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Los rehenes del Estado chileno
Por Fuente: Kolectivo Lientur - Friday, Jan. 23, 2004 at 3:50 PM

Desde el resurgimiento de las movilizaciones del pueblo mapuche en la zona sur de Chile el año 1999, cientos de personas, entre hombres, mujeres, ancianos e incluso niños, han pasado por las cárceles de la democracia chilena, acusados de delitos contra el orden público, usurpación de tierras, sabotajes a empresas transnacionales y, en el último año, de constituir organizaciones de carácter "terrorista" que atentan con sus acciones contra el Estado chileno y la sociedad en su conjunto.

Líderes mapuche en cárceles chilenas, acusados de "terrorismo"
Los rehenes del Estado chileno

Por Kolectivo Lientur / 21 de enero de 2003

Desde el resurgimiento de las movilizaciones del pueblo mapuche en la zona sur de Chile el año 1999, cientos de personas, entre hombres, mujeres, ancianos e incluso niños, han pasado por las cárceles de la democracia chilena, acusados de delitos contra el orden público, usurpación de tierras, sabotajes a empresas transnacionales y, en el último año, de constituir organizaciones de carácter "terrorista" que atentan con sus acciones contra el Estado chileno y la sociedad en su conjunto. Se calcula en no menor de 400 la cifra de ciudadanos mapuche hoy en día procesados por la justicia chilena, la mayoría de ellos campesinos que luchan por recuperar territorios usurpados en el pasado por el Ejército chileno y hoy en manos de empresas transnacionales forestales y energéticas.

Comunidades enteras, organizaciones tradicionales de base, lonkos y werkenes (líderes políticos) están siendo hoy víctimas de un sistema penal marcadamente racista y persecutorio, el mismo que variados organismos de defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional (Inglaterra) y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (Francia), han denunciado por violar con sus procedimientos las garantías mínimas del debido proceso y la presunción de inocencia para los ciudadanos mapuche imputados de la comisión de un delito. Actualmente, 15 mapuches cumplen condenas en diversos penales de la VIII y IX regiones del sur de Chile, la mayoría de ellos acusados de acciones "terroristas" por parte del Ministerio Público de La Araucanía y son reivindicados por el pueblo mapuche en su conjunto como "prisioneros políticos".

En la cárcel de Concepción, se encuentran recluidos los werkenes (voceros) del pueblo mapuche Víctor Ancalaf Llaupe (condenado por "atentado terrorista" a 10 años de cárcel), José Huenchunao Mariñan y Héctor Llaitul Carillanca (ambos imputados por "asociación ilícita terrorista"); en la cárcel de Lebu el ciudadano mapuche Juan Carlos Arriagada Fren (acusado de incendio); en la cárcel de Angol, Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, Luis Amable Catrimil Huenupe, José Osvaldo Cariqueo Saravia, José Francisco Llanca Ahilla, José Belisario Llanquileo Antileo, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Troncoso Robles (acusados de "asociación ilícita terrorista" y en algunos casos de "incendio"); en la cárcel de Traiguén, Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norin Catriman (ambos condenados por "amenaza terrorista" a 5 años de cárcel); y en la cárcel de Temuko, Mireya Figueroa Araneda (acusada de "asociación ilícita terrorista" e "incendio").

A este grupo de personas se suman más de un centenar de mapuches condenados por la justicia chilena en los últimos tres años y que se han acogido a beneficios extra-carcelarios, así como también varios miembros del movimiento mapuche hoy prófugos de la justicia, debido a la desconfianza que les provocan las actuaciones arbitrarias de los magistrados y de las propias autoridades de gobierno, que han privilegiado la aplicación de medidas represivas para desarticular un conflicto de profundas connotaciones históricas, culturales y políticas. Haciendo caso omiso del legítimo reclamo mapuche por recuperar sus derechos políticos y territoriales en la zona sur de Chile, las autoridades de la Concertación gobiernista han optado por aplicar severos cuerpos legales, heredados en su mayoría de la dictadura militar de Augusto Pinochet, para perseguir a los líderes del movimiento e ilegalizar sus organizaciones.

Emblemático es el caso de los lonkos (jefes) Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norin, así como de los werkenes (voceros) Víctor Ancalaf Llaupe y José Huenchunao Mariñan, todos ellos destacados representantes del pueblo mapuche y que han sido especialmente perseguidos por las autoridades bajo la Ley 18.314 que sanciona "Conductas Terroristas" en Chile desde el año 1984, fecha en que fue creada por la dictadura militar para perseguir y "aniquilar" a opositores políticos de izquierda. A continuación, un breve perfil de cada uno de estos líderes mapuche hoy presos políticos de la democracia chilena.

Lonkos Pascual Pichún Paillalao - Aniceto Norin Catriman

Pascual Pichún Paillalao es lonko de la comunidad Antonio Ñiripil, ubicada en el sector de Temulemu, comuna de Traiguén e integrada por alrededor de 100 familias campesinas. Padre de siete hijos, irrumpió como dirigente mapuche tras liderar la ocupación del Fundo Santa Rosa de Colpi de la empresa Forestal Transnacional Mininco S.A., en diciembre del año 1998, reclamando derechos ancestrales sobre dicho territorio. Junto a otras tres comunidades, Pascual Pichún fue la cara visible de un prolongado conflicto que desembocó -ante la negativa de las autoridades a resolver las demandas de las comunidades- en fuertes enfrentamientos y en la total militarización de la zona por parte de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Tras dos años de resistencia y cuando las comunidades habían logrado expulsar a la empresa forestal de la zona, las autoridades y los tribunales de justicia acusaron al lonko de ser el autor de un atentado incendiario que, en diciembre de 2001, redujo a escombros la hacienda patronal de Juan Agustín Figueroa, latifundista vecino de la comunidad, ex ministro de la Concertación e influyente abogado y miembro del Tribunal Constitucional de la República. Bajo esta acusación, Pascual Pichún fue encarcelado durante un año en la ciudad de Traiguén, siendo posteriormente declarado "inocente" por la justicia de los cargos de "terrorismo" que se le imputaban.

Sin embargo, las presiones ejercidas en la magistratura por Juan Agustin Figueroa lograron se anulara dicha sentencia, siendo en septiembre del año 2003 encontrado culpable del delito de "amenaza" tras la realización de un segundo juicio oral plagado de irregularidades y que contó incluso con la participación de "testigos sin rostro" que declararon en contra del dirigente. En este doble juicio, Pascual Pichún fue condenado a 5 años de cárcel, pena que se encuentra cumpliendo hoy en día en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Traiguén.

Aniceto Norin Catriman es lonko de la Comunidad Lorenzo Lorin del sector Didaico, en la comuna de Traiguén. Junto a Pascual Pichún, lideró la ocupación del Fundo Santa Rosa de Colpi el año 1998, reclamado a la empresa Forestal Mininco S.A., movilización en la cual resultó arrestado en varias ocasiones por la policía y condenado más tarde por la justicia a una pena de 3 años de cárcel por el delito de "usurpación de tierras". Al igual que el lonko de Temulemu, Aniceto Norin también fue acusado más tarde de ser uno de los autores materiales del incendio que afectó en diciembre del año 2001 la hacienda patronal del Fundo Nancahue, así como también de otros siniestros que afectaron en igual fecha el Fundo San Gregorio ubicado en el mismo sector.

Por estas acusaciones, Aniceto Norín permaneció un año completo en prisión, siendo más tarde declarado inocente por la justicia de todos los cargos imputados en su contra por los fiscales del Ministerio Público. Sin embargo, en un segundo juicio oral desarrollado en su contra, Aniceto Norin fue encontrado culpable de "amenazas terroristas" en contra de los propietarios de ambos predios y condenado por los tribunales de la ciudad de Angol a 5 años de cárcel, pena que se encuentra cumpliendo a la fecha en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Traiguén.

Cabe destacar que tanto el lonko Pascual Pichún como Aniceto Norín, se encuentran gestionando la presentación de sus causas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con sede en Washington DF., debido a los evidentes atropellos a sus derechos de que han sido víctimas por parte del sistema judicial chileno en los últimos tres años.

Werkenes Víctor Ancalaf Llaupe - José Huenchunao Mariñan

Víctor Ancalaf Llaupe es werken de la Comunidad mapuche Choin Lafkenche, ubicada en el sector San Jorge, comuna de Collipulli. Padre de cinco hijos, Ancalaf se transformó en un reconocido líder mapuche al fundar el año 1998, junto a otros dirigentes de Arauco y Malleco, la organización mapuche Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), en la cual se desempeñó durante dos años como su principal vocero público.

Entre los años 1998 y 2000, Ancalaf lideró recuperaciones de tierras en distintas zonas geográficas del Wallmapu, impulsando entre las comunidades la ocupación efectiva de predios como vía de presionar al gobierno y a las empresas forestales para su devolución. Producto de sus acciones políticas, Ancalaf fue encarcelado por las autoridades en diversas oportunidades, siendo acusado de delitos contra el orden público y daños a la propiedad privada en reiteradas ocasiones, sin que se pudieran probar -en muchos de esos casos- tales cargos por parte de los tribunales de justicia chilenos.

Sin embargo, el año 2001Víctor Ancalaf permaneció siete meses encarcelado en la ciudad de Temuco, acusado de "secuestrar" a un ministro de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad en el marco de una movilización pacífica tendiente a exigir, por la vía de la ocupación temporal de un tribunal comunal, la liberación de numerosos presos políticos mapuche. Una vez recobrada su libertad provisoria y retirado de su organización, Ancalaf participo activamente de la defensa del territorio pehuenche amenazado por la construcción de represas hidroeléctricas en la zona del Alto Bio-Bio, proyecto impulsado por la transnacional Endesa-España y el gobierno chileno. Por su apoyo a la resistencia pehuenche, Ancalaf fue acusado de "atentados terroristas" en contra de Endesa-España y arrestado en abril del año 2002, permaneciendo desde esa fecha encarcelado en la ciudad de Concepción. El pasado 2 de enero, Ancalaf fue finalmente condenado por la justicia a 10 años de cárcel por esta causa.

José Huenchunao Mariñan es werken de la organización mapuche Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM). Fundador junto a Víctor Ancalaf de dicha organización autonomista, Huenchunao se destacó entre los años 1995 y 1999 como un gran organizador de las comunidades lafkenche de Arauco, territorio donde se emplaza su comunidad de origen, en las inmediaciones del lago Lleu-Lleu. Tras la fundación de la CAM, Huenchunao participa activamente de las movilizaciones mapuche desarrolladas en el sector costero de la Provincia de Arauco, siendo requerido en varias oportunidades por los tribunales de justicia bajo infundadas acusaciones de promover desórdenes públicos y ocupaciones de tierras.

Tras el alejamiento del werken Víctor Ancalaf de la CAM, Huenchunao asumió la vocería de dicha organización, rol que desempeñaba al momento de ser detenido en noviembre de 2002 en un operativo policial desarrollado en la localidad de Tirúa, tras la ilegalización de la CAM decretada por los tribunales de justicia de La Araucanía. Desde esa fecha, José Huenchunao se encuentra recluido en la cárcel El Manzano de Concepción, acusado de "asociación ilícita terrorista" por los fiscales del Ministerio Público, además de estar siendo investigado por varios delitos de incendio ocurridos el año 2001 en la zona del lago Lleu-Lleu y que afectaron al empresario Osvaldo Carvajal Rondanelli, cuyas propiedades son reivindicadas desde hace décadas por la comunidad mapuche Pascual Coña.

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