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Gulumapu: Relator ONU solicita amnistía para lonkos mapuches
Por Kolectivo Lientur - Thursday, Feb. 05, 2004 at 5:36 PM
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El Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, pidió al gobierno chileno explícitamente una "amnistía general" a favor de los lonkos mapuche (líderes tradicionales) encarcelados por "terrorismo" y que impulsan la defensa de sus tierras comunitarias frente al avance de las empresas forestales transnacionales en la zona sur de Chile.

Stavenhagen visitó Chile entre el 18 y el 29 de julio pasados y entregó un informe sobre la situación de los indígenas en noviembre al gobierno de Ricardo Lagos, documento que sólo trascendió el pasado lunes tras ser publicado por el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de La Frontera en Temuko. "Bajo ninguna cir cunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas", señala parte del documento.

"No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos ['amenaza terrorista', 'asociación delictuosa'] a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas", señaló en el documento Stavenhagen, reconocido especialista mexicano en derechos de las minorías étnicas. El Relator pidió expresamente al gobierno chileno que se revisen los casos de los procesados líderes Pascual Pichún y Aniceto Norín, ambos hoy encarcelados en la prisión de Traiguén bajo acusación de "amenazas terroristas" y "asociación ilícita" por promover ocupaciones de tierras en la región de La Araucanía.

La voz del gobierno

Paradójicamente, la solicitud del Relator de Naciones Unidas encontraría una enconada oposición en la figura del Director Nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), Aroldo Cayun Anticura. "No están dadas las condiciones para que una cosa así suceda", señaló c ategórico Cayun en Temuko, quien dirige una de las instituciones del Estado preocupadas precisamente -o al menos en teoría- de la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.

"En su propuesta (el Relator) indica que las acciones legitimas no deberían judicializarse, criminalizarse, pero respecto de los hechos que implican delito, obviamente que el Estado tienen el deber de actuar. Cuando hay acciones que implican daños a terceros, se deben investigar esos hechos", enfatizó Cayun, a la vez que criticó la forma en que se presentó el Informe del Relator de la ONU, por cuanto sólo se estarían destacando -precisó- aquellos aspectos negativos para la imagen del gobierno y no todos los avances logrados en materia indígena desde el retorno de la democracia.

"Stavenhagen también hace un reconocimiento a la política indígena nacional. Reconoce que el problema indígena es un problema centenario en nuestro país y también muy claramente los enormes esfuerzos que se han realizado en los últimos 13 años para enfrentar este tema con todas sus dimensiones..., valora la Ley Indígena como un buen instrumento, el Fondo de Tierras, etc. En términos generales el Informe es un emplazamiento más bien a la sociedad en general, no solamente al gobierno”, señaló finalmente Cayun.

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