como volver a vivirlo. Me pasa cada momento de mi vida, recuerdo todo lo que pasó, cuando me siento en mi casa con mi familia o cuando me voy a dormir y sueño con eso. Es como que no pasó hace mucho, es como que me pasó ayer, como que me pasó hoy, y como que me va a pasar mañana."

" La represión de las protestas es parte de una lógica mayor: la criminalización de la pobreza. O dicho de otra forma: evitar el conflicto social se presenta como parte de la política de seguridad que reclama un sector de la población, cansada de robos, secuestros... y piquetes. Esta doctrina, entonces, cambia el término "represión" por el concepto socialmente aceptado, (y muchas veces reclamado ) de "seguridad"." Escribe el MTD en un libro de reciente publicación en el que presentan una profunda investigación sobre los hechos ocurridos: "Dario y Maxi Dignidad Piquetera, El gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda."

Fernando, de 23 años, miembro del movimiento, trabaja en el comedor del barrio Don Orione, en Claypole, donde ofrecen desayuno, almuerzo y copa de leche a 50 chicos. También participa en proyectos productivos, "hacemos rosquitas para vender y sustentarnos", nos dice, y sobre la masacre de Avellaneda opina: "Es importante que no olvidemos a los caídos tanto de Febrero como del 26 de Junio. Esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto porque sino es una injusticia social lo que se está realizando en la Argentina. Ya no aguantamos más, no podemos resistir tanto tiempo con injusticia, y que eso hace que toda persona con injusticia no pueda vivir tranquila y en paz."


(1)Clarín, 19/06/02
(2)Antes de recibir una trompada el asesino dijo ante los medios en el Hospital Fiorito: "la actuación de la policía se enmarcó dentro del marco legal, nosotros no nos extralimitamos, lo que tratamos de hacer es resistir, no hubo diálogo posible ...". Punto seguido esta es la declaración de Juan José Alvarez: "Hubo personas dentro de la manifestación que pedían auxilio porque corrían riesgo, las fuerzas policiales fueron agredidas. A partir de ahí, los policías que actuaron continuaron despejando la zona, siendo víctimas de una fuerte violencia. Se han visto agresiones con hondas, escopetas y bombas molotov. Es un hecho gravísimo que se va investigar hasta las últimas consecuencias". Quince días después, Alvarez fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
(3)Ramiro, de la CORREPI explica: "Desde el 83 a la fecha tenemos un archivo de casos que superan 1500 casos de gatillo fácil, o de violencia institucional por parte del estado, entre el 2000 y el 2001, hay por año, entre 2000 y 2001, más de 600 casos de denuncias más."
(4)La Ley de Punto Final de 1986 estableció la "prescripción anticipada de la acción en persecución penal de toda persona (miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y penitenciarias) que hubiere participado desde el 24-3-1976 hasta el 26-9-1983, en las operaciones emprendidas con motivo alegado de reprimir el terrorismo." La ley de Obediencia Debida presumió y presume sin admitir prueba en contrario "que quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles ... por haber obrado en virtud de obediencia debida".




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