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Victoria parcial de los pueblos indígenas de Perú
Por El Mundo / España - Saturday, Jun. 20, 2009 at 12:42 AM

AMÉRICA | 'Un día histórico'

Beatriz Jiménez | Lima
Actualizado viernes 19/06/2009 00:02 horas

El Congreso peruano aprobó con el voto de todos los partidos políticos, a excepción del partido conservador Unidad Nacional, la derogatoria de dos de los nueve decretos que afectan los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.

"El día de hoy es histórico para los pueblos indígenas y la nación del Perú", dijo la nueva representante de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), Daysi Zapata. "Demuestra que las demandas de los pueblos indígenas fueron justas".

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para lograr la "reconciliación nacional", argumento usado por el partido de gobierno (el APRA) para rectificar su postura frente a los decretos legislativos 1090 y 1064. Estas dos leyes, derogadas este jueves, promovían, según el informe elaborado por una comisión multipartidaria del Congreso en diciembre de 2008, que 45 millones de hectáreas de bosques primarios fueran talados para el cultivo de biocombustibles.

Desde el 9 de abril, la amazonía peruana mantenía un paro indefinido para exigir que el Congreso derogara nueve decretos legislativos promulgados en el marco del Tratado de Libre Comercio con EEUU. Estos decretos fueron considerados inconstitucionales por la Defensoría del Pueblo y motivaron una carta de preocupación del Relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas.

Sin embargo, ni el gobierno ni los congresistas oficialistas permitieron su derogatoria, ya que defendían que no afectaban a los pueblos indígenas. El pasado 5 de junio, 24 horas después de que el Congreso se negara por segunda vez a declarar inconstitucional y derogar el decreto legislativo 1090, se inició el desalojo por la fuerza de 1.500 indígenas 'awajún' que mantenían bloqueada una carretera para protestar contra estas leyes. El resultado fue una espiral de violencia y enfrentamientos que se saldó —según cifras oficiales— con 24 policías y 10 indígenas muertos.
Piden que cese la persecución

"Pedimos que cese el Estado de Emergencia y el toque de queda en Bagua y también que termine la persecución de líderes indígenas", pidió Daysi Zapata, indígena de etnia Yine y que sustituye a Alberto Pizango, ahora asilado político en Nicaragua y sobre el que pesa una orden de captura por sedición e insurgencia.

Junto con Pizango, otros cuatro líderes de Aidesep, organización que representa a 1250 comunidades indígenas amazónicas, están con orden de captura. El caso más dramático es el del dirigente aguaruna Santiago Manuin Valera, premio Reina Sofía por su trabajo en defensa de la amazonía. El emblemático líder, dado erróneamente por muerto, está hospitalizado con 8 disparos de fusil AKM en el estómago. Él estuvo presente en el desalojo de "la Curva del Diablo", como se conoce a la zona en la que la policía y los indígenas protagonizaron una batalla campal.

"Los pueblos indígenas no queremos ser considerados más como un obstáculo para el desarrollo", consideró tras la derogatoria otra líder indígena, Lidia Rengifo. "Somos peruanos como ustedes hermanos. La patria no es sólo la capital de Lima, es costa, selva y sierra".
La oposición: una rectificación tardía

El miércoles, después de que el primer ministro Yehude Simon presentara ante el Congreso el proyecto para derogar las dos leyes, Alan García emitió un pronunciamiento en el que por primera vez entonaba un tímido mea culpa después de los hechos de violencia desatados en la selva.

"Reconozco que en ese entonces (cuando en junio de 2008 se promulgaron los decretos) no se conversó con los jefes de las comunidades nativas en las que hay 300 mil peruanos", reza el pronunciamiento. García justifica esta falta de consulta, un derecho de los pueblos indígenas reconocido por la ONU y por el Convenio 169 de la OIT, porque estas leyes no afectan a las 12 millones de hectáreas tituladas que tienen asignadas estas comunidades.

Sin embargo, volvió a culpar del conflicto a la "injerencia externa". "Políticos de otros países competidores del Perú buscaban destruir la excelente imagen de nuestra patria que crece y reduce la pobreza y además buscaban disminuir el optimismo de los peruanos para imponernos sus ideas extranjeras", afirma el documento.

"Esta rectificación del Ejecutivo llega con dos meses de retraso, 34 tumbas y un policía desaparecido", enunció el congresista del partido nacionalista Víctor Isla durante el debate en el Congreso.

"Son necesarios gestos de reconciliación para que esta bonita palabra no se quede en el papel", señaló la también congresista nacionalista Marisol Espinoza, quien opinó que esta reconciliación debe "empezar por casa" permitiendo que los 7 congresistas de su bancada, suspendidos la semana pasada por realizar una vigilia en el Congreso para exigir que las leyes sean derogadas, puedan volver ejercer su función legislativa.

Sin embargo, esta derogatoria significa para el Apra "dar un paso atrás para después dar otro adelante", según afirmó el congresista Mauricio Mulder, secretario general del APRA. El partido Unidad Nacional va más allá y afirma que la anulación "legitima al narcotráfico, a la minería informal y a los taladores de madera".
Continúan las denuncias sobre abusos en Bagua

Mientras en Lima el Congreso defendía la reconciliación nacional, la zona del conflicto continúa bajo el Estado de Emergencia.

Casi 15 días después de los enfrentamientos en la región peruana de Amazonas entre la policía e indígenas de etnia aguaruna, continúa el toque de queda y siguen suspendidas las garantías constitucionales en la zona, que está bajo el control de la policía y el ejército.

"Se ha configurado una violación de los derechos humanos de manera flagrante por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales", declaró el abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos Juan José Quispe, quien viajó a la zona del conflicto junto a representantes de todas las organizaciones agrupadas entorno a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Allí constataron que 39 personas estuvieron detenidas durante una semana sin acusación fiscal en un cuartel militar.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también ha elaborado un informe preliminar con el nombre de 61 personas que hasta el momento continúan desaparecidas y que no están en las listas oficiales de heridos, que ascienden a dos centenares, ni tampoco en las de detenidos o refugiados en las parroquias de la zona.

En este contexto de falta de libertades amparadas en la declaración del Estado de Emergencia en la zona, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones canceló la licencia de Radio la Voz, la única emisora local que transmitió en directo los enfrentamientos entre la policía y los indígenas. La carta de cancelación llegó poco después de que congresistas del partido de gobierno acusaran a la emisora de "instigar los hechos violentos en Bagua". Su cierre ha motivado una alerta internacional del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

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Derogatoria de decretos en Perú llega demasiado tarde
Por Actualidad Étnica - Saturday, Jun. 20, 2009 at 12:05 PM
info@hemeracomunicar.org

Tal y como adelantaba el pasado lunes este mismo medio, el presidente del Consejo de Ministros peruano, Yehude Simon, ha presentado esta mañana una propuesta al Congreso para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064. Muchos creen que esta decisión, tomada con anterioridad, podría haber evitado la masacre.

El Primer Ministro peruano, Yehude Simon /Foto: Servindi
En rueda de prensa, el Primer Ministro del Perú defendió la medida como "un esfuerzo que el Ejecutivo está haciendo por reconciliar al país" y consideró la propuesta como "un homenaje a los mártires de la Policía Nacional y a los nativos que perdieron la vida durante los sucesos de Bagua".

Previamente, según señala la agencia de noticias ANDINA, Simon se reunió con el presidente, Alan García, suponemos que para discutir las palabras que acompañaron la presentación pública de la derogatoria.

El debate en torno a los decretos, además de llevarse por delante medio centenar de vidas humanas, ha tenido esta semana a sus primeras víctimas políticas.

Siete congresistas del Partido Nacionalista han sido suspendidas por el Congreso al tratar de impedir la realización de uno de los plenos la semana pasada, cuando todavía la derogatoria estaba en el aire.

Entre ellos, tres son indígenas Quechua, María Sumire, Hilaria Supa y Juana Huancahuari, quienes pasaron la noche en el pleno en solidaridad por los nativos amazónicos. La suspensión fue votada por el partido del Gobierno (Apra), el fujimorismo y el partido conservador Unidad Nacional ante la negativa de las congresistas a ocupar sus escaños e impedir la realización normal del pleno.

Por supuesto, a las reacciones por los sucesos de Bagua se han sumado ahora las de una oposición a la que se le empieza a terminar la paciencia. Freddy Otárola, vocero nacionalista, acusó a esa alianza conservadora de "callar a la oposición con métodos que pensábamos que ya habían sido superados".

El portavoz se lamentó de lo que considera "una dictadura cívico militar" del Gobierno de Alan García.

Por otro lado, en las calles de las principales ciudades del país continúan las manifestaciones con cientos de personas pidiendo la dimisión de todo el gabinete de ministros tras los sucesos de Bagua.

Organizaciones sociales, sindicalistas, partidos de oposición, asociaciones de mujeres e incluso miembros de la Federación de la Policía Nacional creen que los trámites para la derogación de los decretos se emprenden "demasiado tarde", cuando la sangre ya ha cubierto el río.

Por si fuera poco, el Gobierno se enfrenta también a las iras de las ONG, que dicen estar viviendo "una campaña de desprestigio y demonización" en Perú, según una nota publicada hoy por Survival.

La organización de defensa de los indígenas denunció hoy que la Comisión del Congreso para Relaciones Internacionales está examinando una propuesta para restringir la financiación de las ONG peruanas por parte de las agencias extranjeras, como se viene haciendo desde hace varias décadas.

Survival destacó que Alan García "ha denunciado falsamente que las ONG internacionales han incitado a la violencia" y algunos congresistas citaron específicamente el nombre de Survival International como una de las instigadoras.

Stephen Corry, director de la organización, ha dicho que "es importante condenar sin reservas los asesinatos de oficiales de policía, pero consideró que la culpa de los trágicos eventos recae en primer lugar sobre las tácticas extremadamente violentas de las fuerzas del orden".

Survival aboga también por la derogación inmediata de los decretos legislativos, causantes de lo que ya han dado en llamar "El Tian'anmen del Perú", en referencia a las revueltas estudiantiles ocurridas en Pekín hace ahora veinte años.

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Surgen preguntas mientras retorna la calma
Por Noticias Aliadas - Saturday, Jun. 20, 2009 at 12:06 PM
boletin@boletin.comunicacionesaliadas.org

Gobierno cede a demandas indígenas, pero surgen temores de restricción de libertades.

Tomó decenas de muertes persuadir al gobierno del Perú a dar marcha atrás en una serie de decretos legislativos que grupos indígenas de la Amazonia sostenían amenazaban sus tierras, abriéndolas a las actividades petroleras, madereras, mineras y agrícolas sin su consentimiento.

El 15 de junio, 10 días después de los sangrientos enfrentamientos en la selva norte acaecidos el 5 de junio, el gobierno del presidente Alan García anunció que pediría al Congreso la derogación de dos de los más controvertidos decretos legislativos que encendieron las protestas.

Las protestas empezaron más de dos meses antes de que el gobierno de García acordara adoptar medidas conciliatorias con la población indígena.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, anunció que renunciará una vez que haya vuelto la “calma”, probablemente en las próximas semanas, sellando con ello el más grande conflicto político en los tres años que lleva el gobierno de García, cuya línea dura contra las protestas inflamaron aún más los ánimos contra el régimen.

Grupos indígenas y organizaciones de derechos humanos aplaudieron la decisión, pero lamentaron la muerte de 23 policías y 10 civiles en los choques del 5 de junio, según datos de la Defensoría del Pueblo al 16 de junio.

Luego de la decisión gubernamental de pedir al Congreso que revoque los dos decretos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a las organizaciones indígenas amazónicas, llamó a poner fin inmediatamente a los bloqueos de carreteras que todavía se producían en el país.

“AIDESEP saluda la nueva actitud del Ejecutivo y su proclamada voluntad política de resolver finalmente nuestras demandas”, dijo la organización en una declaración.

El gobierno ha creado una comisión multisectorial, que incluye a representantes indígenas, para debatir los decretos, pero estos pueblos tanto tiempo privados de derechos insisten en que su cultura y valores sean tomados en consideración.

“Los pueblos indígenas tenemos que ser parte del desarrollo del país, no estar excluidos de todo este proceso”, Lidia Rengifo, presidenta de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, dijo en una entrevista a Radioprogramas. “Es bien claro que los pueblos indígenas tenemos diferentes maneras de ver el desarrollo”.

Pero pese a estos avances, organizaciones civiles y de derechos humanos han señalado que el gobierno de García está “conculcando” ciertas libertades.

El 14 de junio, el prominente abogado de derechos humanos Carlos Rivera Paz fue detenido bajo la acusación de haber presentado firmas falsas para inscribir a un partido político ante el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Rivera Paz, que encabezó el juicio civil contra el hoy encarcelado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por violaciones a los derechos humanos, y que está investigando el rol de García en la masacre del penal de El Frontón cometida en 1986 durante su primer gobierno (1985-1990), fue liberado al día siguiente, pero la ONPE dijo que nunca presentó ninguna denuncia contra él.

Algunos grupos vienen quejándose de que la libertad de prensa también está en riesgo ahora, después que el gobierno revocó la licencia de Radio La Voz de Utcubamba en la selva norte.

“Es extraño porque no se trata de un medio que trabaja de forma ilegal” dijo Adriana León Cantella, del Área de Libertad de Prensa de la organización no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad. “La radio está acogiéndose a las leyes”.
León dijo que durante los enfrentamientos, la emisora había dado micrófonos a gente que estaba buscando a sus seres queridos, y que había actuado imparcialmente.

El gobierno peruano también se las está tomando con las organizaciones no gubernamentales, y está por aprobar un proyecto de ley que recortaría fondos a ciertos grupos que, dice, están causando agitación.

Stephen Corry, director de la organización pro-indígenas Survival International, dijo en una declaración: “En vez de preocuparse por las actividades de las ONG, las autoridades y congresistas peruanos deberían estar seriamente preocupados por lo que los acontecimientos de los últimos 11 días han hecho a la reputación internacional del Perú, que está hecha jirones”. —Noticias Aliadas.

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