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Obispo brasilero amenazado de muerte por defender indios Xavante
Por Agencia Adital - Monday, Jan. 12, 2004 at 2:43 AM

7.enero/2004 - Brasil – Adital* – Hace tres meses los indígenas Xavante Marãwatsedé intentan recuperar la posesión de un área de 165 mil hectáreas de la hacienda Suyá-Missu, en Alto Boa Vista, en el estado brasilero de Mato Grosso, ocupada por 600 poseedores de tierra. Esta área fue oficialmente inspeccionada, demarcada y homologada como área indígena, pero ocupada por agricultores antes que los Xavante pudiesen instalarse.


Actualmente ellos están en un campamento al costado de la carretera BR-158, donde se turnan en número de 80 indios, sin ninguna protección de la Policía Federal o Militar, bajo la mira de 40 ocupantes de la tierra, que se posicionaron en la misma carretera. Para impedir el retorno de los indios, estos ocupantes quemaron dos puentes.

Ante el estado de conflicto inminente, y de la situación de los Xavante que fueron expulsados del área de Suyá-Missu en la década de 1960, el obispo del municipio mato-grossense de São Félix do Xingu, don Pedro Casaldáliga comenzó a actuar en la búsqueda de una solución para el problema. Enseguida el religioso, conjuntamente con otros agentes pastorales y funcionarios de la Fundación Nacional del Indio (Funai), pasaron a recibir amenazas de muerte, conforme denuncia de organismos federales que investigan el crimen organizado en la región.

"Recibí amenazas porque defendí el derecho, primero de los indios a sus tierras. Pero defiendo también que las familias de ocupantes de tierras se vuelvan clientes de la reforma agraria y reciban tierra", observa el obispo. El ministro de Justicia, Márcio Thomas Bastos, ofreció seguridad a don Pedro, que optó por una forma poco ostensiva.

Los obispos Duo Tomás Balduíno, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), y don Eugène Lambert Rixen, obispo de la ciudad de Goiás (GO), visitaron la región del conflicto y la prelacía de don Pedro Casaldáliga, y expusieron en entrevista colectiva de prensa realizada esta mañana en la sede nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra, el histórico de la demanda de los indígenas y el riesgo que éstos conjuntamente con los mediadores están enfrentando.

La decisión sobre la disputa entre los Xavante y los ocupantes de tierra solo saldrá en febrero, cuando la 5ª Jurisdicción de la Justicia Federal, en Cuiabá, estará tratando sobre el asunto.

Cuatro décadas de expurgo

El conflicto tuvo origen en la década de 1960, cuando la agropecuaria Suyá-Missu, para establecerse en la región, consiguió retirar a los Xavante de las tierras con el apoyo del Servicio de Protección al Indio (SPI), órgano federal que cuidaba de la cuestión indígena en aquélla época. Las tierras indígenas fueron prácticamente donadas por el gobierno de Mato Grosso al grupo empresarial.

La remoción fue realizada entre los años 63 y 66, cuando los indios Xavante de aquella área, los Marãwatsedé, fueron deportados en aviones de la FAB para el monte cerrado de la Bacia do Rio das Mortes (Cuenca del Río de las Muertes). En la operación murieron 90 indios.

En 1992, Agip, empresa petrolífera de origen italiana que pasó a controlar el área, resuelve salir de la región. Presionada por organizaciones no gubernamentales, la empresa destinó parte de la hacienda Suyá-Missu (165 mil hectáreas) a los Xavante. Al saber esto, hacendados de los alrededores y políticos de la región alistaron un regimiento de familias de agricultores para ocupar el área reservada a los indígenas, que después no consiguieron retornar a sus tierras.

A lo largo de estos doce años, los Xavante intentan retornar al área. Ésta, sin embargo, viene siendo negociada y ocupada sucesivamente, llegando a la condición de distrito con pretensiones de ser emancipada en municipio, "Estrela do Araguaia".

Hace menos de un mes, la presidencia de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y el Consejo Episcopal de Pastoral en carta enviada al ministro Márcio Thomás Bastos relata la situación de conflicto entre los Xavante y los ocupantes de la tierra y las amenazas de muerte a don Pedro Casaldáliga y otros involucrados en el asunto.

El texto de la carta pide que se movilice "un efectivo necesario de la Policía Federal en el lugar del conflicto para asegurar la integridad física del pueblo Xavante; sean reasentados todos los ocupantes que son clientes de la reforma agraria; sea garantizada la seguridad a don Pedro Casaldáliga y agentes de la Pastoral de la Prelacía, que vienen sufriendo amenazas de muerte por su defensa a los derechos de los Xavante a la posesión de la tierra.

* Con informaciones de la CPT, Cimi, CNBB e Isa.

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