Julio López
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Repudio del Obispado de C. Rivadavia ante atropello del gobierno a los dd. indígenas
Por re ((ivpress)) - Monday, Nov. 03, 2003 at 12:15 PM

Endepa, Chubut, 30 de octubre. Monseñor Ronchino destacó como ejemplo de la violencia que sufren las comunidades indígenas de Chubut el caso de la Familia Fermín, desalojada injustamente en julio de este año. Instó a las autoridades chubutenses a adecuar la legislación local a lo vigente en la Constitución Nacional para la defensa de los derechos indígenas.

El Obispado de Comodoro Rivadavia, conducido por monseñor Pedro Ronchino, repudió las acciones de "violencia y amenaza de despojo" que sufren los descendientes de las comunidades aborígenes preexistentes por la constitución jurídica de la provincia del Chubut y advirtió que la situación sufrida por la familia Fermín, en la comunidad de Vuelta del Río, es uno de los penosos ejemplos de violación del marco legal existente".

En ese contexto, la diócesis de Ronchino decidió "exigir al máximo que la actuación de los poderes públicos tenga como objetivo la protección de los derechos de los aborígenes, cumpliendo con los preceptos constitucionales". "De esta manera se erradicaría la percepción de que su gestión pudiese
tender a convalidar la usurpación de espacios tradicionalmente ocupados por los aborígenes", agregó.

El documento indica además que "sólo cuando las comunidades aborígenes de nuestra región estén protegidas contra todo despojo posible, se habrá dado un paso necesario para alcanzar el ideal de una provincia consolidada en la solidaridad, la hermandad y la paz".

El pronunciamiento de la Comisión Diocesana Justicia y Paz del Obispado de Comodoro Rivadavia recordó que "hace pocos años el Estado nacional dio un paso reivindicativo muy importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes, sus comunidades y organizaciones".

En ese contexto, destacó el Obispado que el nuevo texto del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoció en 1994 "de un modo categórico los derechos y estableció un nuevo marco de relación, basado en el respeto a la preexistencia étnica y cultural". Un camino similar recorrió la provincia del Chubut al incorporar en el artículo 34 de la Constitución Provincial el reconocimiento de "diversos derechos para las comunidades aborígenes".

El comunicado eclesiástico advirtió que, entre esos derechos, "uno de singular importancia es el que se refiere a la propiedad y posesión comunitaria de las tierras ocupadas ancestralmente y el derecho de obtener la entrega de otras, que sean aptas para el desarrollo humano".

Realidad.

"Pero diversos hechos ocurridos en la provincia del Chubut nos alertan porque configuran un estridente contraste con las declaraciones legales mencionados. Particularmente nos afligen las situaciones de violencia y amenaza de despojo que están viviendo comunidades y pobladores de nuestra provincia y como la sufrida por la Familia Fermín, en la comunidad de Vuelta del Río que es uno de los penosos ejemplos de violación del marco legal al que aludíamos", indicó el pronunciamiento del Obispado comodorense.

En ese contexto, la Comisión Diocesana Justicia y Paz consideró que "el camino del reconocimiento efectivo de los derechos indígenas sólo puede transitarse con un esfuerzo claro de parte de todos los actores involucrados, tanto desde el Estado, como de las comunidades y particulares, sobre la base de que la tierra no puede ser considerada simplemente como una mera mercancía".

Colabelli a juicio.

En relación al caso de la Familia Fernín, el Consejo de la Magistratura de Puerto Madryn se reunió el 16 de octubre y decidió elevar la causa de José Colabelli, juez actuante en el desalojo de la familia mapuche, a Tribunal de Enjuiciamiento por mal desempeño de la función judicial y desconocimiento inexcusable del derecho, según lo establece el artículo 165 de la Constitución provincial.

Cabe recordar que el pasado 3 de julio, Colabelli había ratificado la orden de desalojo contra la familia Fermín, miembros de la comunidad mapuche de Vuelta del Río -compuesta por 25 familias- del departamento Cushamen, Chubut. Este hecho se enmarca dentro de la causa iniciada por Vicente El Khazen, quien asegura ser el propietario real de las tierras que ocupan los Fermín.

Colabelli ya había ordenado un primer desalojo el 14 y 15 de marzo de este año con métodos increíblemente violentos -denunciados por la comunidad-, finalizando en la destrucción de la vivienda familiar y la mayoría de sus bienes. Por otra parte, en la actual causa Colabelli rechazó los planteos de la Defensa y de la Fiscalía sobre 'revocar la medida', por considerarlos extemporáneos, ilegítimos y fuera de todo contexto.

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