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Gulumapu: Críticas a maltrato periodístico contra mapuches
Por Ernesto Carmona* / Especial para Kolectivo Li - Thursday, Feb. 05, 2004 at 5:42 PM
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Un documento de Naciones Unidas sobre la discriminación a la población indígena chilena criticó el maltrato unilateral de la prensa a los pueblos originarios, en particular al pueblo mapuche en la zona sur del país. Los medios periodísticos locales y el gobierno silenciaron este Informe "sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas", emitido el 17 de noviembre de 2003 por Rodolfo Stavenhagen, prestigiado especialista mexicano en derechos indígenas.

Stavenhagen cumplió en 2003 una misión en Chile para conocer en terreno la situación de todos los pueblos indígenas como Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por mandato de la Resolución 57 del 65° período de sesiones celebrado en 2001 en Ginebra. El relator dijo que del 18 al 29 de julio de 2003 “pudo observar cómo estos medios se ocupan del tema aún candente en Chile de las violaciones históricas de los derechos humanos, pero prestan poca atención a los derechos humanos de los indígenas”. Su propio informe corrió esa suerte, porque no fue difundido por la prensa hasta que el diario electrónico El Mostrador lo obtuvo de la Universidad La Frontera de Temuko sólo el pasado 2 de febrero.

Stavenhagen, que ha cumplido estas misiones también en Filipinas y México (Chiapas), concluyó que “la población indígena sigue estando marginada del reconocimiento y la participación en la vida pública del país, como resultado de una larga h istoria de negación, exclusión socio-económica y discriminación por parte de la sociedad mayoritaria”.

Críticas al duopolio periodístico

“Las organizaciones mapuches se quejan que en los medios de comunicación (prensa escrita y audiovisual) no reciben la misma cobertura que los llamados “poderes fácticos,” y consideran que esta situación vulnera su derecho humano a la información”, indicó el académico. El Relator considera que “después de la recuperación de la libertad de prensa lograda en el país, los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer una visión objetiva y equilibrada de asuntos tan importantes como las luchas por los derechos humanos de los pueblos indígenas”, sostiene el documento de Naciones Unidas.

Las "Recomendaciones a los Medios de Comunicación" de Stavenhagen, contenidas al final de su reporte de 33 páginas, indican que “las comunidades y pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo para acceder plenament e al uso de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, internet), por lo que se recomienda a los principales medios del país que, en forma conjunta con las facultades académicas interesadas, promuevan cursos y seminarios para buscar nuevas vías de acceso a los medios para las comunidades indígenas”.

El Relator “recomienda también a los medios de comunicación existentes redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas, así como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas”. Las críticas del Relator aluden implícitamente a El Mercurio y a sus 14 diarios regionales (entre ellos El Diario Austral de Temuco) que monopolizan la prensa escrita de circulación nacional y local, en alianza con el grupo Copesa, propietario de los diarios La Tercera y La Cuarta, los 4 canales de alcance nacional y prácticamente todas las radioemisoras. Es decir, toda la pren sa chilena.

El caso Cayuqueo

En otra demostración de la represión mediática a la etnia, Carabineros detuvo en Temuco el pasado 22 de enero de 2004 al periodista mapuche Pedro Cayuqueo, director del portal de contra información "Kolectivo Lientur" y del periódico Azkintuwe, de circulación en ambos lados de la cordillera. La policía se apropió de 200 ejemplares que no fueron devueltos, en tanto un tribunal de la región mapuche lo dejó en libertad vigilada, con la obligación de firmar una vez por semana y el pago de una caución para asistir a una reunión de su equipo periodístico en el Puelmapu, Argentina.

El Colegio de Periodistas de Chile exigió un "debido proceso" a Cayuqueo, acusado también de cometer delitos "terroristas", pero ningún medio periodístico chileno registró estas noticias. "Sepan que lo sucedido contra mi persona no es casualidad del destino. Por el contrario, es la continuidad de un conflicto interminable que el gobierno laguist a intenta inútilmente sofocar con burdas estrategias de represión", señaló hoy Cayuqueo desde Ragnintuleufu, Entre Ríos.

"Mi detención fue tan solo una demostración más de la prepotencia y la ceguera de un régimen de gobierno que se autoproclama democrático y socialista, pero que nos sigue negando como pueblo aquella libertad que otros tan "demócratas" como ellos nos quitaron en el pasado con la fuerza de las armas y de las leyes... Pero aquí estamos y seguiremos estando, relatando como periodistas historias cotidianas de coraje y dignidad", señaló el profesional.

Fabricando “delitos”

El Mercurio pareciera librar su propia “segunda guerra contra La Araucanía”, publicando intrigas e invenciones a diario, pero además “fabrica” dudosas “noticias”. Angélica Ñancupil, con arresto domiciliario en Temuco, denunció que el reportero gráfico Francisco Palma, de El Mercurio de esa ciudad, le pidió una entrevista al dirigente mapuche José Llanquileo, pareja de Angélica. En una “muestra de confianza”, el periodista le entregó información “reservada” sobre las comunidades indígenas en conflicto, supuestamente obtenida en la Gobernación Regional, tres hojas carta y dos disquetes que, a su vez, les habría proporcionado su amigo Iván Fredes, otro periodista que trabaja en el diario.

Ñancupil y Llanquileo nunca supieron qué contenían los disquetes por carecer del hardware y software adecuados. Los papeles mostraban dos fotografías digitalizadas de Héctor Llaitul, un dirigente mapuche imputado de “Asociación Ilícita Terrorista”, y un supuesto organigrama fotográfico del “mando” de la Coordinadora Arauco-Malleco, la entidad mapuche que concita la mayor represión del Estado, ejercida localmente por Carabineros, el poder judicial y funcionarios regionales del gobierno central.

Al día siguiente, Ñancupil y Llanquileo estaban presos. La secuencia fue así: en los primeros días de diciembre de 2002 el reportero comenzó a llamar con insistencia al teléfo no móvil de Llanquileo para una entrevista. A las 13:00 horas del 3 de diciembre Llanquileo recibió la “información” que Palma le entregó en un encuentro en un café de Temuco, sin participación de Angélica, quien tenía otras cosas que hacer. A las 7:30 del 4 de diciembre, Carabineros allanó la modesta vivienda de ambos mapuche. Las tres hojas de papel y los dos disquetes se convirtieron en pruebas judiciales irrefutables del delito de “Asociación Ilícita Terrorista”.

Razzia contra la Coordinadora

En el organigrama, una suerte de infografía de “inteligencia”, probablemente fabricada en El Mercurio con “datos” de Carabineros y autoridades locales, aparecen los rostros de Angélica Ñancupil y José Llanquileo como subalternos directos del “jefe” Llaitul, junto a las fotos de otros miembros de una supuesta dirección de la Coordinadora, varias personas ya procesadas y otras desconocidas.

Ese mismo 4 de diciembre de 2002, Carabineros detuvo a otros 15 mapuche en operaciones simultáneas en Temuco, Nueva Imperial, Ercilla y Collipulli, acusándolos a todos de pertenecer a la “Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco”. La prensa local y nacional exhibió esta “noticia” como resultado de una “ardua investigación” de 8 meses del Ministerio Público, figura establecida en un nuevo Código de Procedimiento Penal que está aplicándose sólo en 12 de las 13 regiones de la división político territorial, faltando sólo la Región Metropolitana de Santiago.

Los “héroes” de la “acción jurídica antiterrorista” fueron los fiscales del Ministerio Público Luis Chamorro Díaz, Francisco Rojas Rubilar, Alberto Chiffele Márquez, Gloria Turra Lagos y Cristián Paredes Valenzuela, quienes sometieron a 23 personas a la Ley Antiterrorista N° 18.314, un engendro que bien pudo concebir la vocación “antiterrorista” del gobierno de George Bush. La “investigación” se cerró el 20 de diciembre de 2003, un año después, día en que se present aron cargos contra 18 personas que próximamente deberán comparecer en un juicio oral que conocerá 213 “pruebas” como las “encontradas” en el domicilio de la pareja Ñancupil-Llanquileo, culminando así un montaje aparentemente impecable.

Ñancupil pasó a arresto domiciliario en abril de 2003, después de 4 meses de prisión en el Centro de Reclusión Femenina de Temuco, tras librar una huelga de hambre de 35 días. Llanquileo permanece todavía bajo “arresto preventivo” en la cárcel de Angol, donde ingresó el 4 de diciembre de 2002, el día siguiente a su “entrevista” con el periodista de El Mercurio. Así es la fervorosa lucha el Estado de Chile contra la etnia mapuche, mientras el Presidente Ricardo Lagos mira hacia el techo o, mejor dicho, hacia los grandes grupos económicos, latifundistas y corporaciones eléctricas transnacionales que se apoderaron de los bosques, ríos y tierras ancestrales indígenas.

*) Ernesto Carmona es periodista c hileno, consejero nacional del Colegio de Periodistas de su país y Secretario Ejecutivo de la Ciap, la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Felpa.

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