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Cuestionan Informe de Chile sobre Pacto Internacional de los DESC en la ONU
Por Mapuexpress - Informativo Mapuche - Tuesday, Nov. 09, 2004 at 10:13 AM
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Asociación Americana de Juristas, órgano consultivo de la ONU presentó un lapidario Informe paralelo al de Chile

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) órgano consultivo en la ONU, cuestionó e impugnó el Informe Periódico (con más de 10 años de tardanza) del Gobierno de Chile, presentado al Comité de derechos Económicos, Sociales y culturales sobre la Aplicación del Pacto Internacional de los DESC, preparado por el Capítulo Chile Ciudadanía, de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

En su intervención donde se da a conocer este informe paralelo al chileno, el orador Jaime Valdés se hizo alusión este 08 de noviembre a la situación del Pueblo Mapuche en Chile y se pide considerar el clamor de la opinión pública nacional e internacional y considerar seriamente las recomendaciones que han propuesto diversas organizaciones no gubernamentales e instancias de Naciones Unidas referente al respeto y promoción de los derechos de los pueblos originarios en Chile; cumplir con los compromisos adquiridos a la fecha y cesar la persecución y represión del pueblo mapuche y sus organizaciones.

Valdés agrega en su intervención “El gobierno chileno debería entender que la solución no es la violencia, no es encarcelar y perseguir al pueblo mapuche, a los hijos de la tierra, sino desarrollar un proceso de consulta, participativo y democrático, que conlleve a una solución verdadera y duradera el conflicto de tierras y de autonomía. Debería devolver lo que les pertenece a los pueblos originarios, puesto que no piden nada de lo que no sean sus legítimos dueños y no tengan derecho a tener como pueblos y como seres humanos”...

A este lapidario informe paralelo al que presentó Chile, se suma la intervención en el día de hoy del werkén Juan Pichún, hijo del lonko Pascual Pichún, condenado a 5 años y 1 día de cárcel, quien denunció al Estado chileno de represión y persecución a comunidades mapuche, generó un minuto de silencio en Ginebra ante ela segunda conmemoración del asesinato del joven Mapuche Alex Lemún; Y pidió que organismos internacionales intervengan en Chile e insiste que zona de conflicto está militarizada.

A continuación extendemos informe e intervención de la Asociación Americana de Juristas.


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Ginebra, Suiza, 8 de noviembre del 2004


Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 33º período de sesiones.

Orador: Jaime Valdés A.


Sra. Presidenta:

Desde 1990 el pueblo chileno inicia el proceso de transición a la democracia, después de haber vivido durante 17 años la sangrienta dictadura militar dirigida por el General Pinochet; condenada en reiteradas ocasiones por la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y repudiada por la opinión pública mundial. Más de 14 años han transcurrido desde entonces y tres gobiernos de la alianza de la Concertación de Partidos por la Democracia, han gobernado el país. Chile se presenta al mundo de hoy como un país “moderno”, con privilegiados indicadores macroeconómicos, estabilidad política, social y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, esta situación contrasta con serias deficiencias en el régimen democrático, la desigual distribución de la riqueza, la ausencia de mecanismos reales de participación ciudadana, la carencia de instituciones y políticas que garanticen los derechos de las personas y una serie de profundos vacíos estructurales relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales; como bien se indican en el Informe Paralelo al Informe Periódico del Gobierno de Chile, presentado al Comité de derechos Económicos, Sociales y culturales sobre la Aplicación del Pacto Internacional de los DESC, preparado por el Capítulo Chile Ciudadanía, de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).

Los tres gobiernos democráticos han sido solamente administradores de un modelo económico neoliberal, implantado al pueblo chileno por la dictadura militar, que privilegia los derechos del capital, la usurpación de las riquezas naturales y la privatización de propiedad pública, sobre los derechos de los seres humanos, la protección del ambiente y el respeto a los derechos de los pueblos. La actual Constitución Política de la República es también una herencia de la dictadura. Esta ha sido sujeta a transformaciones cosméticas y sigue presentando rasgos autoritarios y antidemocráticos que marginan la participación ciudadana y limita la construcción de una sociedad pluralista, participativa y de justicia social.

En el Chile contemporáneo no se duda en utilizar la violencia de manera sistemática para reprimir cualquier forma de disidencia y reivindicación política, social, sindical o cultural, amparado en la legitimación de la “seguridad nacional” y la protección de los intereses económicos de las grandes empresas nacionales y trasnacionales. Se justifica la militarización para luchar contra los que el poder denomina subversivos. Ejemplo fehaciente de ello son los acontecimientos del pasado mes de septiembre, en el que trabajadores portuarios de la ciudad de Iquique fueron violentamente reprimidos en una manifestación pacífica (de reivindicaciones saláriales) por contingentes de la Armada de Chile (marina de guerra) y por fuerzas especiales de Carabineros (policía militarizada). El Coordinador Nacional de los Trabajadores Portuarios, Jorge Silva Berón, fue rodeado por las fuerzas militares y agredido brutalmente sufriendo heridas de gravedad y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. En el mismo mes, el en el día 11, cuando se conmemoraban los 31 años del golpe militar y derrocamiento del Presidente Salvador Allende, se desató una desmesurada represión policial contra miles de jóvenes, comunidades y movimientos poblacionales que decidieron demostrar su rechazo al sistema vigente y a la instauración de la dictadura. El resultado fue decenas de heridos y detenidos, que son amenazados por parte del gobierno chileno, con la aplicación de “todo el rigor de la ley” a través de la Ley de Seguridad del Estado. Las protestas que son reprimidas en Chile son aquellas que demandan castigo para los criminales de la dictadura, piden justicia sobre la situación de miles de prisioneros desaparecidos, apoyan las reivindicaciones de los pueblos originarios y exigen la libertad de los presos políticos chilenos y mapuche.

La aplicación de los DESC, en el caso de los pueblos originarios presenta un panorama desolador. Chile no reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, ni se identifica como un Estado multi-étnico y pluricultural. El congreso chileno se ha negado, en repetidas ocasiones, a ratificar el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y se carece de medidas y políticas efectivas que garanticen el respeto de las tradiciones, cultura, participación, supervivencia y derechos como pueblos. En Chile los indígenas viven una verdadera situación de negación, exclusión socio-económica y discriminación. Se suma a esta situación la represión, persecución he intento de exterminio de movimiento mapuche y sus organizaciones.

El estado chileno alude que se han tomado una serie de medidas y se han realizado importantes avances en materia de los derechos indígenas, como se menciona en las Respuestas del Gobierno de Chile a la lista de cuestiones que deben abordarse al examinar su tercer informe periódico sobre los derechos en los artículos 1 al 15 del PIDESC. Entre estas, destaca a la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, la Ley Indígena creada en 1993, el Informe de la Comisión de la Verdad y Nuevo Trato (2003), etc. Sin embargo, la creación de leyes, la redacción de informes, el establecimiento de programas e instituciones e incluso, la asignación de recursos, no solucionan per se problemas que se remontan a siglos de saqueo, despojo y exterminio de los pueblos originarios. Si bien es cierto, la Ley Indígena representa un avance en materia de derechos, sus disposiciones fundamentales ya estaban anuladas por cuerpos legales existentes como el Código Minero, la Ley de Pesca, el Código del Agua que se encuentran en un régimen completamente independiente al de la propiedad de la tierra.

El mismo informe de la Respuestas del Gobierno de Chile, destaca lo siguiente: “La Ley Indígena declara como bienes no comerciables las tierras indígenas, establece mecanismos de protección para aquellas y de reclamación respecto a tierras amparadas en títulos de merced”. Sin embargo, y paradójicamente, no se ha dudado en ningún momento implementar el megaproyecto Ralco y la construcción de la Represa Hidroeléctrica en el Alto Bío Bío (con una inversión de 570 millones de dólares) que inundó más de 3500 hectáreas de tierras pertenecientes al entorno natural de del pueblo mapuche pehuenche. Este proyecto significó el reasentamiento de los habitantes de la zona, la destrucción de las relaciones tradicionales ejercidas por generaciones, el cambio del hábitat de subsistencia, la transformación de los ecosistemas y el engaño de sus habitantes (existe denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana de Justicia de la OEA a través de la cual se estableció un Acuerdo de Solución Amistosa entre el gobierno de Chile y los mapuche, que no ha sido cumplido por el Estado chileno). Al mismo tiempo, Chile, en el contexto de la globalización sigue favoreciendo grandes proyectos de inversión en tierras de propiedad o reclamadas por pueblos indígenas. En los últimos años han proliferado inversiones de proyectos mineros en los territorios de los pueblos aimará, atacameño o kunza, quechua y colla en el norte del país, así como proyectos forestales, carreteras, acuicultura e hidroeléctricos, en territorio mapuche.

Históricamente el pueblo mapuche ha sido discriminado y desconocido dentro del Estado chileno. No se respetan sus tradiciones, su organización social, su cultura, su idioma ni se reconocen sus lideres naturales como Lonco, Werkén o Machi. Se suma a esta situación el despojo sistemático de sus tierras y la expansión forestal de varias décadas promovidas por latifundistas y empresas forestales nacionales y extranjeras, que han transformado y degradado el ambiente natural de los territorios mapuche. Esta situación ha obligado a importantes sectores a vivir en enclaves empobrecidos y discriminados, cuyos niveles de vida están muy por debajo del promedio del los chilenos. Ante esta desfavorable realidad, en los años 90 emerge un activo movimiento mapuche que revindica la recuperación de sus tierras, la preservación de su cultura y organización social, así como lograr mejores niveles de vida y autonomía para su pueblo. Importantes acciones destinadas a la recuperación de sus territorios ancestrales, hoy ocupados por las forestales, y a la promoción de un proceso de toma de conciencia del pueblo mapuche sobre el grado de abandono y miseria en el que subsiste, han sido llevado a cabo.

Estas acciones han conllevado a una represión sistemática que se ha incrementado durante el gobierno del presidente Lagos. La búsqueda de activistas mapuche ha sido acompañada de constantes allanamientos, en los cuales la policía ha recurrido a su acostumbrado abuso del poder y ha acentuado su ya reconocido carácter racista y uso indiscriminado de violencia que se manifiesta en la destrucción de viviendas, bienes materiales, “robo” de utensilios y herramientas de trabajo, entre otros. Se ha golpeado, agredido e insultado a hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos, e incluso, a personas con discapacidades físicas. Se han utilizado balines, perdigones, bombas lacrimógenas, armas de guerra, carros blindados, helicópteros y centenares de efectivos policiales para allanar comunidades de escasos habitantes. En los territorios en conflicto existe una excesiva presencia policial, se utiliza personal de las fuerzas de seguridad y vehículos encubiertos, se controla sistemáticamente a la población y se acosa constantemente a los pobladores y visitantes de las zonas rurales[1].

La lucha del Estado contra el movimiento mapuche se ha ido intensificando con el paso de los años. En el gobierno pasado, el ex Presidente Frei inició enjuiciamiento contra comuneros mapuche aplicando la Ley de Seguridad del Estado (una ley de 1958 destinada a combatir la “subversión, la rebelión y la violencia política”). El actual gobierno del Presidente Lagos, es presionado constantemente por parte de la oposición y por las empresas forestales para que ponga “mano dura y termine de una vez el conflicto”. Esto ha conllevado a una represión aún mayor para el pueblo mapuche al introducir y aplicar la Ley Antiterrorista para juzgar a comuneros mapuche. La Ley Antiterrorista es otra de las herencias de la dictadura militar. Esta ley fue modificada durante el primer gobierno de la democracia para recrudecer y fortalecer su aplicación, al incorporar delitos comunes que ya estaban contemplados en el Código Penal como “incendio o amenaza terrorista”. Es la ley más dura en el Estado chileno. Paradójicamente, esta misma ley se utilizó durante la dictadura militar contra los actuales gobernantes, cuando estos luchaban por restablecer la democracia.

Durante el presente gobierno (2000-2006) se han interpuesto hasta julio del 2003, 22 denuncias y 66 querellas contra mapuches, entre otros, por delitos a los cuales se le aplica la ley antiterrorista. Entre diciembre del 2000 a octubre del 2003, más de 200 mapuche fueron objeto de investigación judicial por su posible participación en delitos relacionados con conflictos entre indígenas y empresas privadas. En la actualidad hay 6 presos políticos mapuche condenados por la Ley Antiterrorista (Aniceto Norin, Pascual Pichum, Víctor Ancalaf, José Nain José Llanca y Patricia Troncoso). Más de 50 mapuches se encuentran bajo arresto domiciliario u otra medida cautelar y sobre 40 personas deben vivir en la clandestinidad.

En el año 2000 se introdujo el Nuevo Código Procesal Penal en la Araucanía que remplazó al antiguo procedimiento inquisitorial, lo que supone una sustancial mejora en la aplicación de la justicia y transparencia en los procesos penales. Sin embargo, al utilizar la legislación antiterrorista el gobierno ha revertido los logros en materia de garantías procesales, que deberían beneficiar a los mapuche al igual que el resto de los acusados. Los procesos han sido fraudulentos, se han utilizado testigos sin rostro, interrogaciones extrajudiciales con tratamientos violentos, se han intervenido teléfonos de los abogados defensores, la Corte Suprema de Justicia ha interferido anulando juicios que liberaban de toda sospecha a los imputados mapuche y se ha cometido todo tipo de atropellos. Los mapuche imputados por agredir a las fuerzas del orden son acusados y juzgados por Tribunales Militares. Estos responden a la cadena de mando militar y no son necesariamente juristas los que llevan adelante los procesos por lo que es imposible garantizar un proceso justo.

La Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco, una organización socio política de carácter revindicativo y de lucha activa del pueblo mapuche, ha sido objeto de constante persecución y represión por parte del Estado, el cual no ha dudado en utilizar los más sofisticados medios y recursos para destruirla. Según declaraciones del mismo Subsecretario del Interior, Jorge Correa, indica que se ha realizado “una sistemática labor de inteligencia policial denominada Operación Paciencia para pacificar los territorios del sur”. Mientras se persiguen organizaciones indígenas reivindicativas, nada se hace contra los grupos paramilitares que operan y siembran el terror en la zona, organizados por las forestales y los terratenientes. Las denuncias de abuso por parte de mapuches sobre estos grupos y la policía, son desatendidas y no se realizan las investigaciones necesarias para resolver los casos. El reciente juicio a Lonkos y comuneros mapuche relacionados con la Coordinadora Arauco-Malleco, por “asociación ilícita terrorista” es una clara manifestación anti-indígena, segregadora y racista que demuestra el abuso del poder y el irrespeto por parte del Estado chileno a los derechos fundamentales de las organizaciones políticas y de las personas.

Lamentablemente en este conflicto no solo son adultos los implicados y perseguidos. En Chile se habla incluso de tortura a niños mapuche por parte de la policía. Un reciente informe difundido en el mes de octubre del 2004, emitido por el Servicio de Salud de la Araucanía Norte dice textualmente, y cito: “Queremos enfatizar la existencia en general de una gran vulneración de la mayoría de los derechos de las niñas y los niños de la Comunidad Cacique José Guiñon , a pesar de que en el año 1998 Chile manifestó como país comprometido con la Defensa de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU”. El informe también señala: “ A los niños se les ha amenazado, golpeado contra el suelo y la pared, dado culatazos con armas de fuego y les han hecho presenciar fuertes escenas en que sus padres, cuidadores o familiares son agredidos física y psicológicamente” (según testimonios de los propios menores víctimas, que oscilan entre 6 y 15 años) lo cual grafica un escenario de terror que –tal como concluye en una de sus partes el informe- “los marcará por el resto de sus vidas”.

Numerosas fuentes tales como el Informe Diagnóstico y de Intervencióm Comunidad Cacique José Guiñón- Ercilla, del Servicio de Salud de la Araucanía Norte, El informe Paralelo DESC, preparado por el Capítulo Chile Ciudadanía de la PIDHDD, el documento Chile - Pueblo Mapuche Entre el Olvido y la Exclusión, de la Misión Internacional de Investigación de la FIDH, en el 2003, el Informe del Relator Especial Sr. Rodolfo Stavenhagen, en el 2004, el documento Indebido Proceso: Los juicios Antiterroristas, los Tribunales Militares y los Mapuches en el sur de Chile, preparado por Human Rights Watch y el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, octubre 2004 y, la reciente visita en el mes de septiembre y octubre de un colaborador de la AAJ, confirman las afirmaciones aquí planteadas.


Señora presidenta:

El Estado chileno debería escuchar el clamor de la opinión pública nacional e internacional y considerar seriamente las recomendaciones que han propuesto diversas organizaciones no gubernamentales e instancias de Naciones Unidas referente al respeto y promoción de los derechos de los pueblos originarios en Chile; cumplir con los compromisos adquiridos a la fecha y cesar la persecución y represión del pueblo mapuche y sus organizaciones. También debería recordar que quienes defienden hoy los derechos de los pueblos originarios y de los mapuches en particular, son amigos históricos del pueblo chileno que no dudaron en apoyar a la coalición de partidos que gobierna el Chile de hoy, cuando estos luchaban por reestablecer la democracia y eran perseguidos por la dictadura militar.

El gobierno chileno debería entender que la solución no es la violencia, no es encarcelar y perseguir al pueblo mapuche, a los hijos de la tierra, sino desarrollar un proceso de consulta, participativo y democrático, que conlleve a una solución verdadera y duradera el conflicto de tierras y de autonomía. Debería devolver lo que les pertenece a los pueblos originarios, puesto que no piden nada de lo que no sean sus legítimos dueños y no tengan derecho a tener como pueblos y como seres humanos.

Muchas gracias.
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[1] Del testimonio y vivencias personales recogidas por un colaborador de la AAJ en visitas a la VIII y IX Región, septiembre y octubre, 2004.



Acceder al Informe de la discordia - Respuestas del Gobierno de Chile ante ONU sobre pacto Internacional de los DESC: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=50

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