Julio López
está desaparecido
hace 5860 días
versión para imprimir - envía este articulo por e-mail

La Incompatibilidad de los Coordinadores de Área de la Agencia (ANPCYT)
Por Eduardo R. Saguier - Wednesday, Jun. 10, 2009 at 11:04 PM
saguiere@ssdnet.com.ar (Casilla de correo válida)

A confesión de parte, relevo de prueba.

La Incompatibilidad de los Coordinadores de Área de la Agencia (ANPCYT)

Decíamos en enero de 2006, en nuestra denuncia sobre la Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina que “los Coordinadores de Área de la Agencia, cuya responsabilidad es la de asignar los evaluadores de cada proyecto (de identidad confidencial), son designados por el Directorio de la Agencia. Estos Coordinadores de Área, preceden, acompañan o sobrevienen a los subsidios otorgados a sí mismos, lo que configura claramente el ilícito de colusión de intereses”, es decir la condición de juez y parte interesada.

Fue entonces que, entre el autor de la denuncia --el que suscribe-- y el que en esa oportunidad detentaba el cargo de Presidente de la ANPCYT Dr. Lino Barañao, se suscitó una polémica en el curso del año 2006 que transcurrió en la Lista de Discusión Electrónica Pol-Cien y que fue luego reproducido en otros foros, donde Barañao planteó “¿Cómo evitar el potencial conflicto de intereses de los Coordinadores y al mismo tiempo no provocarles un perjuicio derivado de la suspensión de su financiamiento?

La primera alternativa ensayada para solucionar este problema fue, según Barañao, “…el otorgamiento de un subsidio automático a los coordinadores. No obstante, a posteriori, y debido además a la incorporación de co-coordinadores, se optó por un sistema mediante el cual los proyectos presentados eran remitidos a otro coordinador de un área relacionada quien se encargaba de enviarlos a pares para su evaluación”. Barañao afirmó entonces que en esta asignación de pares por parte de otros Coordinadores para evaluar los proyectos presentados por los propios Coordinadores “…si bien podría argüirse la existencia de algún favoritismo en dicha asignación, no hay evidencias concretas al respecto”. Más aún, Barañao destacó que “..el listado de proyectos financiados siempre se ha hecho público para cada convocatoria y por lo tanto nunca se ocultó el financiamiento a los coordinadores”. A confesión de parte, relevo de prueba.

Respecto de la sospechosa ética de este proceso, el mismo Barañao, que venía cuestionando públicamente la relevancia de los conocimientos humanísticos, al extremo de asociarlos a los saberes teológicos (ver el debate suscitado con los profesores Atilio Borón y Eduardo Grüner), recuerda que “…la ética se refiere a la toma de decisiones en un contexto determinado…..El prohibir la presentación de proyectos a los coordinadores implicaría entonces una limitación altamente significativa en la idoneidad de los recursos humanos involucrados en el proceso de evaluación con la considerable pérdida de calidad en dicho proceso. Esto a su vez implicaría una asignación deficiente de recursos públicos mucho mayores. En este contexto es que consideramos que la práctica actual es éticamente aceptable, al menos hasta que se formule una solución más conveniente. En este sentido no me queda claro cuál es la alternativa que propondría el Dr. Saguier”.

No conforme con estas declaraciones y auto-justificaciones, el Presidente de la ANPCYT Dr. Barañao acudió un año más tarde, en marzo de 2007, al Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) de la entonces Secretaria de CyT, sita en el mismo lugar donde ahora tiene su asiento el Ministerio de CyT, para solicitarle al mismo un dictamen exculpatorio. En el documento redactado en dicha ocasión, el CECTE confiesa que a solicitud de investigadores individuales que habían manifestado “expresiones de inquietud acerca de los mecanismos instituidos para prevenir conflictos de interés en la gestión de evaluación de proyectos presentados al Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT)”, estudió la documentación sobre las disposiciones que regulan el Sistema de Evaluación de Proyectos (SEPCyT)1 e invitó al Presidente de la ANPCyT a concurrir a la reunión plenaria del Comité del 9 de abril.

Según la información recabada por el CECTE y los documentos públicos de la ANPCyT, los Coordinadores y co-Coordinadores de Área “…mientras ocupan el cargo, que usualmente tiene una duración de tres años, están habilitados para presentar solicitudes de financiamiento de proyectos en los que participan como responsables, o como integrantes”. En la actualidad, los Coordinadores y co-Coordinadores “…están autorizados a presentarse a concurso, pero la designación de los pares para evaluar los proyectos donde participan es llevada a cabo por el equipo de Coordinador y Co-coordinadores en ausencia del integrante involucrado en el concurso”.

En virtud de los antecedentes reunidos, de la literatura internacional sobre el tema, y del estudio del caso, el CECTE consideró entonces que la situación descripta: “…no involucra necesariamente conductas incorrectas sino el riesgo de que puedan llegar a ocurrir”.

No obstante, nosotros sostuvimos que dicha estrategia venía a corromper la ciencia argentina, y a propósito de la alternativa exigida por el Dr. Barañao nos preguntábamos ¿cuál ha sido el motivo para que en la distribución de los subsidios de la Agencia o ANPCYT se menospreciaran los Centros e Institutos de Investigación universitarios o extra-universitarios y por el contrario se privilegiara un listado selectivo y concentrado de Investigadores en forma individual o grupal?

Si bien esta estrategia selectiva fue iniciada en la segunda presidencia de Menem por el Secretario de la SECYT Juan Carlos Del Bello, la misma fue acentuada con posterioridad, y en especial durante el período K por la gestión Barañao, quien ha considerado que su responsabilidad es la de “contribuir a crear empleo” y no la de desarrollar la comunidad científica. Pero insistimos ¿A que razones se debe la adopción de esta estrategia individualizante? ¿Acaso son las instituciones científicas menos confiables que ciertos y determinados investigadores individuales seleccionados por el Poder Ejecutivo? O, por ventura, ¿son las instituciones de la ciencia más vulnerables a las presiones políticas que los investigadores individuales?

Finalmente, ¿es preferible consolidar y potenciar las instituciones académicas o por el contrario, es aconsejable hacerlo con los investigadores en forma individual? ¿Cuál de las dos estrategias es más susceptible de caer en la corrupción, la simulación, la hipocresía, la genuflexión, el oportunismo, la indiferencia moral y la autocensura o miedo a expresarse libremente; o cual de las dos se presta más al favoritismo, el acomodo y el patronazgo? Más aún ¿Cuál de las dos estrategias propicia mas el desarrollo de las oportunidades y la creatividad y la originalidad científicas, cuál impide la “inflación curricular artificial” derivada del axioma de publicar o perecer, cuál evita la fuga de cerebros, y cuál alienta mas las libertades académicas, el espíritu de colaboración y la autonomía de las universidades e instituciones científicas?

Por otro lado, también nos preguntábamos ¿Cuáles han sido los motivos para que en la asignación y revocación de los jueces del Poder Judicial se instaurara un Consejo de la Magistratura, y en materia académica y científica los docentes e investigadores universitarios o extra-universitarios carecieran de un organismo semejante? ¿Acaso son los jurados o tribunales académicos autárquicos menos confiables que los designados por el Poder Ejecutivo? O, más bien, ¿son acaso los jurados o tribunales académicos más vulnerables a las presiones políticas que los designados por el Poder Ejecutivo?

Creo que todos los colegas de lo que queda de la comunidad científica argentina deberíamos discutir y polemizar acerca de estas estrategias y evitar los agravios y las represalias personales, que a nada conducen.

Eduardo R. Saguier

agrega un comentario