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Por tk - Tuesday, Jan. 27, 2004 at 7:13 PM

PROTESTA POPULAR HACE DUDAR A MESA SOBRE EL GASOLINAZO

Redacción de Econoticiasbolivia.com

La Paz, enero 27, 2004.- En la administración gubernamental boliviana crece el temor de que la inminente adopción de severas medidas económicas ocasione nuevos levantamientos populares y se ponga en serio riesgo la estabilidad y permanencia del presidente Carlos Mesa en el poder.

La convocatoria a la huelga general y el bloqueo de caminos realizada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la amenaza del poderoso gremio de los transportistas para paralizar el país virtualmente han partido en dos al equipo ministerial, según pudo conocer Econoticias en fuentes de alta confidencialidad en Palacio de Gobierno.


Unos, los ministros del área económica, insisten con aprobar el aumento del precio de los carburantes, reducir el subsidio al gas licuado doméstico e imponer más cargas tributarias sobre los asalariados. Otros, los del área social y política, temen, en cambio, que estas medidas antipopulares sean el principio del fin del gobierno de Mesa, que apenas lleva en el poder 100 días.


"Al equipo de ministros que forma parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) le tiembla la mano a la hora de asumir las decisiones finales", confirmó por su parte el matutino oriental "El Deber".

CONTRA LA PARED


Según el compromiso asumido a principios de mes, el presidente Mesa debe anunciar este fin de semana su plan económico para aliviar en algo las quebrantadas finanzas públicas, que arrastró en el 2003 un déficit fiscal de más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el más elevado de las últimas dos décadas.


Para el 2004, el déficit acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es ligeramente superior al 6 por ciento, pero que aún no ha sido financiado en su mayor parte. Los organismos internacionales y países amigos, reunidos en el Grupo de Apoyo a Bolivia, han exigido una drástica reducción del gasto interno y un "significativo aumento" en las recaudaciones internas, antes de proceder a otorgar nuevos créditos y donaciones.


Inicialmente, el equipo económico liderado por el ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, un tecnócrata que también fue ministro del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quería obtener más de 105 millones de dólares del Grupo de Apoyo, para que las medidas internas no sean tan traumáticas. La iniciativa, sin embargo, fracasó a mediados de enero.


Ahora, la administración de Mesa debe recaudar internamente casi 300 millones de dólares para cerrar el hueco fiscal con aportes de las empresas petroleras que operan en el país y, fundamentalmente, con el aumento del precio de los carburantes, que es fácil de recaudar por su alto impacto en la economía, pero difícil de aplicar por la anunciada resistencia popular.


La COB y los transportistas ya han advertido que el gasolinazo hará arder Bolivia. "El gasolinazo está en marcha, pero el pueblo y los transportistas no lo vamos a permitir", aseguró Angel Villacorta, dirigente máximo de la Confederación de Choferes.


Según denunció Villacorta, la intención gubernamental es aumentar los precios de los carburantes entre el 8 y 12 por ciento, lo que ocasionaría de inmediato un efecto en cadena elevando los precios de todos los artículos de consumo popular. Así, el Gas Natural Comprimido (GNC) subiría de Bs 1,66 el metro cúbico a 1,92, la a garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Bs 21 a 35, el litro de gasolina de Bs 3,31 a 3,57 y el diesel de Bs 3,12 a 3,50.

SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS


En el equipo económico gubernamental admiten que estas medidas son altamente impopulares, pero confían en que serán comprendidas y aceptadas paulatinamente por la población. "Las medidas costarán sangre, sudor y lágrimas", anticipó días atrás el ministro Nogales.


Sin embargo, otro es el criterio de los colaboradores más cercanos al Presidente. Según informa el matutino oriental, "el entorno del jefe de Estado presiona para que esto (el gasolinazo) no suceda, por la reacción que ocasionaría en la población, (por lo que) pidió un compás de espera de por lo menos 8 meses para que las medidas no provoquen un shock".


Por lo menos hasta ahora, no se conoce oficialmente la posición del presidente Mesa sobre estas alternativas, manejadas por separado por su gabinete ministerial. Lo que sí trascendió es que el planteamiento de los "ministros tecnócratas" del área económica cuenta con el apoyo de los organismos internacionales.






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