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Chile: imputados por asociación ilícita denuncian montaje para incriminar a mapuche
Por Fuente: Clajadep - Saturday, Jan. 17, 2004 at 3:18 PM

ZONA MAPUCHE

Wallmapu: Conferencia de prensa de la Coordinadora Arauco Malleco, combativa organización del pueblo mapuche

x Clajadep - [ 17.01.04 - 14:43 ]


Diario El Gong
IMPUTADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA DENUNCIAN MONTAJE PARA INCRIMINAR A MAPUCHE
- 1/16/2004 16:23

Lo que ha continuación se reproducen, forman parte de los antecedentes entregados en conferencia de prensa realizada esta mañana, para dar detalles de una denuncia en que se habría incurrido en un montaje para la acusación de asociación ilícita de comuneros y no mapuches ligados a la Coordinadora Arauco Malleco.

Solo se han hecho pequeñas correcciones, como solo dar iniciales de personas ligadas a la denuncia, para no incurrir difamación en un hecho que aun es investigado y que según estos antecedentes involucra también a servicios públicos

IMPUTADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA Y
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE
DENUNCIAN MONTAJE PARA INCRIMINAR A MAPUCHE

Antecedentes

Angélica Ñancupil y su pareja José Llanquileo, fueron detenidos el día 4 de diciembre del 2002, en la vivienda que arrendaban en el sector Pedro de Valdivia de Temuco.

A ambos se les acusó de pertenecer a una Asociación Ilícita Terrorista, a raíz de la investigación que se sigue en contra de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco y se les decretó la medida de prisión preventiva.

Angélica permaneció detenida durante cuatro meses en el Centro de Reclusión Femenina de Temuco, egresando en el mes de abril, luego de mantener una huelga de hambre por 35 días, momento en que se le cambió la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario, que hasta la fecha debe resguardar en una comunidad mapuche de esta comuna.

Por su parte, José Llanquileo, desde el día 4 de diciembre ha permanecido en prisión preventiva, encontrándose actualmente en la Cárcel de Angol.

RELATO DE HECHO QUE EVIDENCIA MONTAJE EN CONTRA

Durante los primeros días de diciembre del año 2002, un reportero grafico del diario El Mercurio llamó insistentemente a José Llanquileo a su teléfono celular, para solicitarle una entrevista, argumentando que poseía una información relevante que quería transmitirle, dado que José solía ser entrevistado por diferentes medios de comunicación a raíz de su trabajo público en defensa de los derechos humanos mapuche. El día martes 3 de diciembre del 2002, Angélica Ñancupil y José Llanquileo se encontraban en el sector céntrico de Temuco, cuando José nuevamente recibió una llamada de esta persona y acuerdan reunirse alrededor de las 13,00 horas. Si bien Angélica y José realizaban juntos algunos trámites en el centro de Temuco, sólo José concurre a la entrevista.

Es así como alrededor de las 13,00 horas, José se reúne con F. P., reportero grafico en Temuco del diario El Mercurio, que es la persona que lo llamó y quien, una vez reunidos, lo invita a un local de café al cual se dirigen, ubicado en un segundo piso, al lado del edificio Campanario, en la calle Claro Solar de Temuco.

F. P., señaló a José Llanquileo que habría conseguido una importante información referida a las comunidades mapuche en conflicto que él quería entregárselas en una muestra de confianza. Palma le señala que esta información provendría directamente de la Gobernación Regional, puesto que de ahí se la habrían entregado en calidad de “reservada” a su compañero de trabajo periodista I. F., y éste se la habría entregado a él.

Se trató de una documentación que F.P. entregó personalmente a José Llanquileo, consistente en tres hojas impresas, que correspondían a dos fotografías y un organigrama; también le hace entrega de dos disquetes que supuestamente contenían mayor información, además de la misma información impresa. Ambas fotografías correspondían a Héctor Llaitul, otro de los imputados en la causa por Asociación Ilícita Terrorista; y el organigrama mostraba una supuesta ordenación de cargos y roles en la investigada Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, graficando una organización jerárquica que sindicaban a Héctor Llaitul como “jefe” de la organización, apareciendo como subalternos los imputados José Llanquileo y Angélica Ñancupil, entre otras personas, incluyendo alrededor de tres líneas jerárquicas. La mayoría de las personas que ahí figuraban con fotografías y nombres, están siendo procesados por esta misma causa; aparecían, además, personas desconocidas y otras que no recuerdan.

Los dos disquetes más las tres hojas impresas, entregadas por Francisco Palma fueron recibidos por José Llanquileo, quien una vez en su casa, junto a Angélica Ñancupil intentaron infructuosamente revisar los dos disquetes entregados por Palma en el computador personal que Angélica mantenía en la vivienda. Sin embargo, no fue posible revisar los archivos ya que, al parecer, el PC no tenía incorporado en su disco duro el programa en el cual habían sido grabados los supuestos archivos que contenían los disquetes.

Alrededor de las 7,30 horas del día siguiente [4 de diciembre del 2003], la vivienda que habitaban Angélica y José fue violentamente allanada por más de un centenar de carabineros, quien luego de botar la puerta de entrada, procedieron a registrar, fotografiar y a detenerlos a ambos, únicas personas que se encontraban en el lugar. Un operativo similar se realizó a la misma hora en distintas zonas de la novena región, que arrojó como resultado la detención de 15 personas, siendo formalizados el día 6 de diciembre, por su supuesta participación en una Asociación Ilícita Terrorista.

Según consta en los antecedentes judiciales, en todos los operativos fueron incautadas algunas pertenencias, documentación y materiales que burdamente han sido considerados como elementos probatorios de su supuesta participación en la Asociación Ilícita Terrorista, elementos que por supuesto no se condicen con el carácter terrorista con que se les pretende calificar. Entre las pertenencias incautadas a la vivienda de Angélica Ñancupil y José Llanquileo, se encontrarían documentos, disquetes, discos compactos, videos y el computador personal de Angélica Ñancupil.

Por otra parte, el mismo día 4 de diciembre, alrededor de las 9,00 horas, personal civil de carabineros, incautó dos computadores de la Fundación de Desarrollo Campesino [FUNDECAM], institución en la cual Angélica Ñancupil prestaba sus servicios profesionales como Profesora de Educación Básica Intercultural, aludiendo a que serían computadores que también eran utilizados por la ahora imputada.

ANTECEDENTES DEL PROCESO JUDICIAL

El 4 de diciembre del año 2002 fueron detenidas 15 personas en un operativo simultáneo realizado en Temuco, Nueva Imperial, Ercilla y Collipulli a quienes se les imputó ser miembros de la “Cordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco”. En esa ocasión se tomó conocimiento de una investigación que habría realizado el Ministerio Público de la novena región, durante los ocho meses previos a las detenciones.

El 6 de diciembre los fiscales del Ministerio Público: Luis Chamorro Diaz, Francisco Rojas Rubilar, Alberto Chiffele Márquez, Gloria Turra Lagos y Cristián Paredes Valenzuela, dieron comienzo al proceso de formalización a 23 personas vinculadas a la mencionada organización, por su eventual participación en calidad de autores en el ilícito de “Asociación Ilícita Terrorista”.

Según el Ministerio Público esta organización tiene como fin infundir terror en la población y ser víctima de delitos de la misma especie, razón por la cual se justifica la aplicación de la Ley Antiterrorista Nº 18.314. Uno de los argumentos más recurrentes de los fiscales para considerar a la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco como una organización terrorista, y a los individuos que supuestamente se vinculan a ella, es su orden jerárquico. Es decir se trataría de una organización con una estructura jerárquica y funcional, como se sostiene en la audiencia de formalización:

“La investigación desplegada hasta la fecha por el Ministerio Público ha podido determinar que en la región la agrupación ha actuado bajo el amparo de la autodenominada Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Malleco, orgánica que presenta una estructura jerarquizada funcional, en la que sus miembros actúan en distintas zonas de la región...”

Más adelante se afirma:

“[…] los imputados presentes en esta audiencia junto a otras personas que se encuentran con órdenes de detención, y a otros que seguramente serán individualizados en el transcurso de la investigación, se han organizado creando una estructura jerárquica funcional pues en ella claramente se identifica una jerarquía cierta y una distribución de funciones […]”

Esta estructura jerárquica funcional contemplaría, según la fiscalía, a dirigentes, líderes operativos, ejecutores materiales, provocadores, instructores, jefes militares, voceros, operativos de base, etc. que se coordinarían para efectuar diversos ilícitos en diferentes zonas de la región.

Las argumentaciones del Ministerio Público se fundamentan en la investigación realizada por parte de funcionarios policiales especializados, la que constó de seguimientos, interceptaciones telefónicas, vigilancias discretas, filmaciones, etc . Además, el mismo día de las detenciones fueron incautadas algunas especies en las viviendas allanadas. Estas especies fueron consideradas como supuestas “pruebas o evidencias”, y entre las más importantes se encuentran cuatro computadores que según los fiscales, son la pieza fundamental en la investigación para determinar las conexiones y/o vinculaciones con otros grupos subversivos tanto nacionales como internacionales .

Con respecto a ello, en la audiencia de formalización los fiscales sostienen:

[...] de los computadores incautados se ha determinado la estructura de esta organización, la cual cuenta con una página web en la cual se justifica el accionar violento como único método de acción, hace presente que se ha intentado trastocar el orden y la seguridad pública […]”

Es decir, dentro del disco duro de los computadores incautados se encontraría información, que según el Ministerio público daría cuenta de esta “estructura jerárquica funcional”. Afirmación que posteriormente es complementada en la audiencia de formalización del imputado Héctor Llaitul, el día 22 de mayo, donde el Fiscal Alberto Chiffelle señala:

“[…]se encontró un organigrama de la Coordinadora en un computador de la vocera de la organización, en el cual se sindica al imputado como uno de los jefes máximos de la organización […]”

La fiscalía informa sobre la supuesta existencia de un “organigrama” y que éste se encontraría en el disco duro del computador de “la vocera” de la organización. Hasta el momento la única persona individualizada como “vocera” en este proceso es Angélica Ñancupil, en la audiencia de formalización del 6 de diciembre cuando los fiscales afirman que:

“José Llanquileo y Angélica Ñancupil son identificados como voceros, líderes, y provocadores del conjunto de actividades ilícitas que desarrolla la asociación [...]”

Por lo tanto, Angélica Ñancupil tendría en su computador un “organigrama” que revelaría toda la “estructura jerárquica funcional”, es decir, contendría información sobre las funciones de cada uno de los imputados, las distintas relaciones entre ellos, vertical y horizontalmente. Estas argumentaciones del Ministerio Público, resultaron convincentes para que el Tribunal de Garantía encabezado por la Magistrada Isabel Uribe Molina calificara la conducta de todos los imputados “como terrorista” .

El día 23 de mayo 2003, en la audiencia de Revisión de la Medida de Prisión Preventiva del imputado José Llanquileo, José Cariqueo y Jaime Marileo el Fiscal Francisco Rojas Rubilar sostiene que:

“En su domicilio se encontró un organigrama donde se le identifica como líder […]”

No se hace referencia a que habría sido una información supuestamente encontrada en el computador, y sólo se señala:

“[...] la página web de la coordinadora Arauco Malleco, era nutrida por una serie de vocerías y comunicados efectuados en los computadores de Llanquileo y Angélica Ñancupil [...]” .

Resulta confuso que en esta audiencia no se señale al organigrama como prueba incautada dentro de los computadores, sino que se afirme que “es encontrado en el domicilio”, si el día anterior [22 mayo] en la formalización de la detención de Hector Llaitul se sostiene claramente que el organigrama se encontraría dentro del computador de la “vocera de la organización”. No queremos ver esto como una simple “omisión” o “diferencia” entre los fiscales, pues la presencia de un organigrama de la organización que se sindica como “terrorista” es un punto crucial en la argumentación del Ministerio Público contra todos los imputados para acusarlos de Asociación Ilícita Terrorista.

El 11 de diciembre del 2003, se decretó el cierre de la investigación, y el día 20 fueron “acusadas” un total de 18 personas por el supuesto delito de participar “en calidad de autores en el delito de Asociación Ilícita Terrorista”. Próximamente, se llevará a cabo el Juicio Oral contra estas personas, ante el cual se exhibirán 213 supuestas pruebas viciadas, entre las que se incluyen las mencionadas, y otras tan absurdas entre las que se pueden mencionar, a modo de ejemplo, las siguientes: portada de “Diario Austral”, un certificado de matrimonio, un escrito de recurso de apelación, dos planos reguladores de tierra o un teléfono móvil.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN:

Preocupa a los imputados la afirmación de los fiscales respecto de que el “organigrama” se encontraría al interior de alguno de los computadores, entre esos el computador de Angélica, pues nunca conocieron la existencia de un organigrama, sino hasta el día anterior de su detención, cuando este les fue traspasado en hoja impresa por el reportero en Temuco del diario El Mercurio, Francisco Palma.

Existe, por lo tanto, para los imputados por Asociación Ilícita Terrorista, en particular, para Angélica Ñancupil y José Llanquileo, importantes razones para creer que se trata de un montaje planificado, pues se trata de pruebas inconsistentes y fabricadas de manera burda, ya que no se puede afirmar que una organización ilícita, además terrorista, construya un organigrama para definir las funciones de cada integrante, y más aún las elabore y mantenga guardadas en un domicilio particular, ubicado además, a escasos metros de una de las avenidas principales de Temuco.

Es claro que la acusación por Asociación Ilícita Terrorista se fundamenta en la base de demostrar la existencia de una estructura organizativa funcional y el orden jerárquico de la organización, pues los imputados no están siendo imputados por haber cometido algún delito sino que se les imputa haberse organizado para cometer ilícitos. Estos supuestos “ilícitos” no han sido probados en las causas que se siguen y de los cuales se presume participación, lo que afecta gravemente la presunción de inocencia, fundando sus aprensiones para considerar que no existe un “debido proceso”.

Existen además otros comprobados antecedentes de la actuación organizada y planificada de grupos serviles al empresariado y latifundistas que actúan fuera del marco legal institucional, que probablemente se han coludido con funcionarios policiales y/o judiciales para desarrollar acciones represivas y de amedrentamiento que hasta la fecha han quedado en la más absoluta impunidad, como es el caso del secuestro por parte de civiles no identificados de Daniela Ñancupil [sobrina de la denunciante] de sólo 12 años, o la posterior quema de vehículo del abogado defensor en esta causa, o las amenazas de muerte a destacados dirigentes mapuche.

A RAIZ DE LO EXPUESTO, es dable señalar que la actuación de F.P, reportero grafico del diario El Mercurio, es parte de un conjunto de maniobras que tiene por fin inculpar a los imputados. Creemos que este hecho es parte de una OPERACIÓN POLÍTICA desarrollada por grupos de derecha y sectores empresariales forestales que han visto afectadas sus inversiones en zonas mapuche, quienes apoyándose en los medios que tienen a su disposición, como en este caso el consorcio periodístico El Mercurio, han desarrollado una operación encubierta para incriminar a los mapuche. Este montaje es aprovechado y avalado por el gobierno, carabineros y el sistema judicial que se han valido de estas pruebas artificiosas, ante la desesperación de los fiscales y jueces de no contar con antecedentes y pruebas sólidas para incriminar a los comuneros mapuche por su supuesta vinculación con esta organización calificada de “terrorista”.

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